La víctima incorrecta: de George Floyd a Henry Nowak

«No puedo respirar». Tres palabras. El último ruego de un hombre que estaba muriendo. En el verano de 2020, esa frase viajó por el mundo y se convirtió en el lema de una crisis moral global. Se vio pintada en muros desde Minneapolis hasta Manchester. Se derribaron estatuas, los policías se arrodillaron y los parlamentos cambiaron las leyes.

Cinco años después, en una noche de diciembre en Southampton, un joven de 18 años estaba sangrando en la acera tras recibir cuatro puñaladas. También pronunció esas mismas palabras. Se las repitió a los policías que acudieron a la escena del crimen. Les dijo que lo habían apuñalado. Sin embargo, los agentes lo ignoraron y lo esposaron mientras seguía perdiendo sangre.

Su nombre era Henry Nowak. Era blanco. Su asesino no lo era. La razón por la que la policía esposó a la víctima en vez de al agresor muestra mucho de lo que está fallando en las instituciones occidentales: alguien acusó a Henry de abuso racial. Esa acusación, sin comprobar y creada por el asesino para cubrirse, bastó para cambiar por completo la reacción policial. El asesino se fue libre y el joven herido fue tratado como sospechoso.

Occidente no perdió el norte de golpe. Lo perdió de forma paulatina, institución por institución, política por política, curso de formación por curso de formación. Las historias de George Floyd y de Henry Nowak no son opuestas: son, en un sentido terrible, una continuidad. El inicio y el final de una trayectoria que comenzó con una preocupación legítima por la justicia y llegó a su inversión sistemática.

El momento Floyd: duelo legítimo, respuesta distorsionada

Conviene ser precisos sobre lo que ocurrió en Minneapolis el 25 de mayo de 2020, y sobre lo que la reacción política posterior hizo con ello. George Floyd murió después de que el agente Derek Chauvin le presionara el cuello con la rodilla durante nueve minutos y 29 segundos. El médico forense del condado de Hennepin lo calificó de homicidio por paro cardiorrespiratorio como resultado de la contención y la compresión cervicales. Chauvin fue posteriormente condenado por asesinato. El veredicto era defendible sobre la base de las pruebas presentadas.

«Quienes mencionaban la evidencia toxicológica eran tildados de racistas»

Las circunstancias del encuentro de Floyd con la policía son, sin embargo, más complejas de lo que la narrativa canónica permite. Fue detenido después de que un empleado de un comercio lo denunciara por presuntamente haber pagado con un billete falso de 20 dólares. La toxicología realizada en el hospital del condado de Hennepin detectó 11 nanogramos de fentanilo por mililitro de sangre. Los apuntes manuscritos del médico forense describieron ese nivel como «bastante alto» y suficiente para «calificarlo como sobredosis» si Floyd hubiera sido encontrado muerto en otras circunstancias; otro memorando lo describió como «un nivel letal de fentanilo en circunstancias normales». También se detectó metanfetamina. Su corazón presentaba un deterioro severo, con al menos una arteria coronaria obstruida en aproximadamente un 75%.

Nada de esto exonera a Derek Chauvin. Los peritos de la acusación argumentaron de manera coherente que la contención, y no la toxicología, fue la causa proximal de la muerte, y un jurado así lo estableció. Pero el cuadro completo importa por otra razón: ilustra cómo un caso jurídico y médico genuinamente complejo se transformó casi de inmediato en una sencilla obra moral sobre la supremacía blanca. El matiz no fue simplemente ignorado: fue activamente suprimido. Quienes mencionaban la evidencia toxicológica eran tildados de racistas. Quienes cuestionaban los protocolos policiales eran descartados como apologistas de la brutalidad policial.

Lo que vino después no fue una reforma institucional reflexiva, sino una revolución. Las policías de Estados Unidos y Reino Unido pasaron por grandes programas de reforma antirracista. Los agentes aprendieron a tratar cualquier acusación de racismo como creíble. Se introdujo el concepto de sesgo inconsciente como una explicación que no puede cuestionarse. Las normas se cambiaron para que las quejas raciales recibieran prioridad. En nombre de la «justicia para George Floyd», el equilibrio no se restauró, sino que se inclinó hacia un lado.

