La furia del contribuyente: un deber democrático

«El dinero público no es de nadie». Lo dijo Carmen Calvo en mayo de 2004, siendo ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero. La frase se convirtió en objeto de mofa, y con razón: era un disparate jurídico, económico y moral a partes iguales. Pero, 21 años después, ya no parece un desliz, sino el principio rector de este Gobierno.

Todo Gobierno democrático tiene una deuda ineludible con sus ciudadanos: explicar en qué se gasta su dinero. En España llevamos cuatro años sin presupuestos aprobados en el Congreso, con un Gobierno que ha convertido la opacidad fiscal en sistema. En 2025 batió su propio récord: 118.000 millones en modificaciones y reasignaciones presupuestarias sin pasar por el Congreso. Los fondos europeos Next Generation, concebidos para la modernización estructural de España, han sido utilizados parcialmente para cubrir gastos corrientes, incluido el agujero de las pensiones. No hay control parlamentario efectivo. No hay rendición de cuentas real. Y en ese vacío prosperan la discrecionalidad, el favor y, casi siempre, la corrupción.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal es la mejor prueba documentada de ese mecanismo. En 2021, en plena pandemia, el Gobierno concedió un rescate de 53 millones de euros a través de la SEPI a una aerolínea de capital venezolano con escasa flota y sin viabilidad acreditada, mediante lo que el propio juez Calama describe como «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos».

El magistrado señala que los directivos de Plus Ultra articularon dos vías de influencia: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero, quien acabó adquiriendo un «papel predominante» en la operación, canalizando pagos a través de sociedades instrumentales ubicadas en Dubái, diseñadas para enmascarar esos flujos. El expresidente declarará como investigado el próximo 2 de junio. A menos de un año de que venza el plazo de la convocatoria de elecciones y ahogado por la acumulación de causas judiciales, el Gobierno está teniendo un final de legislatura apoteósico.

Pero Plus Ultra no estuvo sola. La pandemia castigó duramente al sector aéreo, y el Gobierno activó un fondo de rescate a través de la SEPI para sostener a las compañías estratégicas. En ese contexto, Air Europa recibió 475 millones; Volotea, otros 100, y varios operadores más accedieron a ayudas públicas de distinta cuantía. Lo que en muchos casos fue una respuesta legítima a una crisis excepcional ha quedado, sin embargo, ensombrecido por las sospechas de irregularidades en algunos de esos expedientes. El de Air Europa, en particular, sigue abierto en los tribunales. Dos aerolíneas vinculadas a la trama, dos rescates millonarios, demasiadas preguntas sin respuesta.

La furia del contribuyente ante su mal uso está más que justificada: es casi un deber democrático»

El problema no es solo el rescate discrecional. Es el ecosistema completo de empresas que el Estado gestiona con dinero de todos y sin que nadie rinda cuentas con eficacia. Diez de las dieciséis sociedades en las que la SEPI tiene participación mayoritaria cerraron 2024 con pérdidas operativas, casi el 63% del total, con pérdidas conjuntas que superaron los 700 millones de euros, un récord. Correos se dejó 522 millones y Navantia otros 197, generando un agujero acumulado de más de 2.000 millones desde 2019. Y, mientras tanto, el Gobierno adquiría en 2024 el 10% de Telefónica por más de 2.300 millones de euros —decisión política, no empresarial— en una compañía que ese mismo año registraba ya pérdidas, y que en 2025 ha cerrado con un agujero contable de 4.318 millones. Estas operaciones son presentadas por el Gobierno como estratégicas, pero han suscitado un debate creciente sobre la confusión entre política industrial e intervencionismo político. Indra, Aena, Correos, Navantia: nombres conocidos, cuentas poco explicadas, directivos nombrados a dedo por el mismo Gobierno que debería ser fiscalizado.

España ha encadenado cuatro años consecutivos de ingresos fiscales récord: los contribuyentes han puesto más dinero que nunca en manos del Estado. Y, sin embargo, el gasto se ha disparado como nunca, los déficits persisten, y la pregunta de en qué se ha gastado todo ese esfuerzo colectivo no tiene una respuesta clara, porque no hay rendición de cuentas alguna. Cuando los casos de corrupción o de uso irregular de fondos públicos afloran a la vez que el esfuerzo de los contribuyentes es más elevado que nunca, el agravio no es solo institucional. Es personal. Porque el dinero público sí es de alguien. Es de todos nosotros. Y la furia del contribuyente ante su mal uso está más que justificada: es casi un deber democrático.

El catedrático de Derecho Penal de la UAM Manuel Cancio Meliá valoraba esta semana en El País el auto judicial y comparaba su función con la del batiscafo Trieste, que en 1960 descendió por primera vez al foso de las Marianas equipado con focos potentísimos para iluminar lo que nunca había sido visto: esas 85 páginas del juez Calama hacen exactamente eso, iluminan con luz jurídica unas profundidades que suelen estar en la más completa oscuridad.

Cabe distinguir entre la labor legítima de un lobby, que es la representación de intereses ante la Administración por cauces reglados, y el tráfico de influencias, que es otra cosa: usar el peso de un nombre, de una red, de un acceso privilegiado, para torcer una decisión pública en beneficio propio o ajeno o, habitualmente, mediante el cobro de comisiones: las dos cosas. En España existe una larga tradición de expolíticos que se instalan en la zona gris que hay entre ambas figuras.

Siguiendo el símil del profesor Cancio, antes de enviar la escuadra de batiscafos necesaria para iluminar esas profundidades, conviene detenerse en la magnitud de lo que ya ha salido a la superficie. Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del Gobierno de la democracia española en ser imputado por un juez. Y no ha sido por un desliz administrativo ni por una negligencia. Por delitos muy graves. Y, en contra de lo que parece haberse convertido en la doctrina de este Gobierno fundamentada en la frase de Calvo, ese dinero que presuntamente se ha manejado con opacidad y que se ha repartido con discrecionalidad sí tiene dueño: todos los contribuyentes de este país. Su furia no está solo justificada. Es un deber democrático.