Cuando los datos estorban
«Las democracias se debilitan cuando dejan de discutir sobre los mismos hechos. Cuando cada cual opera en su propia versión de la realidad»
Imagen creada con inteligencia artificial.
En el campo de batalla que se ha convertido la política española en los últimos años, los datos han dejado de servir para formar las opiniones. Más bien, cada cual selecciona y consume la información que refuerza lo que ya cree. El resto se descarta por ser ideológicamente sospechosa. El resultado es un debate público cada vez más empobrecido, donde los hechos no ordenan la discusión ni sirven para identificar los problemas. El reciente debate sobre los salarios e impuestos en España es un ejemplo casi de manual.
Jon González es un ingeniero que lleva años divulgando en redes sociales sobre economía: pensiones, salarios, demografía, fiscalidad. Sin adscripción partidista y con rigor metodológico, se ha convertido en una referencia para quienes quieren entender la realidad económica española a partir de fuentes oficiales. Sus cálculos proceden del INE, de la Seguridad Social, de Hacienda. Pero cuando alguno de sus datos incómodos para el Gobierno entra en el debate público, la reacción dominante de los tertulianos afines no ha sido discutirlos sino descalificarlos.
El episodio más ilustrativo ocurrió hace pocas semanas. Jon Echeverría, vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP en Guipúzcoa, apareció en La Sexta Xplica con una serie de gráficos elaborados por González. Mostraban que el salario medio neto real se había reducido un 3,4% desde 2019 y que un trabajador con un salario de 18.000 euros pagaba el triple en IRPF que en ese año. Los tertulianos presentes le acusaron de inventarse los datos y de difundir bulos de extrema derecha. Ninguno aportó cifras alternativas.
En los días siguientes, Jon González respondió con un exhaustivo desglose metodológico. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y economista, corroboró públicamente la exactitud de esos datos. Dos de los tertulianos que habían descalificado a Echeverría rectificaron veladamente. El 22 de abril llegó el informe Taxing Wages 2026 de la OCDE para zanjar cualquier duda: el trabajador medio español destina el 41,4% de su salario a impuestos y cotizaciones —es la décima carga fiscal más alta entre los 38 países miembros y se sitúa seis puntos por encima de la media—, y la subida de la carga fiscal en 2025 superó el crecimiento salarial real, con el resultado de una pérdida neta de poder adquisitivo del 0,3%.
Todo ello en el país que sigue liderando el desempleo en Europa, con una tasa de paro juvenil que se eleva al 23,5%, la más alta de la UE y muy por encima de la medida del Uno pensaría que la elevada carga fiscal sobre los salarios y el encarecimiento de las cotizaciones sociales deberían estar en el centro del debate económico. Pero no es así. Si los datos estropean el relato oficial, mejor descartarlos. En ese sentido, hay que agradecer a Kiko Llaneras, periodista de datos de El País y una de las voces más rigurosas en el análisis estadístico de la realidad española, la publicación en su newsletter semanal de una información que confirmaba el diagnóstico de la OCDE y de González: los salarios llevan tres décadas casi estancados en términos reales.
«Ante datos incómodos, la respuesta no es rebatirlos sino descalificar a quien los presenta»
El episodio en cualquier caso confirma uno de los males más preocupantes que aquejan a nuestras democracias: la incapacidad creciente de ponerse de acuerdo sobre los hechos. Ante datos incómodos, la respuesta no es rebatirlos sino descalificar a quien los presenta. Es el mecanismo que el psicólogo social Jonathan Haidt lleva años documentando: las intuiciones vienen primero y el razonamiento después. No usamos los datos para formar nuestras opiniones, sino para justificar las que ya tenemos. Y cuando los datos no encajan, atacamos su origen.
La consecuencia es visible. Un mismo conjunto de cifras -carga fiscal creciente, pérdida de poder adquisitivo, desempleo elevado- puede ser interpretado de maneras muy distintas. No en función de su veracidad, sino del marco narrativo en el que se inserte. Para unos, reflejan un problema estructural de incentivos y crecimiento. Para otros, son el precio necesario de un modelo redistributivo más justo. Y entre ambas lecturas no media tanto una discusión empírica como un desacuerdo ideológico previo.
El problema surge cuando ese desacuerdo deja de reconocer la autoridad de los hechos. Cuando los datos no se rebaten, sino que se subordinan. Cuando el relato no se construye a partir de la evidencia, sino que se selecciona la evidencia para confirmarlo. Por eso la labor de Jon González es incómoda para algunos. Porque demuestra que hay cifras que no dependen de la interpretación, tendencias que no se pueden revertir ni disimular con el discurso oficial y realidades económicas que al final terminan imponiéndose. ¿O es que no escucharon ustedes a los líderes sindicales denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, especialmente los más bajos, en la celebración ayer en Málaga del 1 de mayo, Día del Trabajador? Yo tampoco.
Las democracias se debilitan cuando dejan de discutir sobre los mismos hechos. Cuando el espacio común de evidencia se fragmenta y cada cual opera en su propia versión de la realidad. España ofrece hoy un ejemplo elocuente de esa deriva. Los datos están ahí. El problema es que, cada vez con más frecuencia, estorban.