El ‘caso Nowak’: lo que produjo la balanza inclinada

Henry Nowak volvía a casa tras una salida nocturna con sus compañeros de fútbol el 3 de diciembre de 2025 cuando fue atacado por Vickrum Digwa, quien lo apuñaló cuatro veces. Mientras Henry yacía en el suelo, desangrándose, Digwa hizo un movimiento calculado: llamó a la policía por teléfono, señalando que Henry lo había insultado racialmente.

Los agentes le creyeron. O, mejor dicho, actuaron como su formación les había enseñado. El resultado fue terrible: la víctima, un adolescente apuñalado y desangrándose, fue tratada como sospechoso. Un agente le dijo a Henry, mientras él insistía desde el suelo que lo habían apuñalado: «No creo que te hayan hecho nada, colega», y lo esposó. Nowak repitió, como Floyd, que no podía respirar. Y así murió.

Pues bien, el 1 de junio, Digwa fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 21 años. Su madre, Kiran Kaur, fue condenada por encubrimiento tras intentar ocultar el arma del crimen. Y, sin embargo, nada de esto devolverá a Henry Nowak a su familia.

El Estado de derecho, abandonado

Lo que une ambos casos no es la raza, o no principalmente. Lo que los une es la corrupción sistemática de dos principios fundacionales de cualquier orden jurídico liberal: el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley.

El principio de legalidad exige que la policía y las autoridades públicas actúen conforme a la ley, y no sobre la base de acusaciones no verificadas, presiones sociales o marcos ideológicos que ningún parlamento ha promulgado. El principio de igualdad ante la ley garantiza que todo individuo tiene derecho a la misma protección, a la misma presunción de inocencia y a la misma respuesta del Estado, independientemente de su identidad. Cuando los agentes de Hampshire eligieron creer la acusación de Digwa y esposar a su víctima, no actuaron atendiendo a las pruebas. Actuaron sobre la base de un aparato formativo que les había condicionado a otorgar credibilidad automática a las denuncias de abuso racial, independientemente del contexto.

Esto es lo que se entiende por «policía de dos velocidades», una expresión que el jefe superior dice no reconocer y que el primer ministro Starmer ha tachado de «instrumento de división y agravio». La incomodidad de la clase política con el término es comprensible. Reconocer la policía de dos velocidades significa reconocer que las reformas de la era post-Floyd han producido, al menos en algunos casos, la inversión exacta de la justicia que pretendían evitar. Significa reconocer que el problema no son agentes corruptos con prejuicios personales, sino la captura institucional por un marco ideológico que distribuye la protección procedimental de manera desigual en función de la identidad racial.

La empatía suicida: un diagnóstico para Occidente

El psicólogo evolutivo Gad Saad, profesor en la Universidad Concordia y autor del influyente La mente parasitaria, acuña en su último libro, Suicidal Empathy: Dying to Be Kind (2026), una expresión que captura con precisión patológica lo que ha sucedido en las instituciones occidentales: la empatía suicida. Saad describe un fenómeno en el que las sociedades, al elevar la victimización al rango de virtud suprema y al convertir el castigo en una crueldad inasumible, terminan priorizando los sentimientos de los grupos considerados marginados por encima de la verdad, a los criminales por encima de sus víctimas. El resultado es una inversión moral catastrófica: no el fracaso de la empatía, sino su exceso mal calibrado, un parásito ideológico que ha secuestrado el módulo empático de las élites progresistas y lo ha vuelto contra la civilización que lo alimentó.

«La empatía —con el supuesto ofendido— mató al que de verdad moría»

El caso Nowak es, en este sentido, la ilustración perfecta de la tesis de Saad. Los agentes no fueron crueles. No actuaron movidos por ningún animus racial contra un adolescente blanco. Actuaron movidos por el miedo a las consecuencias institucionales que acarrearía parecer insensibles ante una denuncia racial. Cinco años de reforma post-Floyd habían convertido ese miedo en algo real y tangible. La empatía —con el supuesto ofendido— mató al que de verdad moría. La piedad mal orientada es, en efecto, suicida. Y en este caso también fue homicida.

