La 'absolución de Aldama' facilita que Leire Díez y el amigo de Zapatero colaboren con la justicia

Los juristas ven la sentencia del caso mascarillas como «un reclamo» para colaborar con la justicia. La resolución condena a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Sin embargo, este último no ingresará en la cárcel: los magistrados suspenden la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos. Los penalistas consultados por THE OBJECTIVE sostienen que el fallo es un aviso a navegantes porque abre la puerta a premiar a aquellos acusados que ayuden a desentrañar procedimientos judiciales, como Leire Díez o Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE carga contra la suspensión de la condena al comisionista y se pregunta si sale a cuenta ser corruptor.

El Tribunal Supremo hizo pública este lunes la primera sentencia por corrupción al sanchismo. La resolución, adoptada por unanimidad, concluye que Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. El comisionista ha sido el mejor parado. Su colaboración con la justicia facilitó que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares solo le reclamaran siete años de prisión. Esta última solicitó una rebaja con la aplicación de una atenuante muy cualificada.

Aldama no ingresará en prisión tras la aplicación de la atenuante analógica de colaboración muy cualificada. Los magistrados le suspenden la pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos» a condición de que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Tras conocer la sentencia, el propio comisionista animó a colaborar con la justicia: «Espero que los que vienen detrás colaboren» porque «la colaboración en este país sirve».

El mensaje de Aldama

«Es una sentencia social, pedagógica, con una condena ejemplar», explica María de la Torre, penalista en Govcom Abogados. En su opinión, la resolución muestra una senda, la del arrepentimiento, con la que se trata de decir que quien colabora con la justicia va a ser beneficiado. Un caso al que miran de reojo otros acusados como Leire Díez y Julio Martínez Martínez, el propietario de Análisis Relevante, la consultora con la que Zapatero habría canalizado las comisiones por su mediación en el rescate de Plus Ultra, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

De la Torre destaca que la forma de tratar los asuntos de corrupción varía en cuanto a la manera de abordar otros asuntos jurídicos: «Es muy difícil desmembrar una organización criminal porque todos sus miembros actúan bajo la premisa de que el poder lo tienen ellos; por tanto, no hay nadie más que pueda facilitar una salida». La penalista de Govcom Abogados insiste en que la sentencia del caso mascarillas y la absolución de Aldama buscan demostrar que se puede corregir «esa falsa apariencia de poder y devolver el poder al juzgado» para premiar a aquellos que colaboren con la justicia.

«Realmente es una aplicación estricta del artículo 434 del Código Penal», afirma Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea. En su opinión, la normativa se modificó para fomentar la delación de partícipes en ciertos delitos y promover la colaboración de arrepentidos. «El Supremo ha ampliado esta tendencia de premiar al delator para los delitos de cohecho en los que ha participado Aldama aplicando la atenuante analógica. Creo que es una decisión acertada y que sentará jurisprudencia».

Fontán recalca que los delitos de corrupción son «muy difíciles» de demostrar si no hay alguien que delate desde dentro de la organización criminal. Este profesor de Derecho Penal considera que este premio puede ser muy atractivo para otros colaboradores, como Leire Díez o el amigo de Zapatero, pero que no resulta «ni casual ni arbitrario». Reconoce que la suspensión de la pena a Aldama puede resultar moralmente discutible, pero que los magistrados del Supremo solo han aplicado el principio de legalidad.

Las críticas del PSOE

«Evidentemente, Aldama ha sido premiado. Se ha aplicado el artículo 80.3 del Código Penal en su modalidad muy cualificada. Lo curioso aquí es la diferencia de pena abismal respecto a Ábalos y Koldo García. Es desproporcionado, pero viable en derecho», subraya Alfredo Arrien, penalista de Paredes & Asociados. Otro abogado, Álvaro Sánchez del Olmo, recalca que la decisión adoptada por los magistrados respecto al comisionista «es un verdadero reclamo, un llamamiento a Leire Díez, pero sobre todo a Julio Martínez Martínez».

Sánchez del Olmo admite que le ha sorprendido la concesión de la atenuante analógica a favor de Aldama porque los juzgados son cada vez más exigentes con la ejecutoria. No obstante, desde un punto de vista técnico, se trata de una decisión fundamentada y válida. «No crea jurisprudencia, aunque las sentencias del Supremo lo hagan. Para ello debe seguirse una línea doctrinal, pero lo que está claro es que es una llamada de atención a otros acusados que estén pensando colaborar con la justicia».

En esa tesitura se encontrarían Leire Díez y el amigo de Zapatero. La denominada fontanera del PSOE baraja cambiar de abogado y ha sondeado a varios letrados para desmarcarse del PSOE ante la previsión de que le atribuyan toda la responsabilidad por la trama para obstaculizar procedimientos judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La exmilitante socialista estaría pensando en seguir una estrategia colaborativa, como Aldama. Una vía que también explora Julio Martínez Martínez, que a finales de mayo rompió con Bernardo del Rosal y contrató a la abogada María Dolores Márquez de Prado, experta en pactos.

El PSOE ha cargado contra la suspensión de la condena a Aldama. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha celebrado en X que «quien la hace, la pague», pero ha criticado que el comisionista evite la cárcel por haber colaborado con la justicia: «¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo». El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recriminado en sus redes sociales que se trata de una sentencia «tremendamente aleccionadora». Una opinión que contrasta con el mensaje que lanzó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras el indulto concedido el 29 de octubre de 2024 a José Luis Peñas, denunciante de la trama Gürtel.

El exconcejal del PP en Majadahonda fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y a la inhabilitación absoluta como funcionario público por la comisión de cinco delitos. Bolaños señaló entonces que la pena de prisión no se ejecutó porque ninguno de los delitos llegó a dos años. El perdón era parcial, pues suponía que se pudiera reincorporar a su plazo y se le inhabilitara solo para cargos de libre designación. Incluso alegó informes favorables de la Fiscalía que subrayaban la directiva de protección del denunciante: el merecido indulto «por haber colaborado de forma tan activa y necesaria para el esclarecimiento de los hechos».