Iberdrola prepara una batalla judicial en México tras la cruzada de López Obrador contra las empresas españolas
Iberdrola se prepara para una batalla judicial en México si finalmente el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, consigue sacar adelante la ley con la que pretende que el sector público genere al menos el 54% de la energía y el resto se reparta entre el privado.
En concreto, busca revertir la Reforma Eléctrica realizada en 2013 por Enrique Peña Nieto. Según la información publicada por medios del país, la propuesta contempla la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, además de las figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.
Fuentes jurídicas señalan a THE OBJECTIVE que López Obrador tiene muy complicado conseguir su objetivo y que la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán cuenta con todo a su favor para salir indemne.
«Las medidas de López Obrador son populistas»
Las mismas fuentes subrayan que tan solo son «medidas populistas» del presidente mexicano en su «cruzada» contra empresas extranjeras, sobre todo a las españolas. También indican que distintos organismos han advertido ya de que México descendería en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
En la actualidad, Iberdrola México dispone en el país de una capacidad instalada de más de 9,3 gigavatios (GW) a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 693 megavatios (MW) en siete parques eólicos y 470 MW en tres parques fotovoltaicos, con presencia en 15 estados. En 2019, generó el 16%, siendo la mayor productora tan solo por detrás del propio Estado.
Por su parte, Acciona Energía cuenta con 1.076 MW eólicos en México y 405 MW fotovoltaicos, según su informe de tendencias de mercado correspondiente al periodo enero-septiembre de este año. Naturgy tiene una capacidad instalada de 234 MW y 2,9 GW en ciclos.
«Es una importante victoria del sector»
Por otro lado, dichas fuentes indican que el sector energético ha logrado una «importante victoria» en España tras la marcha atrás del Gobierno con el polémico Real Decreto-ley que recogía una minoración a la generación hidráulica y nuclear.
«Lo que pretendía era imposible. Se le vendría abajo todo el sector sumando el alza de precios generalizada y la falta de materias primas. El Gobierno ha rectificado, pero hay otro proyecto en el Congreso [el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico] que va en mala dirección», apuntan.
Resaltan también que este tipo de acciones «criminaliza» a las empresas y que se debería apostar más por una «regulación razonable». En su opinión, la minoración de beneficios extraordinarios que planteaba el Ejecutivo y que las empresas defienden que no existe «no respetaba la seguridad jurídica».
