Una oleada de huelgas y movilizaciones amenaza con amargar el final de año a Sánchez
Los expertos advierten de nuevas presiones inflacionistas azuzadas por las concesiones que el Gobierno haga a los sectores más sensibles, como el del campo y el transporte
Manifestantes del sector del metal, en Cádiz. | Europa Press
«No vamos a dejar a nadie atrás», ha reiterado el presidente del Gobierno desde que la pandemia comenzó a hacer estragos en la economía. Se trata de una promesa cuyo cumplimiento se le complica, ya que ahora Pedro Sánchez se enfrenta a un invierno caliente, con una oleada de movilizaciones, protestas y huelgas por delante: camioneros, policías, agricultores, trabajadores del metal, guardias civiles, profesores. Fuentes próximas al Ejecutivo trasladan a THE OBJECTIVE la preocupación en el seno del Gobierno por el efecto que algunas concesiones a estos colectivos pueda tener sobre la inflación y el empleo justo cuando la recuperación pierde gas.
El economista de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) Miguel Ángel Bernal apunta en esa dirección. Explica que las peticiones de diversos sectores se van a concentrar en reivindicaciones salariales que engrosarán los costes empresariales ya incrementados por el efecto arrastre de la subida del SMI, el encarecimiento de los suministros, y las alzas de cotizaciones anunciadas. Añade que esto además sucede justo cuando España debe avanzar en las reformas que la Unión Europea exige para recibir los fondos europeos y recuerda que el gasto en pensiones se tensionará aún más por la vuelta a la revalorización con la inflación media del año anterior.
Además, como explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, «las movilizaciones que están en marcha y las que van a venir ponen en evidencia la dificultad de contentar a todos los sectores y cumplir el lema de no dejar a nadie atrás».
A esta dinámica de mayor conflictividad se le suma el descontento de los empresarios con la política laboral del Gobierno y el de los sindicatos mayoritarios con los planes del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para incrementar los años que computan para el cálculo de la pensión.
Así pues, el Gobierno enfila un final de año reivindicativo por diversos frentes y sectores que se suman a las recientes manifestaciones enmarcadas en diversos puntos de la geografía española para solicitar el blindaje constitucional de las pensiones y los trabajadores del metal en Cádiz.
Los transportistas han convocado tres jornadas de huelga justo antes de Navidad, los días 20,21 y 22 de diciembre, que mantendrán si en la reunión que celebrarán este viernes con la secretaria general de Transportes, María José Rallo, no logran avances en sus peticiones, comprometidas con el exministro José Luis Ábalos. Los camioneros denuncian los altos costes que soportan las 100.000 empresas del sector: el carburante ha subido un 35% en lo que va de año y supone un 40% del coste de explotación de un camión, explica un portavoz a este diario. Reclaman que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se siente con el sector y lamentan que aún no lo haya hecho.
Los agricultores y ganaderos se van a sumar a esta causa: castigados también por el alza de los costes de producción y bajo el lema #SOSrural piden medidas que garanticen su supervivencia y la repoblación de la España Vaciada. Las principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y Upa- han anunciado su «vuelta a las carreteras» y «un gran proceso de movilizaciones».
Descontento también en el sector público
En el ámbito del empleo público el descontento crece de día en día, desde la polémica medida de conversión de interinos en trabajadores indefinidos de las Administraciones hasta el temor de los profesores por la injerencia ideológica en las aulas pasando por las movilizaciones que iniciarán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en protesta contra la reforma de la ley mordaza o la reclamación por parte de Correos de un aumento de plantilla de 10.000 puestos fijos en dos año.
Además, el sindicato CSIF reclama mayores subidas salariales para los empleados públicos al estimar que han perdido un 10% de poder adquisitivo en una década.
En resumen, y como sentencia Bernal, las eventuales concesiones que haga el Gobierno para aplacar el descontento multisectorial afectarán a los precios y debilitarán la ya minada confianza del tejido productivo en una economía que crece menos.
Cepyme reclama al Gobierno que concrete los incentivos a las empresas para frenar la despoblación, contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, sumándose a las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel para que se apliquen cuanto antes las ayudas que la Comisión Europea ha reconocido a las empresas de estas zonas. Estas provincias han sido reconocidas por Bruselas como áreas escasamente pobladas al presentar una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto ha supuesto que en la revisión de las Directrices de ayudas de Estado con finalidad regional se contemple estas zonas como zonas desfavorecidas, lo que, a su vez, permite la concesión de bonificaciones a las empresas situadas en dichas provincias hasta un máximo del 20% de sus costes laborales.
