Un fenomenal coste de oportunidad

Desde la irrupción de la llamada «nueva política» que puso patas arriba nuestro sistema de partidos, aunque con especial intensidad tras la llegada al poder de un Pedro Sánchez que viene liderando coaliciones negativas bajo una lógica populista, la esfera pública española se dedica obsesivamente a discutir los pormenores de la conquista y conservación del poder. Nos pasamos el día analizando relatos, comentando encuestas, discutiendo maniobras: ¿cuándo convocará Sánchez? ¿Habrá un superdomingo electoral? ¿Seguirán los socios de Sánchez sosteniendo a Sánchez? ¿De verdad se ha enfadado el PNV? ¿Debe el PP presentar una moción de censura? ¿Jugará el PSOE la carta de las elecciones plebiscitarias? ¿Liderará Rufián a la extrema izquierda? Y así sucesivamente, un día tras otro, sin descanso.

Al fin y al cabo, en Moncloa opera un formidable laboratorio de análisis destinado a proporcionar al Gobierno las mejores herramientas para competir electoralmente: lo que supone no hacer nunca nada que quite votos ni dejar de hacer aquello que permita ganarlos. A nadie puede por ello extrañar que los mayores de 65 años, no digamos catalanes y vascos, voten al PSOE de manera preponderante; para eso se hizo la reforma de las pensiones y para eso se negocian competencias estatales —lo llaman federalismo— cada vez que toca aprobar una ley. Aunque en esta mal llamada legislatura eso no se estila: el Gobierno desobedece alegremente el mandato constitucional de presentar las cuentas públicas y recurre al decreto para evitar el control parlamentario, mientras coloniza ferozmente las instituciones y degrada una cultura política en que asoma ya un culto a la personalidad de tintes peronistas.

Todo ello distrae la atención de los ciudadanos y nos hace olvidar el fenomenal coste de oportunidad que conlleva gobernar —gracias a una amnistía que sigue liderando el ránking de nuestras corrupciones— sin mayoría parlamentaria; aunque los ministros digan, estaría bueno, lo contrario. Ya que si por coste de oportunidad hay que entender el coste de la alternativa que se desecha cuando se ha tomado un curso de acción, es indudable que gobernar sin reformas estructurales —tirando de deudas y clientelismo— sale cada vez más caro.

Aunque sabemos que la realidad económica es percibida en función de nuestros alineamientos partidistas, de tal forma que el votante socialista verá el mundo de color rosa y el votante conservador discrepará incluso si gana dinero a espuertas, los datos no dejan lugar a dudas: el crecimiento económico del que viene presumiendo el Gobierno es un espejismo provocado por el aumento de la inmigración y el dinero introducido en la economía gracias a los fondos Next Generation.

«Gobernar sin reformas estructurales —tirando de deudas y clientelismo— sale cada vez más caro»

Y si bien el triunfalismo oficial puede servir para moldear la percepción de los votantes, la realidad material queda fuera de su alcance: el PIB per cápita no mejora y nos adelantan países a los que solíamos mirar por encima del hombro; la pobreza infantil ha aumentado y el desempleo sigue dándonos disgustos, pese al maquillaje conceptual aplicado al trabajador discontinuo; los salarios siguen siendo muy bajos, como corresponde a una productividad estancada, lo que a su vez agrava la crisis de la vivienda; las pensiones siguen generando una deuda formidable, detrayendo recursos de muchas otras partidas del gasto público y castigando a unas clases activas que pagan más impuestos que nunca.

Ahora bien: ¿cuántas reformas impopulares han hecho los gobiernos de Pedro Sánchez, entendiendo por tales aquellas que incrementan la competitividad y productividad de una economía? Diría que ninguna. Peor aún: ha convencido a muchos españoles de que todo va bien; y si algo va mal, es por culpa del neoliberalismo o la derecha. ¡Patada a seguir! Y la factura, mientras tanto, sigue sobre la mesa.