Saquear en nombre de la paz

Confiado en su victoria electoral, Donald Trump se aventuró a decir que él podría disparar a alguien en plena Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto. Era una boutade, pero también era un diagnóstico: el de una política en la que la impunidad no es ya una anomalía, sino un sistema y en la que la lealtad tribal ha sustituido al juicio moral. Uno puede hacer casi cualquier cosa si sus seguidores han decidido de antemano que todo lo que hace está justificado por el fin superior que persigue. Es la autoridad moral que se arrogan los populistas que, a derecha e izquierda, hoy han puesto contra las cuerdas a las democracias liberales. 

España lleva un tiempo instalada en una versión propia de esa lógica. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido en método lo que en cualquier democracia consolidada debería ser un escándalo: el presunto pago a medios de comunicación para frenar investigaciones incómodas; la captura sistemática de fiscalías, tribunales y organismos de control; la manufactura de teorías conspirativas cada vez más elaboradas para explicar que todo cuanto les ocurre es obra de una conspiración judicial y mediática promovida por las derechas y nunca el resultado de los propios actos. 

En ese clima de impunidad cultivada, el caso Zapatero merece una atención especial. Porque condensa con especial crudeza la perversión moral que supone enriquecerse a la sombra de una dictadura mientras te finges su corrector humanitario. Esta semana hemos sabido que las agendas confiscadas a Julio Martínez Martínez —Julito, presunto testaferro del expresidente socialista—, halladas junto a fajos de billetes escondidos en radiadores, constituyen algo más que un registro contable de comisiones turbias. Son, según la UDEF, un mapa de relaciones que «trascienden notablemente del ámbito de influencia de un empresario para proyectarse sobre asuntos de Estado de máximo nivel». 

En páginas contiguas conviven las anotaciones sobre porcentajes en operaciones de petróleo y oro venezolano con referencias a presos políticos, a la liberación de opositores y al chantaje en la embajada española a Edmundo González —el ganador de las elecciones que llevaba un año con su yerno desaparecido— para que abandonara el país. Al oro lo llamaban «amarillo» en sus conversaciones en clave. Los presos políticos no necesitaban eufemismo.

La investigación arrancó por otro camino: Suiza y Francia detectaron en 2024 que dinero del rescate de Plus Ultra —aquella aerolínea zombi a la que el Gobierno inyectó fondos públicos de manera inexplicable— había acabado en cuentas de un traficante de oro holandés afincado en Mallorca. El hilo, al tirarse, llevó hasta Julito. Y Julito, al registrársele la casa, llevó hasta un entramado transnacional cuyo objetivo principal, según el auto judicial, habría sido el blanqueo de capitales procedentes de corrupción, tráfico de influencias y cohecho, canalizados mediante sociedades pantalla y cuentas en varios países.

«Entre 2012 y 2020, Venezuela perdió el 88% de su riqueza, una caída sin precedentes a nivel global sin un conflicto armado de por medio»

Conviene poner cifras al escenario en el que todo esto ocurre. Esas que la propaganda bolivariana lleva años intentando ocultar. Venezuela ha protagonizado el mayor éxodo de la historia de América Latina. Casi ocho millones de venezolanos —7,89 millones según la plataforma R4V de Naciones Unidas, a diciembre de 2024— han abandonado su país en la última década. Es el segundo mayor desplazamiento del mundo, solo superado por Siria. Más del 20% de la población ha huido. Colombia, Perú, Brasil, Chile y España han acogido a la mayoría de esos venezolanos. 

La economía que dejaron atrás no es el resultado de sanciones externas, sino de 20 años de destrucción institucional, expropiaciones, corrupción sistémica y gestión criminal de los recursos naturales. Entre 2012 y 2020, Venezuela perdió hasta el 88% de su riqueza, una caída sin precedentes a nivel global sin un conflicto armado de por medio. Una contracción que supera en severidad a la Gran Depresión estadounidense de 1929 por un factor de tres y a la crisis griega de 2008-2013 por más de cuatro veces. La inflación acumulada en ese periodo es una cifra disparatada e inabarcable, destacando el pico de la catástrofe en 2018, en que los precios subieron un 130.060%. El FMI estima un incremento del 548% en 2025 y un 629% para 2026. El Banco Central venezolano ha dejado de publicar el indicador desde octubre de 2024 —el silencio estadístico como política de Estado—.

Ese descalabro económico ha condenado a casi 4 millones de hogares venezolanos (la mitad de un total estimado de 8 millones, con una media de 3,7 a 4 personas por hogar) a vivir en la pobreza extrema, según los datos de distintas instituciones independientes. El PIB per cápita venezolano, que superaba los 10.000 dólares entre 2007 y 2013, se ha derrumbado hasta situarse en el entorno de los 3.600 dólares. Fuentes independientes calculan que la revolución bolivariana desfalcó al país 500.000 millones de dólares (428.530 millones de euros). Son los datos del expolio sistemático del régimen chavista a un país que durante la segunda mitad del siglo pasado y principios de este fue el más próspero de América del Sur.

«Es el saqueo más cruel de la historia de la humanidad». Así resumía María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, en una reciente entrevista concedida a El Mundo lo ocurrido en Venezuela al ser preguntada por el caso Zapatero. «Lamentablemente, todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Un país donde no solamente su riqueza, su territorio, sus instituciones se entregaron al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración». Todo ello con la complicidad de una gran parte de la izquierda y del mundo independentista, que han erigido al expresidente socialista en su líder espiritual. 

«Lo que hace especialmente cruel el ‘caso Zapatero’ no es solo la escala de la presunta corrupción. Es la coartada humanitaria»

La palabra que eligió Machado, «crueldad», no es retórica. Es exacta. Porque en ese escenario de hambre, miseria y éxodo masivo, Zapatero no era un observador incómodo ni un mediador bienintencionado que se equivocó de bando. Era, según la investigación judicial en curso, un participante activo en el negocio. Un hombre que se movía entre el régimen y la comunidad internacional, fingiendo tender puentes entre víctimas y verdugos, mientras por debajo circulaban comisiones por la venta de petróleo venezolano, oro y diversas operaciones de blanqueo de capitales.

Lo que hace especialmente cruel este caso no es solo la escala de la presunta corrupción. Es la coartada humanitaria. Zapatero viajaba a Caracas como mediador. Negociaba liberaciones de presos —que aparecen con asombrosa naturalidad en las mismas agendas que los porcentajes del negocio petrolero—. Mientras tanto, según los investigadores, esos mismos presos cuya liberación gestionaba formaban parte del ecosistema que hacía posible el negocio: sin dictadura no hay opacidad, sin opacidad no hay comisión, sin comisión no hay Julito escondiendo billetes en los radiadores. 

Zapatero es el primer expresidente de la democracia española imputado. Pedro Sánchez sigue defendiéndolo. Una parte de la izquierda sigue hablando de conspiración. Es la misma lógica que describió Trump en la Quinta Avenida, solo que vestida de otro color ideológico. Y lo que vienen a decir es que hacer negocio con el saqueo de un pueblo no es ninguna infamia si lo hace la izquierda. Es el retrato de su indigencia moral.