El Gobierno dejará de ingresar 2.300 millones por las deducciones fiscales de la ley de 'startups'

El Gobierno calcula que dejará de ingresar 2.309 millones por las deducciones fiscales introducidas para las ‘startups’ en el Anteproyecto de Ley del ecosistema de las empresas emergentes, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

Según la memoria económica del anteproyecto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el gran grueso de la reducción de ingresos vendrá de la disminución a un 15% del impuesto de sociedades durante cuatro años para estas empresas, que supondrá 2.000 millones de euros menos de recaudación.

El Gobierno toma como escenario que unas 5.000 empresas emergentes con una facturación de dos millones de euros pasen dos años acogidas a las deducciones de la ley (que termina de aplicarse cuando la empresa factura más de cinco millones de euros) para llegar a esta cantidad.

De aprobarse la norma y mantenerse el proyecto intacto, las ‘startups’ también podrán aplazar el pago del impuesto de sociedades y de la renta para no residentes sin intereses durante dos ejercicios, lo que repercutiría en 21 millones de euros de costes financieros, sin contar las empresas que aplazaran el pago y entraran luego en concurso.

Otro de los puntos más celebrados por el sector e incluidos en la reforma es el aumento hasta 50.000 de la cantidad de ‘stock options’ (remuneración en acciones) que los trabajadores de las firmas pueden recibir libres de impuestos y el pago de impuestos una vez se liquide la acción. El Gobierno calcula que, por estas medidas, dejará de ingresar 154 millones de euros.

Asimismo, el aumento hasta 100.000 euros de la base máxima de deducciones para la inversión en innovación libre de impuestos y la elevación de la deducción al 40% de la inversión supondrá para perder otros 120 millones de euros de recaudación para las arcas públicas, según estos cálculos.

Otros dos puntos donde la ley introduce reformas impositivas, como el régimen de impatriados y la exención de cuota de autónomo para los emprendedores que formen una ‘startup’ mientras trabajan por cuenta ajena, supondrán una merma de hasta 7,35 millones de euros y entre 3,5 y 7 millones de euros, respectivamente.

En el caso de estos dos últimos apartados, el cálculo es el máximo, mientras que para las inversiones se han tenido en cuenta las deducciones aplicadas en años anteriores.

1.000 nuevas ‘startups’

Entre los cálculos que se hace el Gobierno se menciona la posibilidad de que el proyecto dé pie a que se creen unas 1.000 nuevas ‘startups’ en España.

Según un estudio de Fundación Bankinter, estas empresas han recibido 3.500 millones de euros de inversión en lo que va de año.

Asimismo, la videpresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que se trata de un régimen fiscal «muy favorable» con el que el Ejecutivo pretende crear un ecosistema innovador que, a su vez, genere empleos de buena calidad.

De hecho, en la exposición de motivos de la ley, el Gobierno muestra su deseo de que estas empresas sean uno de los motores de la recuperación y modernización de la economía española.

La ley reduce trámites administrativos para favorecer la creación de estas empresas, cuya condición innovadora certificará Enisa, y para atraer inversión extranjera, al tiempo que facilita la gestión de visados con la idea de atraer a los llamados ‘nómadas digitales’.

También busca fomentar la colaboración de lo público con este tipo de empresas con la creación de ‘sandbox’ (entornos de prueba) para sus productos, así como programas de compra innovadora público-privada.

Aprobación de Bruselas

Otro de los aspectos que revela el anteproyecto es que los artículos que afectan a la tributación, el aplazamiento de impuestos, la exención de aranceles notariales y de registro, la compensación del patrimonio neto, así como a los beneficios para la compra pública deberán pasar por el filtro de la Comisión Europea para que considere si son ayudas estatales.

El texto completo también sirve para concretar otros cambios respecto al borrador como el fomento del emprendimiento en serie, ya que se permitirá calificar de empresa emergente a compañías en las que uno de sus fundadores se haya acogido ya dos veces a la ley.

La norma está preparada para entrar en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que el Gobierno ha trasladado a Bruselas que se producirá en el último trimestre de 2022, ya que se trata de una de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, el Ejecutivo da un año para establecer un calendario de actuaciones que permitan registrar estas sociedades con el móvil o cualquier navegador. Uno de los aspectos fundamentales de la ley es que reduce trámites y permitirá el registro de empresas emergentes en un plazo de seis horas siempre y cuando usen estatutos tipo.

La legislación también establece que la autocartera podrá ser máximo del 20% del capital social de las ‘startups’ y su única finalidad debe ser un plan de retribución de «administradores, empleados u otros colaboradores de la empresa».

Para llevar a cabo este programa, el anteproyecto propone cuatro requisitos: que esté previsto en los estatutos y sea aprobado por la junta, que las participaciones a adquirir estén íntegramente desembolsadas, que tras la adquisición el patrimonio neto no resulte inferior al importe del capital social más las reservas y que se produzca en un plazo de cinco años desde el acuerdo.

La ley ha sido bien acogida por el sector, ya que, tras un borrador que despertó sus críticas, ha recogido numerosas propuestas emitidas por empresas y asociaciones.

En total, según queda recogido en el anteproyecto, se enviaron 80 propuestas a la consulta pública que incidían en el aligeramiento de trámites (se ha eliminado del borrador la renovación de la condición de ‘startups’) y las deducciones fiscales.