El Gobierno se salta el acuerdo con los agentes sociales y cuela un cambio en la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pactó en el marco del diálogo social el reparto del alza de cotizaciones derivado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, del 0,6, en la atribución de un 0,1 al trabajador y del 0,5 al empresario. Sin embargo, como han desvelado a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras de la negociación y de la redacción del texto final, el reparto del alza de cotizaciones se hará «siguiendo la estructura actual de distribución entre empresa y trabajador», según reza la disposición adicional cuarta de la ley publicada el pasado 28 de diciembre.

El asunto no es baladí, como explican a THE OBJECTIVE varios economistas consultados al respecto, pero no tanto por el dinero que en sí mismo pueda suponer sino por el hecho de que se haya pasado por alto lo firmado con patronal y sindicatos y varias veces reiterado: el reparto no es de 0,1% trabajador y 0,5% empresa, como repitió hasta la saciedad el Ministerio, sino del 0,12% y 0,48%, algo que podría llegar a 0,2% y 0,4% en función de las tablas de cotización y algunos conceptos particulares de las nóminas específicas tratadas. Pero de fondo está la omisión del acuerdo y el desliz del nuevo régimen en una norma cuyo marco se pactó in extremis el 15 de noviembre.

Fuentes de la negociación trasladan a este diario el lastre que para un técnico de alto nivel como Escrivá suponían algunas de las negociaciones de la reforma que finalmente el texto legal ha soslayado.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) nació en tiempo récord por exigencia de los agentes sociales con especial premura para sustituir al Factor de Sostenibilidad (FS) de la reforma del PP que jamás se aplicó por sucesivos retrasos. El FS modulaba a la baja las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida aplicando cálculos actuariales y demográficos, mientras que el MEI se tradujo en una mera subida de cotizaciones repartida a razón, supuestamente, de un sexto para el trabajador y cinco para el empresario. Una vez instaurada, el plan es revisar la evolución de las cuentas de la Seguridad Social a partir de 2032 para tirar del gasto si el nuevo horizonte financiero lo hace necesario.

La Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones publicada en el Boletín Oficial el Estado (BOE) del pasado 28 de diciembre, cuya redacción final se modificó a causa de una información de este periódico, finalmente cuela un cambio no detectado hasta hoy en el reparto del alza de cotizaciones. Pero esa anécdota realmente es menor al lado de lo que transmiten los expertos a THE OBJECTIVE: se ha creado un mecanismo intergeneracional que omite cualquier elemento demográfico de su confección. Y, además de eso, en el último momento, se salta el acuerdo pactado con patronal y sindicatos el 15 de noviembre.

Para el Ministerio encabezado por Escrivá, esta modificación dará seguridad a los pensionistas y ayudará a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta primera pata de la reforma de las pensiones, que entrará en vigor este sábado, también impulsa la demora de la jubilación, la revisión de los coeficientes aplicables a las jubilaciones anticipadas y deroga el factor de sostenibilidad, que queda sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El MEI es para la Seguridad Social «una herramienta equilibrada, temporal y contingente para responder al reto demográfico». Con su incorporación, se reactiva el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales, con un nuevo reparto distinto del pactado a tenor de la redacción final del texto- de la cotización por contingencias comunes a fin de actuar como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, previo cálculo financiero en 2032 de la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.