Reparar (o no) el destrozo institucional

Con la derrota de Víktor Orbán en Hungría, Europa recupera una esperanza que parecía perdida: incluso tras años de degradación democrática, de colonización institucional, de control de los medios públicos y de poderosísimas interferencias externas como las ejercidas por la Rusia de Putin, sigue siendo posible un cambio político a través de las urnas. Pero esa esperanza convive con una duda incómoda: una cosa es derrotar electoralmente a quien ha erosionado las instituciones y otra muy distinta tener la voluntad política de reparar el daño infligido al sistema. Porque el verdadero problema de la ocupación institucional no es solo el deterioro democrático que se consiente y justifica cuando se está en el poder, sino la tentación de quienes vienen después de beneficiarse de ello.

Un nuevo gobierno puede llegar al poder prometiendo restaurar la independencia de las instituciones que han sido ocupadas y acabar concluyendo que le resulta muy útil conservar el aparato domesticado por sus predecesores. En el caso de España, cabe preguntarse si el PP mantendrá su promesa de regeneración o si la presión de Vox, cada vez más populista y alejado de los principios liberales y que hoy todas las encuestas dan como su inevitable socio de Gobierno, lo llevará a renunciar a esa tarea. Sería la peor de las noticias para la democracia española y supondría la deslegitimación del proyecto liberal que hoy representa el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Mientras Pedro Sánchez se exhibe en Barcelona junto a Lula, Petro o Sheinbaum pontificando sobre la defensa de las instituciones, en España lleva años gobernando con un desprecio sistemático por los contrapesos y la separación de poderes. Es el presidente que más ha abusado del decreto ley en democracia, convirtiendo esta figura excepcional en su herramienta de gobierno ordinaria. Al mismo tiempo, ha promovido la colonización de instituciones que deberían actuar como contrapeso: desde el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado hasta RTVE, el Banco de España y el INE. El contraste entre lo que predica fuera y lo que ejecuta dentro es clamoroso.

La cuestión no es solo el deterioro que eso haya podido causar al funcionamiento de nuestra democracia, sino qué harán las derechas si, como apuntan la mayoría de las encuestas, acaban alcanzando el poder tras las próximas elecciones generales previstas para 2027. Si durante años se ha normalizado que las instituciones funcionen como extensiones del poder político, ¿renunciará el próximo gobierno a utilizarlas en su favor? Lo más descorazonador es que hoy la respuesta no sea un sí rotundo.

Será entonces demasiado tarde para que la izquierda reivindique el valor de los contrapesos que nos protegen a todos de los abusos del poder. Carecerá de la autoridad moral para protestar cuando hagan exactamente lo mismo sus rivales políticos. Y es muy probable que su respuesta sea deslegitimar al nuevo gobierno y movilizar a los suyos en la calle para denunciar los abusos que ellos mismos toleraron cuando ocupaban las instituciones. Una parte de esa izquierda más populista, que hoy encarna cómodamente Sánchez, ya demostró hasta qué punto respeta la alternancia en el poder cuando apoyó al movimiento Rodea el Congreso en vísperas de la segunda investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016.

Por eso conviene mirarse en el espejo que ofrece Hungría. Tras dieciséis años de poder casi ininterrumpido de Orbán, las elecciones han dado la victoria a Péter Magyar, un político que simboliza el deseo de cambio, pero que procede del propio entorno de su predecesor y que comparte parte de su cultura política. Magyar ha llegado al poder en una posición inusualmente cómoda: con el 52% de los votos y dos tercios del Parlamento, tiene margen legal para reformar incluso la Constitución sin depender de ningún aliado.

Disponer de esa supermayoría para desmantelar el sistema no significa tener la voluntad de hacerlo. Ha prometido combatir la corrupción, recuperar los 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados por Bruselas y reformar las instituciones. Lo que no está tan claro es si quiere —o le conviene— renunciar a toda la maquinaria que hereda. Puede que haya derrotado a Orbán en las urnas, pero ¿derrotará al orbanismo? Porque la ocupación institucional crea una inercia muy difícil de revertir. ¿Ocurrirá lo mismo con el sanchismo?

Magyar, de hecho, ya ha anunciado algunas medidas discutibles, como suspender temporalmente los informativos públicos hasta reformarlos, pedir la dimisión del presidente de la República o amenazar con modificar la Constitución si determinados cargos no abandonan sus puestos. Son decisiones que muchos justifican por la gravedad del legado recibido, pero que ilustran la dificultad de desmantelar la ocupación institucional y restaurar la salud democrática de un país. Esperemos que no traicione las expectativas de los húngaros, ni las de una Europa cuyo proyecto liberal lleva demasiado tiempo siendo cuestionado, atacado y boicoteado por los populismos de extrema derecha e izquierda.

España debería tomar nota de ello para evitar ahondar en la deriva iliberal en la que nos ha embarcado Sánchez. No se trata solo de esperar que el próximo gobierno asuma la difícil tarea de restaurar los contrapesos democráticos; habrá que permanecer vigilantes para evitar que quiera aprovecharse del deterioro institucional para consolidarse en el poder. Porque entonces el verdadero legado de Sánchez no sería solo el daño causado a nuestro Estado de derecho, sino también haber dejado una sociedad profundamente polarizada, incapaz de acordar las reformas estructurales —pensiones, Administración, sistema electoral— que lleva años postergando, y dispuesta a aceptar que la neutralidad, los contrapesos y la separación de poderes son principios perfectamente prescindibles cuando gobiernan los tuyos. Si así fuera, la democracia española quedaría herida de muerte.