España: el racismo que nunca llegó, la dialéctica que sí lo hizo

España no ha vivido, al menos de momento, el fenómeno Nowak. Y la razón es reveladora: el wokismo anglosajón no ha podido exportar con éxito a nuestro país su versión concreta de la «cuestión racial», precisamente porque España carece de una población negra o de una minoría racial de masa crítica suficiente como para articular ese relato. La comunidad hispanoamericana, la más numerosa entre las de origen no europeo, ilustra bien la cosa: pese a la diversidad de sus tonos de piel, jamás ha generado en España la tensión racial que los activistas de importación necesitarían para su narrativa. Eso, le pese a quien le pese, dice algo muy elocuente sobre nosotros: no somos un país racista.

Pero la dialéctica de fondo —la misma lógica marxista de opresores y oprimidos, la misma arquitectura de credibilidad asimétrica, el mismo mecanismo por el que la acusación sustituye a la prueba en cuanto se formula dentro del marco ideológico correcto— sí ha llegado a España. Llegó con otro disfraz: el de la lucha contra la violencia de género. Y en este terreno, los paralelismos con el caso Nowak son tan exactos como estremecedores.

El sistema jurídico español en materia de violencia de género opera con una presunción estructural de credibilidad a favor de la denunciante. Esto no es un juicio moral sobre las víctimas reales de la violencia doméstica, que son numerosas y merecedoras de toda la protección que el Estado pueda ofrecerles. Es una descripción de cómo funciona, en la práctica, un sistema que ha decidido que el riesgo de dejar sin protección a una víctima auténtica es siempre mayor que el de condenar o arruinar a un inocente. Ese cálculo, que tiene sus argumentos, también produce sus víctimas. Y esas víctimas, durante décadas, se ha dicho oficialmente que no existen.

«La pertenencia a un grupo categorizado como opresor convierte al individuo en sospechoso antes de que exista prueba alguna»

Precisamente por ello ha causado tal revuelo el libro del escritor y periodista Juan Soto Ivars Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género (Debate, 2025); un ensayo que lleva años de investigación y documenta sistemáticamente un fenómeno que la narrativa dominante ha preferido negar: el de las denuncias falsas o instrumentales por violencia de género, como fuente de una injusticia grave y silenciada. La reacción al libro fue exactamente la que predecía su título: «Esto no existe.» Sin haberlo leído, activistas feministas lo tildaron de «negacionista», exigieron su cancelación en bibliotecas públicas y reclamaron a la ministra de Igualdad que lo desmintiera públicamente.

Las cifras que maneja Soto Ivars resultan perturbadoras. Partiendo de que solo el 25% de las denuncias por violencia de género en España acaban en condena, y de que las estimaciones más conservadoras de los expertos sitúan en torno a un tercio la proporción de falsas o instrumentales entre el universo de las denuncias no fundamentadas, la investigación llega a la conclusión de que entre 2006 y 2023 podrían haber sido víctimas de denuncias falsas alrededor de 750.000 españoles. Tres cuartos de millón de inocentes que la narrativa de género dice, oficial y doctrinalmente, que no existen.

La dinámica que Soto Ivars documenta es estructuralmente idéntica a la que mató a Henry Nowak: un sistema que, por razón del marco ideológico en el que opera, concede credibilidad automática a la acusación formulada por el miembro del grupo considerado oprimido —aquí, la mujer— y distribuye la presunción de culpabilidad sobre el miembro del grupo considerado opresor —aquí, el hombre—. El aprovechamiento del sistema, sea motu proprio, a instancias de un abogado, de una nueva pareja o de allegados, tiene una víctima clara e invisibilizada: el hombre denunciado en falso. Un hombre al que el Estado —exactamente igual que los agentes de Hampshire con Henry Nowak— puede llegar a esposar, figurada o literalmente, mientras quien le acusa queda libre.

