Los autónomos serán los perdedores del nuevo cómputo de la pensión que prepara el Gobierno, según un informe del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social que integran miembros de la Universidad de Valencia, la de Extremadura y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En promedio, los autónomos perderán un 10,3% de pensión respecto al cómputo vigente de vida laboral, cuando los asalariados verán recortada su pensión futura en un 8,6%.
El futuro sistema de cómputo también agravará la brecha de género en las pensiones, según el mismo documento, que atribuye una caída del 10,3% a las futuras pensiones de las mujeres frente al 7,9% de los hombres, siempre sobre la base de una elevación en diez años del periodo de cálculo de las futuras pagas.
El Gobierno plantea elevar el número de años que se tienen en cuenta para cobrar la pensión, bajo el paraguas de la reconducción del Sistema de Pensiones que demanda Bruselas, como viene anunciando reiteradamente en su esquema de reconducción de las cuentas de la Seguridad Social.
Los supuestos del informe del citado grupo de investigación gravitan sobre un cálculo de la pensión en función de 35 años cotizados, frente a los 25 que actualmente se toman en cuenta.
Sucede que los cambios en el mercado laboral y las crisis económicas han trastocado la evolución salarial de los trabajadores, rompiendo la lógica previa de cobrar mayores sueldos al término de la vida laboral. Ello abre la casuística, no siendo ya claro que tomar el último tramo de la vida laboral beneficie a las futuras pagas.
En concreto, y según el estudio, el futuro modelo afectará más a los autónomos, ya que este colectivo suele tributar por la base mínima la mayor parte de su carrera, una capacidad de elección de la que carecen los asalariados, que cotizan en función de su tramo de ingresos.
«El régimen de autónomos (con una reducción del 10,3%) saldría más perjudicado que el régimen general (con una disminución del 8,6%)», debido, entre otros factores, a que en en el colectivo de trabajadores por cuenta propia no se integran las lagunas de cotización. Además de ser mayoritaria la cotización por la base mínima en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), los meses no cotizados computan con cero, penalizando el valor de la base reguladora sobre el que gira el cálculo futuro de la pensión.
Reforma exigida por Bruselas
La medida que prepara el Gobierno se encuadra en el marco de la agenda de reformas que es obligatorio presentar a Bruselas para recibir los 70.000 millones de euros de los fondos europeos destinados a paliar los efectos de la pandemia e irá unida a una redefinición del sistema de pensiones en la que se definirá un mecanismo de equidad intergeneracional -basado en alzas de cotizaciones y una monitorización periódica de la evolución del gasto-, la creación de un fondo público de pensiones y la compensación contable del alza de las pagas en función del IPC medio del año anterior.
La primera fase de la reforma se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y se completará con una segunda toma que es obligatorio rubricar durante 2022.
El informe de los expertos resalta que el efecto de la ampliación del periodo de cálculo depende más de unas características que de otras, siendo la más importante la duración de la carrera laboral. Las carreras cortas verán reducida su base reguladora (cantidad sobre la que se calcula la pensión) un 14,9% frente al 7,5% de reducción para las carreras largas.
Agrava la brecha de género
Ello deriva en el agravamiento de la brecha de género, a consecuencia de que estadísticamente las mujeres hoy próximas a la jubilación presentan carreras laborales más cortas «pudiendo producirse una discriminación indirecta por razón de género».
La edad de jubilación también tendrá un efecto relevante en el futuro cómputo, siendo mayor el impacto sobre los retiros demorados (11,6%) que sobre los anticipados (7,9%), estando las jubilaciones que coinciden con la edad legal en un recorte intermedio del 8,9%, según el informe de los expertos.
Si bien la propuesta del Ministerio que encabeza José Luis Escrivá no es nueva, como el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado, la cercanía de su diseño ha causado malestar entre los sindicatos. Este jueves, CCOO y UGT advertían al Gobierno de que no aceptarán «en ningún caso» medidas que supongan un recorte de las pensiones como sería, a su juicio, la de la ampliación del periodo de cálculo. En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han criticado la «incomprensible oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno» en cuestiones tan sensibles como ésta.
Desde el colectivo de autónomos, previsiblemente más castigado por la medida, se critica que este capítulo concreto no ha sido trasladado a la Mesa del Diálogo Social, comenta un portavoz a THE OBJECTIVE. Demandan, además, los autónomos que el trabajador pueda en cierta medida elegir sus mejores años de cotización, sin descartar que algunos coeficientes limen esa cantidad en función de los años con contribuciones más bajas al Sistema.
