La UCO pide al juez todos los movimientos bancarios del PSOE y el PSC en 2024 y 2025
La Guardia Civil detectó el desvío de 18.000 euros de la campaña de las europeas para comprar los audios de Leire Díez
Sede del PSOE en Ferraz. | EP
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a la Audiencia Nacional que reclame a la Agencia Tributaria y a distintas entidades bancarias información financiera del PSOE y del PSC correspondiente a los ejercicios de 2024 y 2025, en el marco de la investigación del caso Leire Díez. La petición afecta también al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y a varios empresarios, abogados y sociedades vinculadas a la causa.
En un oficio fechado el pasado 1 de junio, la UCO pide al juez Santiago Pedraz que recabe «información adicional tributaria y bancaria» del PSOE, del PSC y de cerca de una quincena de personas físicas y jurídicas. Entre ellas figura Zaño Sociedad, empresa propiedad de Zarrías, así como los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa.
Los agentes reclaman un amplio volumen de datos económicos y patrimoniales. En concreto, solicitan acceso a las cuentas bancarias de las que los investigados sean titulares, declaraciones tributarias, rentas, bienes muebles e inmuebles, participaciones societarias, patrimonio en el extranjero, donaciones y otros movimientos financieros que puedan resultar de interés para la investigación.
La UCO también ha pedido al magistrado que requiera al Grupo IKI información detallada sobre las «relaciones comerciales» mantenidas con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025. En concreto, solicita contratos, facturas, justificantes de pago y cualquier documentación vinculada a esos vínculos mercantiles.
Con estas diligencias, la Guardia Civil busca profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros que, según la investigación, habría autorizado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al medio Crónica Libre. Ese abono, presuntamente articulado a través de una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones autonómicas de 2024, constituye una de las líneas de investigación abiertas dentro de la causa.
18.000 euros desviados de una campaña para comprar audios
El juez Santiago Pedraz cifra en 188.000 euros el dinero abonado por el PSOE a personas vinculadas a la denominada trama de Leire Díez, destinada presuntamente a influir en procedimientos judiciales. Según la investigación, parte de esos pagos se habrían canalizado a través de contratos de asesoramiento y publicidad con el abogado Ismael Oliver, la periodista Patricia López y la propia Leire Díez, así como mediante sociedades interpuestas para dificultar la trazabilidad del dinero.
La UCO ha detectado una factura por valor de 18.125 euros vinculada a una campaña del PSOE en las elecciones europeas de 2024, destinada a la compra de material relacionado con grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre las saunas del entorno familiar del presidente del Gobierno.
El documento habría sido emitido por Crónica Libre y abonado a través de la agencia Iki Group Communications, habitual colaboradora del PSC. En el concepto figuraba expresamente la referencia a la campaña electoral europea del 24 de mayo al 7 de junio de 2024. Los investigadores sospechan que esta vía habría permitido camuflar parte de los pagos coincidiendo con la campaña catalana, que culminó con la llegada de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat.
Además, la UCO apunta a que la trama habría utilizado distintas estructuras societarias para fragmentar los pagos. En el caso del abogado Ismael Oliver, los investigadores sostienen que se habrían articulado abonos por 27.225 euros mediante sociedades interpuestas, con el objetivo de «romper la trazabilidad de los fondos».
La exmilitante socialista Leire Díez habría percibido también pagos mensuales de 4.000 euros a través de la consultora vinculada a Zarrías, mientras que Patricia López habría recibido otros 18.125 euros mediante su medio digital Crónica Libre, canalizados como supuestos contratos de publicidad. Según consta en la investigación, el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, habría comunicado a la periodista la activación del pago dentro del plan de medios: «Estará cerca de los 20K», le habría trasladado en una conversación.