El Gobierno fuerza los cálculos para cumplir con su promesa de que la luz valga como en 2018

La tremenda subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) ha traído de cabeza al Gobierno desde principios de verano, hasta el punto de que se vio obligado a lanzar un paquete de medidas fiscales para mitigar el impacto sobre la factura de la luz del consumidor final.

Hemos visto cómo día tras día la electricidad ha roto todas sus barreras alcanzando precios de hasta casi 400 euros el megavatio hora (MWh) y para más inri el 2022 no pinta mejor. Los futuros eléctricos europeos auguran un arranque de año también por encima de 300 €/MWh. El encarecimiento de la electricidad en los últimos meses se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados internacionales y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), ambos también en máximos históricos.

Bajo este contexto, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se lanzó a hacer una promesa que difícilmente podría cumplir sin una especie de artimaña. Sánchez defendió que el compromiso del Gobierno era que todos los ciudadanos paguen este año un recibo eléctrico similar al de 2018 descontando el IPC. Hay que tener en cuenta que las oscilaciones en el precio diario de la electricidad afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), unos 10,5 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre, unos 17 millones, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Pues bien, para conseguirlo, el Gobierno utilizará el precio medio anual de la electricidad de todos los hogares españoles durante 2018 y 2021, sacando un promedio tanto de los que están acogidos al mercado regulado como al mercado libre. Según fuentes de La Moncloa citadas por El País, el Ejecutivo utilizará la metodología de Eurostat con el fin de homogeneizar sus cálculos.

Son las comercializadoras las que proporcionan información a Eurostat a través de las facturas finales. El Ejecutivo usará la de un español medio con un consumo de entre 2.500 kilovatios hora (kWh) a 5.000 kWh anuales y una potencia contratada de 4,1 kWh. Por su parte, la CNMC cifra el consumo medio de una familia tipo en unos 3.000 KWh.

De este modo, calcula que en 2018 los ciudadanos pagaron un total de 608 euros por un consumo de 2.500 kWh, mientras que si dicha cantidad se actualiza con los datos de inflación en los últimos tres años, la cuantía para 2021 asciende a un recibo medio de 635 euros.

Entre enero y noviembre,  la factura mensual se ha situado en una media de 88,67 euros, lo que representa una subida del 14,9% frente a los 77,18 euros de todo 2018, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción. La asociación subraya que un usuario medio —con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales— pagó 115,18 euros en noviembre, el segundo recibo más caro tras el de octubre y un 68,14% más en comparación interanual.

Así, si los precios de la electricidad se mantienen, la asociación prevé que la última factura del año será «extraordinariamente cara», hasta rondar los 135 euros. «La factura de todo el año puede ser entre un 15% y un 20% más cara que la de 2018 —solo PVPC—. El Gobierno está comparando tarifas incluyendo PVPC y mercado libre, y creemos que no es una forma rigurosa de hacer análisis. Es una situación inédita que un gobierno incluya en la comparativa tarifas del mercado libre», señala a THE OBJECTIVE el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Medidas fiscales

El Gobierno también ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril la rebaja de impuestos que se aplica en la factura de la luz. En concreto, se alargan durante el primer cuatrimestre del año que viene las rebajas del IVA de la electricidad del 21% al 10% y del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal que permite Europa, tal y como avanzó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. 

Por su parte, la suspensión del impuesto de generación del 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, de momento, hasta el 31 de marzo. La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.

Además, se pondrá en marcha una medida adicional a todas estas rebajas destinada exclusivamente a los consumidores industriales de gas. Introducirá medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos.