El nuevo régimen sanchista

El régimen que nos dimos los españoles con la Constitución de 1978, la Constitución de la reconciliación y la concordia, inspirada por el deseo de acabar con los enfrentamientos que habían envenenado España durante muchas décadas y de implantar aquí una democracia homologable con las más avanzadas del mundo es una monarquía parlamentaria. Pero esto no le gusta nada a Sánchez, que en los ocho años que lleva en la Moncloa está demostrando una especial arrogancia para saltarse a la torera los límites que una monarquía parlamentaria impone al poder ejecutivo, que en este caso se ha convertido en el poder absoluto de ese autócrata, dominado por la pasión de mandar, que hemos acabado descubriendo que es Sánchez.

Y una de las manifestaciones más evidentes del desprecio que siente por el régimen democrático español la tenemos en cómo desprecia al Parlamento.

Lo vemos cuando va a las sesiones de control, que, por cierto, esquiva siempre que puede y quiere. Allí no se recuerda que haya contestado a ni una sola de las preguntas que le hace la oposición. Ni una es ni una. Al revés, con la ayuda incondicional de su sierva, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, Sánchez ha convertido las sesiones de control a su Gobierno en unos mítines de control a la oposición.

Pero, con ser esto grave, aún más grave y escandaloso es lo que está pasando con los Presupuestos del Estado. Que Sánchez desprecia al Parlamento, es decir, que desprecia la voluntad y la opinión de los ciudadanos españoles, se hace evidente cuando lleva cuatro años sin aprobar los Presupuestos. Y eso que nuestra Constitución dice expresamente que, tres meses antes de acabar el año, el Gobierno tiene el deber de presentar en el Congreso el Proyecto de Presupuestos del año siguiente. Para que los representantes de los ciudadanos decidan qué es lo que hay que hacer con su dinero. Porque, aunque la actual presidenta del Consejo de Estado, ¡ahí es nada!, que fue número dos de Sánchez, Carmen Calvo, dijera solemnemente que el dinero público no es de nadie (quizás para no decir sin disimulo que es de Sánchez), el dinero público es de todos nosotros, que, por eso, tenemos el derecho de decidir, democráticamente, cómo hay que obtenerlo y cómo hay que gastarlo.

Aprobar los Presupuestos, que en cualquier régimen democrático es fundamental, en España lleva cuatro años sin ocurrir. Los últimos que se aprobaron lo fueron en 2022, en un Congreso de los Diputados compuesto por unas fuerzas políticas muy distintas de las que desde 2023 lo componen. Pero eso a él le da igual. Hay que tener en cuenta que, cuando se redactó nuestra Carta Magna, se respiraba un elevado espíritu de concordia y de honestidad, y los padres de la Constitución no llegaron a imaginar que pudiéramos llegar a tener a un presidente que se pasara por el arco del triunfo el espíritu y la letra de nuestra Constitución.

«Lo que Zapatero inició para acabar con el espíritu constitucional, Sánchez lo ha continuado»

El espíritu hace tiempo que los socialistas decidieron cargárselo. Fue en 2003 cuando Zapatero se unió a los independentistas y firmó el Pacto del Tinell para comprometerse a no acordar jamás en ninguna institución ningún pacto con el PP (entonces no existía Vox). Lo que Zapatero inició para acabar con el espíritu constitucional, Sánchez lo ha continuado, empezando por el muro cuya construcción anunció nada menos que en su discurso de investidura, muro que para siempre dividiera en dos a los españoles.

Y a la letra de la Constitución no para de agredirla. Le molesta la separación de poderes. La independencia del Poder Judicial le molesta especialmente; de eso una buena prueba es cómo está actuando la nueva Fiscal General del Estado, nombrando a fieles esbirros de Sánchez y castigando a los que permanecen independientes. Y, de manera escandalosa, cultiva el desprecio a la voluntad de los españoles con los cuatro años que lleva impidiendo que el Congreso debata las cuestiones que a él no le interesan.

Paso a paso, sin rubor ni vergüenza, Sánchez avanza para cargarse la monarquía parlamentaria que nos dimos. De ahí que sea imprescindible luchar para defenderla.