Sánchez contra Europa

Hubo un momento, en los peores años de la crisis que siguió al colapso financiero de 2008, en que Europa estuvo a punto de romperse. La pérdida de solvencia de las economías más endeudadas y las brutales divergencias en los tipos de interés entre países de la misma moneda amenazaban con hacer saltar por los aires la unión monetaria. Existía un instrumento que podría haberlo evitado. Pero la desconfianza de los socios del norte, los más rigurosos fiscalmente, hacia los del sur, más laxos, impidió su uso. Se optó por imponer austeridad. La recesión se prolongó innecesariamente, y no fue hasta el célebre whatever it takes de Mario Draghi, en julio de 2012, que los mercados recuperaron su fe en el euro. Ese instrumento eran los eurobonos.

En 2020, con la pandemia como catalizador y el trauma reciente de lo que había costado la austeridad, Europa dio por fin el paso. Los fondos Next Generation -750.000 millones de euros- fueron el mayor ejercicio de solidaridad financiera en la historia de la integración. Parte de ese esfuerzo se ha financiado con la emisión de eurobonos, activos que han servido además para dotar de fondos a otras políticas como el apoyo de los 27 a Ucrania. En un mundo donde Estados Unidos se desvincula del destino europeo y China consolida su peso a una velocidad vertiginosa, ese instrumento es imprescindible para dar credibilidad al compromiso europeo de avanzar en la integración. Porque una Europa sin capacidad fiscal común es una Europa condenada a la irrelevancia y los eurobonos son el mecanismo necesario para avanzar hacia la unión fiscal, financiar la defensa común y la transición energética. 

La emisión de eurobonos ha supuesto para Europa una enorme conquista. Pero con su actuación, el Gobierno de Pedro Sánchez puede hoy comprometerla. Los datos de Eurostat, publicados por primera vez con metodología homogénea para todos los estados miembros, confirman que España ha destinado 10.200 millones de euros de fondos solidarios europeos a gasto corriente. No en la digitalización, la transición energética o la modernización de sus infraestructuras. Sino en cubrir el déficit crónico de una Seguridad Social que se ha agravado desde la reforma en 2022 del sistema de pensiones del exministro y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y que el Gobierno se niega a reconocer. 

Todo apunta a que los fondos europeos han funcionado como una cuenta corriente de la que Hacienda ha ido tirando cuando le faltaba liquidez. Y mientras tanto, gran parte de la inversión comprometida sigue sin ejecutarse: a 31 de marzo de 2026, España había absorbido apenas 48.276 millones de euros de los 102.000 millones asignados tras renunciar a 60.000 millones de créditos blandos. Esto significa que en los pocos meses que restan hasta julio de 2026, cuando termina el programa, tendría que ejecutar 53.700 millones más —prácticamente el doble de lo invertido hasta ahora—. Imposible. Así que no solo se ha desviado de forma irregular parte de ese dinero a gasto corriente, sino que tampoco se ha gastado el que iba destinado a modernizar y transformar la economía española. Otra oportunidad perdida.

La causa de esos tejemanejes fiscales puede encontrarse en la situación absolutamente irregular para cualquier democracia avanzada que supone llevar cuatro años consecutivos sin Presupuestos Generales del Estado. No es que no se hayan aprobado, es que ni siquiera se han presentado tal y como exige la Constitución. Las cuentas vigentes en 2026 son las de 2023, aprobadas por un Congreso de composición distinta al actual. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, salió al paso de las críticas para quitar hierro a ese desvío de fondos: «Es un ajuste técnico ligado a la prórroga presupuestaria». Para sobrevivir sin presupuestos, el Gobierno se ha amparado en dos instrumentos concebidos para situaciones de emergencia: el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023, que le permite hacer transferencias entre departamentos, y el Real Decreto-ley 36/2020, aprobado en plena pandemia para agilizar la gestión de los fondos europeos. La prórroga presupuestaria, diseñada por el constituyente como un mecanismo de emergencia, se ha convertido en el modo ordinario de supervivencia de un Ejecutivo que gobierna de espaldas al Congreso.

El resultado es una arquitectura presupuestaria completamente deformada: solo en 2024, el Gobierno realizó modificaciones presupuestarias por valor de más de 90.000 millones de euros (50.000 millones en ampliaciones de crédito y 40.000 en reasignaciones de partidas), según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado. En 2025, coincidiendo con el mayor aumento del gasto militar de la democracia, batió el récord de ampliaciones presupuestarias sin control del Congreso: 76.900 millones en ampliaciones y 41.000 en reasignaciones: 118.000 millones. 

Estas irregularidades no han pasado desapercibidas en Europa. Pero la que más indignación ha generado ha sido el uso de los fondos europeos para pagar las pensiones. Andreas Schwab, eurodiputado del partido conservador CDU y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, declaró al diario Bild: «Es absolutamente inaceptable utilizar fondos europeos para encubrir problemas presupuestarios en el sistema nacional de pensiones», y lanzó la pregunta obvia: «¿Cómo pido yo a los alemanes que trabajen más mientras España paga pensiones con los fondos europeos?». 

Para la Federación Europea de Contribuyentes, el desvío es «un escándalo mayúsculo» y su presidente, el alemán Michael Jäger, exigió «aclaraciones, transparencia total, la devolución de los fondos y un proceso judicial». Desde la Comisión Europea, la respuesta ha sido más tibia. Su vicepresidente ejecutivo, Raffaele Fitto, admitió que el uso era irregular, pero buscó amparo en la flexibilidad técnica de los reglamentos. 

Estas malas prácticas son un regalo para las fuerzas más radicales y euroescépticas que ganan adeptos por toda Europa. Alice Weidel, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), favorito hoy en las encuestas, jaleaba el debate en X advirtiendo a los contribuyentes alemanes de que su dinero «está financiando la mala gestión socialista en Europa». Sánchez les ha puesto el argumento en bandeja. Pero el mayor riesgo es que la confianza que tanto costó ganarse salte ahora por los aires.

Los llamados países frugales —Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca— aceptaron los fondos Next Generation a regañadientes. Su argumento era que los países del sur no eran de fiar, que gastarían el dinero en tapar sus propias ineficiencias estructurales. Se les convenció de que esta vez sería diferente. Que habría controles, hitos, reformas. Que el dinero iría a inversión productiva y no a sufragar el gasto corriente que cada estado debe financiar con sus propios impuestos. España es el país que, en proporción a su población, mayor volumen de fondos no reembolsables ha recibido de toda la UE. Debería haber estado a la altura de la generosidad de sus socios. 

No hay que descartar que este grave desencuentro dañe la credibilidad de los eurobonos en los mercados internacionales y que algunos de los países del norte que sienten que su confianza se ha traicionado bloqueen futuras emisiones. Así que el Gobierno que dice ser el más europeísta de la historia reciente de España -el que agita la bandera de la UE en cada discurso, el que invoca a Europa como escudo frente a sus adversarios domésticos- puede convertirse en un obstáculo para avanzar en la integración europea que dice defender. En un mundo multipolar, que exige una Europa más fuerte y unida, su actuación representa una enorme irresponsabilidad.