Las extranjeras que obtienen residencia por violencia de género se disparan un 500%

La ley española prevé que el permiso de residencia puede concederse a mujeres extranjeras cuando denuncien por violencia de género. Esta vía de acceso se ha disparado en los últimos años. Concretamente, desde que Pedro Sánchez asumiera la Presidencia del Gobierno en 2018. Desde entonces, las autorizaciones han pasado de 628 en 2017 a 3.758 en 2024, un aumento del 498,4% en tan solo siete años. De entre todas las beneficiadas, más del 60% proceden de Colombia y Marruecos, los dos principales países de origen entre inmigrantes.

Así se extrae de una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto evidencia una tendencia absolutamente disparada en los últimos años hasta alcanzar el récord de 3.235 concesiones en el último año del que se disponen datos completos, 2024. En total, en unos 20 años, desde 2005, se han concedido alrededor de 42.000 autorizaciones, pero la gran mayoría corresponde al periodo reciente.

Entre 2017 y 2024, el Gobierno de España ha concedido la residencia temporal por violencia de género a 5.403 colombianas (el 30,7%), 5.270 marroquíes (29,9%), 1.913 peruanas (10,9%), 1.815 hondureñas (10,3%) y 1.312 bolivianas (7,5%), seguidas de brasileñas, paraguayas, nicaragüenses y venezolanas. De forma llamativa, las colombianas que han obtenido la residencia por violencia de género pasaron de 50 en 2017 a 1.620 en 2024, un aumento del 3.140%. El salto de marroquíes, de 166 a 996, del 500%, es menos pronunciado, como el de peruanas (163%).

La normativa española permite que se conceda la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, tanto de naturaleza provisional como definitiva, a «las mujeres extranjeras, independientemente de su situación administrativa, que hayan sido víctimas de violencia de género en España», así como a algunos de sus familiares, como hijos menores de edad o ascendientes en primer grado y línea directa, por «razones humanitarias».

Una vez acreditada la situación, la mujer puede presentar una solicitud de residencia y trabajo, que en principio es de carácter provisional y con una duración de un año. Esta autorización es prorrogable y puede convertirse en definitiva si el procedimiento penal concluye con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial firme que reconozca la existencia de violencia de género. Durante este tiempo, se suspenden los procedimientos sancionadores que pudieran haberse iniciado por su situación administrativa irregular, con el fin de evitar su expulsión.

Una instrucción del Ministerio de Elma Saiz de noviembre de 2021 abarató esta autorización explicitando que se concede independientemente de si la mujer está en situación irregular, regular o con permiso vinculado al agresor (por ejemplo, reagrupación familiar). Antes existían interpretaciones restrictivas que desincentivaban las denuncias de mujeres «regulares» por miedo a perder su estatus. Esta instrucción eliminó esa barrera y unificó criterios en las Oficinas de Extranjería.

Causas

Algunos analistas y voces críticas llevan años señalando que esta vía se ha convertido en una forma relativamente accesible de regularización para personas en situación irregular (más fácil que el arraigo en ciertos casos), ya que basta con una denuncia e indicios valorados por el fiscal o juez para obtener el permiso provisional de un año, y luego definitivo. Esto podría incentivar denuncias falsas o exageradas en algunos supuestos. La residencia obtenida por este motivo, además, cuenta como residencia legal en España. El tiempo con la autorización provisional y definitiva se computa a efectos de solicitar la nacionalidad por residencia, que es tan solo de dos años para latinoamericanos.

También hay que tener en cuenta que las cifras de violencia de género son proporcionalmente más elevadas entre las personas de nacionalidad extranjera que entre las de nacionalidad española, en atención a las denuncias judiciales y a los asesinatos de mujeres. En 2025, sin ir más lejos, el 38,37% de denuncias por violencia de género lo interpusieron mujeres extranjeras, que son a su vez el 43,8% de las víctimas mortales en los llamados feminicidios, que los cometen extranjeros en el 39,6% de los casos. Todo esto, teniendo en cuenta que son aproximadamente el 14% del total de la población española.