El paralelismo no es retórico, sino estructural. En ambos casos, el mecanismo activado es el mismo: la pertenencia a un grupo categorizado como opresor convierte al individuo en sospechoso antes de que exista prueba alguna. La carga de la prueba se invierte. Y el aparato del Estado, formado y condicionado para responder de esa manera, ejecuta la inversión con la mejor de las conciencias.

La instrumentalización de la compasión

Conviene distinguir entre la respuesta emocional legítima ante casos reales de injusticia y la arquitectura institucional que se construye a partir de ella. La imagen de un hombre que muere bajo la rodilla de un policía, repitiendo que no puede respirar, resulta genuinamente aterradora. La ira que provocó era, en sus orígenes, genuinamente humana. La realidad de las mujeres que sufren violencia doméstica —en España y en todas partes— exige una respuesta institucional seria y sostenida.

Pero la compasión, por genuina que sea, no es un sustituto del derecho. Y cuando las instituciones comienzan a operar sobre la base de la empatía en lugar de los principios, cuando la asignación de protección policial o judicial se convierte en función de la identidad de grupo percibida en lugar de los hechos observables, el resultado no es la justicia. Es la destrucción de sus condiciones de posibilidad.

Vickrum Digwa entendió esto de forma intuitiva. No necesitaba una formación sofisticada en teoría crítica de la raza para reconocer que una reclamación de victimización racial tendría más peso institucional que la declaración fáctica de un chico que se desangraba. Había asimilado la lección que Occidente llevaba cinco años enseñando: en un conflicto entre un presunto agresor racial y una presunta víctima racial, las instituciones protegerán a la segunda, independientemente de las evidencias. Utilizó esa lección como arma. Mató a Henry Nowak. Y lo mató, por cierto, con el cuchillo o espada pequeña llamada kirpán que, como sij, él podía portar por motivos religiosos; no así Nowak, indefenso.

Las mismas palabras, un mundo diferente

George Floyd y Henry Nowak nunca se conocieron. Vivieron en continentes distintos, pronunciaron sus últimas palabras en lenguas distintas y murieron en contextos jurídicos y sociales distintos. Pero compartieron esas palabras finales. Y al compartirlas, delimitan un arco de cinco años de la historia institucional occidental que debería inquietar a cualquiera que se preocupe por la justicia igual ante la ley.

«La justicia no es un recurso que se asigna por identidad, sino un principio que se aplica sin excepción a todo ser humano»

Un sistema que protege algunas vidas más que otras en función de la identidad no es un sistema antirracista ni feminista: es un sistema racista o sexista con distintos beneficiarios. Al responder a la llamada, los agentes que esposaron a Henry Nowak no estaban, con toda probabilidad, movidos por ningún animus racial contra un adolescente blanco, sino que eligieron protegerse de sus consecuencias. Eligieron mal. Y Henry Nowak pagó su elección con la vida.

Mark Nowak ha pedido que la muerte de su hijo no se utilice para generar más división. Es una petición noble, y hay que honrarla. Pero honrarla no significa fingir que nada salió mal de manera sistemática. Al contrario: lo más respetuoso que podemos hacer por la memoria de Henry Nowak es exigir, con claridad y sin escenificaciones partidistas, que las instituciones del Estado regresen a su obligación más elemental: proteger cada vida con igual urgencia, sobre la base de evidencias, sin temor ni favor.

Occidente no perdió el norte en un único momento dramático, sino en mil decisiones incrementales de personas bienintencionadas que confundieron las exigencias de la justicia con la comodidad de una narrativa preferida. Recuperarlo requerirá un coraje igualmente incremental: la voluntad de decir que la justicia no es un recurso que se asigna por identidad, sino un principio que se aplica sin excepción a todo ser humano. Hay diferencias, claro está. Henry Nowak era todo lo que, sin serlo, se decía que era George Floyd. Descanse en paz.