El Gobierno prevé que el fondo para bajar la luz no se aplique hasta el segundo semestre

La medida estrella del Gobierno para abaratar la factura de la luz continúa encallada en el Congreso de los Diputados y eso que se creó como proyecto de ley con tramitación urgente. De hecho, el Ejecutivo no prevé que el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) se comience a aplicar hasta el segundo semestre del año.

Hay que tener en cuenta que la creación del fondo se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y que fue en septiembre del año pasado cuando salvó su primera votación en la Cámara Baja. El FNSSE pretende asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) —entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año— y sacarlos del recibo eléctrico.

El Ministerio para la Transición Ecológica propuso su puesta en marcha con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

Aspira a rebajar hasta un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables, por lo que supondrá un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente —en un periodo de cinco años— los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica. El objetivo es que el trasvase sea del 20% el primer año, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% al quinto ejercicio.

Bajo el sistema actual, todo recae directamente sobre los consumidores finales, pero ahora el Ejecutivo pretende que los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo sean los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.

Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos proporcionales a sus ventas. De este modo, el objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación, como tributos o ingresos de las subastas de CO2.

Según los volúmenes de venta actuales, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, seguido del eléctrico y del gasista. Así, compañías como Repsol, Cepsa o BP son las que más sufrirán las consecuencias. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

En concreto, estarán exentos de contribuir al fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el gasóleo y gas natural para navegación y pesca [excepto embarcaciones de recreo], así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural. Asimismo, habrá bonificaciones por posibles costes indirectos para el gasóleo de usos profesionales, y la industria electrointensiva y consumidora de gas natural. También se ha incluido entre los sectores con exenciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Mecanismo sobre el CO2 no emitido

Además del FNSSE, el Gobierno también estima que entre en vigor en la segunda parte del año el mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico, según se recoge en el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico para 2022.

La cartera que dirige Teresa Ribera considera que la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) percibe una sobrerretribución en el mercado mayorista (pool) y quiere usarla para sufragar parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riego de exclusión social, con un 10% del total, mientras que el 90% restante se destinará a financiar los costes asociados al Recore.

Con este anteproyecto de ley se abre paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos como beneficios caídos del cielo (windfall profit, en inglés) para estas tecnologías del mix energético. Según Transición Ecológica, la medida supondrá un recorte anual de 1.000 millones en la retribución que reciben las eléctricas.

El Gobierno quiere compensar así el impacto que está teniendo en el coste de la electricidad el alza de los precios de CO2, en máximos durante los últimos meses junto al gas. La propuesta no perjudica a ninguna planta posterior a 2005 ni alas que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogena las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyenlas instalaciones de menos de 10 MW.

El Consejo de Ministros también autorizó la tramitación urgente del mecanismo para agilizar su adopción. Entre el FNSSE y la menor retribución a la generación de energías nuclear e hidráulica, los consumidores domésticos y las pymes podrían beneficiarse de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15% y un 14%, respectivamente.

Medidas fiscales

El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril la rebaja de impuestos que se aplica en la factura de la luz con el fin de «amortiguar» el impacto que tiene el precio de la electricidad en el mercado mayorista sobre el recibo final y que pagan los consumidores. 

En concreto, estarán vigentes durante el primer cuatrimestre las rebajas del IVA de la electricidad del 21% al 10% y del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal que permite Europa. Por su parte, la suspensión del impuesto de generación del 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, de momento, hasta el 31 de marzo. La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el cuarto mes inclusive.

Las oscilaciones en el precio diario de la electricidad afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre, unos 17 millones, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía —un 60% de los hogares españoles no sabe cuál tiene contratada—.