El Gobierno 'castiga' a los saharauis sin regularización con la exclusión de los apátridas

El Gobierno vuelve a castigar a los saharauis. El real decreto para la regularización extraordinaria aprobado este martes por el Consejo de Ministros les cierra la puerta a beneficiarse de una medida a la que, según los cálculos, podrían acogerse más de 500.000 inmigrantes irregulares. La razón es que el texto no incluye a los apátridas, condición que tienen muchos ciudadanos de la antigua colonia que residen en España. El colectivo sí figuraba en los borradores, pero se cayó del texto definitivo después de que el Consejo de Estado recomendara no incluirlos en la misma disposición que los solicitantes de asilo al tener un estatuto propio. Asociaciones prosaharauis y miembros de Sumar consideran una exclusión intencionada para contentar a Marruecos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la regularización supone «uno de los grandes hitos de esta legislatura». Los saharauis, que en 2024 concentraron el 71% de las solicitudes de reconocimiento del estatuto de apátrida (el porcentaje llegó a ser del 96% años atrás), consideran que la decisión de dejarles fuera de la medida se debe a otra concesión a Marruecos.

Asociaciones prosaharauis ya han alzado la voz y no descartan iniciar acciones legales. Sumar, con presencia en el Consejo de Ministros, considera que la rectificación que excluye a los saharauis es «una política hecha a medida» y sospecha que la decisión se ha tomado «a petición» del Gobierno de Rabat. El Frente Polisario ha criticado la decisión porque «condena» a los saharauis a un limbo, ya que se les impide trabajar y cotizar para pagar los servicios públicos de los que, hasta ahora, no pueden beneficiarse.

Una concesión a Marruecos

España tuvo un enfrentamiento diplomático con Marruecos en 2021 por acoger y tratar durante la pandemia en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Aquel suceso provocó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y la retirada de la embajadora alauí en nuestro país. «Solo puede obedecer a una decisión política», señala Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). Considera que se trata de una actuación discriminatoria y adelanta a THE OBJECTIVE que estudian recurrir a la vía judicial porque «no hay fundamentos jurídicos que lo justifiquen».

«La exclusión marginal del pueblo saharaui, en comparación con otros migrantes, es abusiva y escandalosa», lamenta la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi. La diputada ha pedido al Gobierno que rectifique lo que considera «una política hecha a medida contra los saharauis y a petición de Rabat». En declaraciones a la Cadena SER, la ministra Saiz recordó que los apátridas no están en situación irregular: «Nuestro país es uno de los pocos que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas». El Galia rechaza esa explicación y subraya que durante los cuatro años de media que tarda en resolverse el procedimiento, los saharauis «carecen de todo derecho básico».

El Frente Polisario y las asociaciones prosaharauis denuncian un agravio comparativo. «La adopción (del real decreto) supone garantizar los derechos más básicos a las personas que residen en territorio español, a las cuales, la irregularidad condena a la invisibilidad y a la vulnerabilidad. Sin embargo, condenamos enérgicamente la exclusión explícita de las personas apátridas, las cuales son, en su práctica totalidad, saharauis», lamenta la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara en una nota.

El real decreto de regularización extraordinaria incluía inicialmente la posibilidad de que los apátridas pudieran acogerse a la medida. El Consejo de Estado emitió un dictamen en el que recomendaba que el texto «no debe incluir a los solicitantes de apatridia» porque el ordenamiento jurídico ya contiene una regulación específica de su situación. Se tratan de personas que carecen de nacionalidad. El año pasado se registraron más de 3.000 solicitudes en España y se resolvieron 2.242 expedientes, la gran mayoría de ciudadanos de la antigua colonia española.

La recomendación del Consejo de Estado

El órgano consultivo que preside Carmen Calvo consideró que era «desaconsejable introducir confusiones o solapamientos entre esos dos grupos normativos», solicitantes de asilo y apátridas. En el primero, los interesados reciben automáticamente documentación para la residencia temporal mientras se tramita su solicitud. En el caso de los apátridas, esos papeles se conceden de forma más excepcional, nunca de forma automática.

El Sáhara Occidental fue colonia española entre 1884 y 1975. Su proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde y conforme a lo dispuesto en los acuerdos tripartitos de Madrid, que las organizaciones internacionales no admiten. Marruecos ocupa gran parte de su territorio, uno de los 17 no autónomos en el mundo que se encuentra bajo supervisión de la ONU, que sigue sin organizar el referéndum de autodeterminación al que se comprometió hace más de 30 años.

Desde 1958 fue la provincia 53 y sus ciudadanos eran considerados españoles a todos los efectos. Disponían de documentos de identidad, estudiaban en colegios españoles, hablaban castellano y algunos servían como funcionarios del Estado. Incluso llegaron a tener representación en las Cortes franquistas.

Todo aquello se deshizo en unos días como un azucarillo en un vaso de agua. Hace cuatro años, un colectivo emprendió una batalla para recuperar la nacionalidad, que el Estado niega a más de 74.000 saharauis. El caso lo lleva el prestigioso bufete Cremades & Calvo Sotelo, que aceptó el caso porque se trataba de un asunto de derechos fundamentales.