Alas a la ultraderecha
«El problema de que un sudanés te apuñale la cara y te saque los ojos es que los ciudadanos salgan a la calle en protesta. O, peor aún, que voten a la 'ultraderecha'»
Imagen creada con inteligencia artificial.
«Esto son votos para [Marine] Le Pen, son votos para la ultraderecha». Ese fue el lamento de una famosa presentadora de televisión cuando le llegó la noticia del apuñalamiento de un refugiado sirio a ocho niños en un parque infantil en Annecy, Francia. El problema no parecía ser el hecho en sí, una atrocidad que conmocionaría a cualquier persona con la sensibilidad intacta, sino las consecuencias políticas que de él podían derivarse.
Las políticas migratorias descontroladas derivan siempre en inseguridad, y cuando esta llega a las calles los ciudadanos votan por quien promete devolver el control. Es así de simple, y culpar a la «ultraderecha» es como culpar al termómetro de la fiebre. Las élites políticas podrían apostar por control fronterizo, inmigración selectiva, expulsión inmediata de delincuentes y exigencia de asimilación, pero suelen optar por acallar las protestas criminalizándolas.
Lo estamos viendo estos días en Belfast. El caos se ha desatado en la capital de Irlanda del Norte después de que un sudanés de 30 años apuñalara a una persona en la cara, en el cuello y en la espalda, haciéndole perder un ojo y dejándolo gravemente herido.
La tensión ha explotado, además, tras la actuación policial en el caso de Henry Nowak, un joven blanco de 18 años que fue apuñalado hasta la muerte en la ciudad de Southampton por Vickrum Singh, un sij de origen indio. En aquella ocasión, los policías no solo creyeron la versión del criminal —que insistía en que él era la víctima de un insulto racista—sino que, incluso, no prestaron ayuda médica a un agonizante Nowak. Prefirieron dejarlo morir a arriesgarse a ser tildados de racistas.
Este caso no ha supuesto, como sería procedente, una revisión de los protocolos antirracistas policiales, que obligan a los agentes a dar credibilidad y prioridad a cualquier acusación de racismo, ni una revisión del derecho a llevar el kirpán, el cuchillo o espada ceremonial sij, en plena calle, y cuando desaparece el Estado, el pueblo reacciona.
Tras las protestas, el Gobierno británico ha prometido endurecer su política contra el odio en redes. La secretaria de Estado de Tecnología, Liz Kendall, ha anunciado un proyecto de ley destinado a obligar a las plataformas digitales a eliminar con celeridad cualquier contenido que el Gobierno califique como de odio o que incite a la violencia.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado de «escandalosos» y «totalmente inaceptables» los «actos de violencia». Pero no los que antes he descrito, sino los disturbios que estos han generado: «Nada puede justificar la violencia y los disturbios que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, ya sea en Internet o en cualquier otro lugar». De nuevo, tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias.
Los que denuncian lo que sucede en Belfast como una explosión de «racismo» restaron antes importancia a las agresiones sexuales masivas en Alemania en 2015 por hombres del norte de África y Oriente Próximo, tildaron de «islamofobia» la alerta sobre las grooming gangs británicas y relativizaron el aumento de delitos contra la libertad sexual en Occidente, que tiene su correlato en la sobrerrepresentación de extranjeros en prisión. Al final, un sudanés te apuñala la cara y te saca los ojos, pero el problema está en que los ciudadanos salgan a las calles en protesta. O, pero aún, que terminen votando a la «ultraderecha».