Sin margen para absorber otro 'shock'
«España llega a este nuevo deterioro del contexto internacional con una deuda que supera el 100% de su PIB y sin presupuestos generales desde hace tres años»

Imagen creada con inteligencias artificial.
La respuesta de los mercados financieros suele servir para medir la gravedad de la crisis en ciernes y, de paso, corregir las políticas del Gobierno de turno. A un imprevisible e indomable Donald Trump, la caída en picado de las bolsas le obligó a dar marcha atrás en la disparatada guerra arancelaria que declaró al mundo hace un año. No ocurre lo mismo ahora. La reacción de los mercados a la crisis abierta por la guerra en Irán está siendo tibia.
Desconcertantemente tibia ante el cierre del estrecho de Ormuz durante casi siete semanas, pese a que supone el mayor shock en la oferta energética desde la crisis petrolífera de los años setenta al retirar del mercado el 20% del petróleo y el 25% del gas que consume el mundo cada día. Y también tibia ante la fragilidad del alto el fuego con Irán y el incierto resultado de unas negociaciones que hoy difícilmente permiten confiar en el restablecimiento a corto plazo de ese tráfico, vital para el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial.
El precio del petróleo y las cotizaciones de las principales bolsas mundiales se resisten, por ahora, a descontar el daño que el conflicto en Oriente Próximo ya ha causado al crecimiento global. Agotados tal vez por la sucesión de crisis de los últimos años —desde el covid hasta la guerra en Ucrania o la guerra comercial de Trump—, los inversores hacen gala de un optimismo admirable y optan por aferrarse a cualquier anuncio de tregua o a cualquier gesto de distensión para convencerse de que esta vez los problemas serán pasajeros. Pasajeros o duraderos, los países más expuestos a padecer los efectos de esta crisis serán los más endeudados. Aquellos que, como España, desaprovecharon el viento de cola de los últimos años para sanear sus cuentas públicas.
Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional. En la presentación de su informe sobre la economía mundial en sus reuniones de primavera en Washington esta semana, el FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento mundial y advierte de que el deterioro puede ser mucho mayor si la guerra en Oriente Próximo se prolonga. Su escenario central sitúa el crecimiento global en el 3,1% este año, frente al 3,4% de los últimos ejercicios, pero en el peor de los casos podría caer hasta el 2%, un nivel más propio de una recesión global.
En el caso de España, el Fondo sigue reconociendo que crecerá más que el resto de la eurozona, pero desmonta el relato triunfalista del Gobierno. El FMI rebaja la previsión de crecimiento para España al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, mientras eleva la inflación al 3% y advierte de que el déficit se cronificará en torno al 2,2% del PIB durante los próximos años. También alerta de que la deuda seguirá demasiado alta y que será cada vez más difícil reducirla sin nuevas reformas. España, en definitiva, llega a este nuevo deterioro del contexto internacional con una deuda que supera el 100% de su PIB, sin presupuestos generales desde hace tres años y con muy poco margen para absorber otro shock.
Entre otras cosas, porque las cuentas públicas arrastran una carga ineludible: la reforma de las pensiones aprobada en 2022 y diseñada por el entonces ministro José Luis Escrivá y hoy gobernador del Banco de España, institución hoy mucho menos crítica con sus consecuencias. Aquella reforma incluyó la revalorización de las pensiones con la inflación. La presión de cumplir con este compromiso sobre el gasto es cada vez mayor. De forma que la mayor ficción contable de las cuentas públicas nacionales sea hoy probablemente la de la llamada «hucha de las pensiones». Y aquí vienen las trampas de la contabilidad nacional que no pasan por el Parlamento.
El Gobierno ha presumido esta semana de haber repuesto el Fondo de Reserva de estas prestaciones, que hoy supera los 15.000 millones de euros. Pero desde la reforma, la deuda de la Seguridad Social no ha parado de crecer y el sistema necesita transferencias constantes del Estado para pagarlas. Este flujo de fondos es necesario debido a que el gasto en prestaciones supera los ingresos por cotizaciones a pesar de la buena marcha del empleo. El agujero estructural. Lejos de autofinanciarse, las pensiones necesitan cada vez más de transferencias del Estado: de los 56.414 millones que traspasó en 2024 ha elevado su aportación a 61.342 millones de euros en 2025. La aparente fortaleza del Fondo de Reserva no es más que un espejismo contable.
Lo preocupante es que el Gobierno no tiene intención alguna de corregir estas prácticas contables engañosas. En el decreto aprobado para responder a los efectos de la guerra vuelve a incluir mecanismos extraordinarios de flexibilidad presupuestaria que permiten al Gobierno seguir moviendo partidas y concediendo créditos sin pasar por el control de las Cortes. Una herramienta pensada inicialmente para la pandemia y prorrogada una y otra vez, que ha terminado convirtiéndose en una forma de gobernar sin Presupuestos y que permite al Ejecutivo ahorrarse la rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gasta el dinero de los contribuyentes, desobedeciendo año tras año el mandato constitucional. Todo muy democrático.
Durante los últimos años, el Gobierno ha podido presentar como un éxito de gestión lo que en gran medida ha sido el resultado de una combinación excepcional de factores externos: tipos de interés históricamente bajos, inflación elevada, una recaudación fiscal récord, fondos europeos extraordinarios y una economía impulsada por el turismo, la inmigración y el tirón del consumo. Pero ese viento de cola empieza a agotarse justo cuando el panorama internacional vuelve a complicarse.
La guerra en Irán, el encarecimiento de la energía, la presión sobre la inflación y la posibilidad de que vuelvan a subir los tipos de interés amenazan con dejar al descubierto las debilidades de ese supuesto milagro económico. Debilidades que el Gobierno ha tratado de ocultar durante años: una deuda abultada, un sistema de pensiones cada vez más difícil de sostener, unas cuentas públicas apoyadas en transferencias extraordinarias y una política económica que lleva demasiado tiempo funcionando sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados y sin control parlamentario alguno. Y con todas las reformas necesarias aún pendientes.
Ahora que el deterioro del contexto internacional vuelve a poner a prueba a la economía mundial, el modelo de crecimiento que el Gobierno de Sánchez ha exhibido con orgullo para España tendrá que demostrar que no tenía pies de barro. Pronto lo sabremos.