Los afectados por el cártel de coches tienen hasta finales de abril para reclamar su indemnización

Los afectados por el cártel de coches tienen hasta finales de abril para interponer una reclamación e intentar así lograr su indemnización. La Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) reúne ya a 75.000 vehículos perjudicados e iniciará ahora una ronda de negociaciones con los fabricantes para intentar alcanzar una «solución amistosa» y evitar así los juzgados.

Para ponerse en contexto, hay que remontarse a 2015. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en julio de dicho año la mayor multa de toda su historia, de 171 millones de euros, a 23 empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles de diferentes marcas y dos empresas consultoras. 

En concreto, Competencia consideró en su día probada una infracción única y continuada —entre febrero de 2006 y agosto de 2013— que consistía en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su red de distribución y posventa. Estas son la venta de vehículos nuevos y usados, la prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y la venta de piezas de recambios oficiales.

En este sentido, las marcas no intercambiaban el precio de los coches que vendían sus concesionarios, sino que compartían la información sobre los elementos que ayudaban a fijar el precio de los vehículos en el futuro. Además, con la llegada de la crisis económica y la bajada de las ventas, el cártel se amplió al mantenimiento de los vehículos.

Resumiendo, las marcas hicieron un pacto entre ellas para elevar los precios del mercado automovilístico, señala a THE OBJECTIVE Atilano Vázquez, socio de Cremades & Calvo Sotelo, despacho que representa a la plataforma de afectados y que también llevará el caso para flotas.

La propia sentencia de la CNMC recoge que, tras las investigaciones técnicas realizadas en las distintas sedes de las marcas y distribuidoras comerciales acusadas, se percibió un sobrecoste impuesto en los procesos de ventas de vehículo, así como de los servicios de postventa. Se prevé que los precios se incrementaron, dependiendo de la marca y el tipo de vehículo, en más de 2.000 euros. Asimismo, en la indemnización se tendrá en cuenta el sobrecoste por IVA e impuesto de matriculación.

Las indemnizaciones no son fijas

No obstante, Vázquez subraya que las indemnizaciones no vienen determinadas por el marco normativo, es decir, no suponen una cuantía fija. Por tanto, el derecho a la indemnización se estipulará según el nivel de afección que el cártel haya provocado al consumidor. Por ejemplo, un coche comprado en 2006, que costó 19.050 € y que le corresponde un 10,5% de indemnización, se estaría hablando de 2.000 euros —a lo que hay que sumar intereses legales y restar honorarios de los abogados—.

Desde la AACC resaltan que los afectados no tienen que pagar nada por adelantado, sino que los honorarios de los abogados —30% más IVA— son a éxito, encargándose estos de asumir los costes de la reclamación. Según la asociación, cerca del 90% de las reclamaciones en casos de cárteles en España durante los últimos años se ha saldado con resultado favorable para los afectados.

Los requisitos básicos para tener derecho a una indemnización son: alguna transacción comercial mediante la compra de un vehículo entre 2006 y 2013, haber hecho uso del servicio de posventa entre 2006 y 2013 y que el distribuidor comercial al que se acudió esté en el listado de empresas sancionadas por la CNMC.

Por su parte, los fabricantes de coches presentaron en tromba recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias desestimatorias de la Audiencia Nacional –dictadas todas ellas entre el 19 y el 27 de diciembre de 2019— en relación a la acusación de cártel. Las marcas plantearon que si es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la CNMC califique una conducta como restrictiva de la competencia por su objeto y, por lo tanto, punible sin haber evaluado dicha conducta a la luz de su contexto jurídico y económico, finalidad y escenario contractual.

Sentencias en firme

A lo largo del año 2021, el Tribunal Supremo ha visto 14 recursos de casación. Según los fallos consultados por este medio, 13 desestiman/inadmiten las alegaciones presentadas por las empresas sancionadas contra las sentencias anteriores de la Audiencia Nacional. El alto tribunal también ha estimado el recurso de casación presentado por la CNMC contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2019 que estimaba el recurso de Mazda Automóviles España, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 656.390 euros.

Según fuentes de Competencia, en la actualidad no hay ningún recurso de casación interpuesto por los sancionados que esté pendiente. Vázquez subraya que, teniendo en cuenta estas sentencias, el plazo de prescripción sería de un año de acuerdo con el Código Civil y no cinco según la Ley de Defensa de la Competencia, al haberse declarado el cártel con carácter previo a la modificación de esta en virtud del Real Decreto Ley 9/2017.

Asimismo, considera que los plazos no deben empezar a correr antes de que haya cesado la infracción y el demandante tenga conocimiento pleno de la conducta delictiva, que se produciría con la firmeza de la sentencia, es decir, la correspondiente a Automóviles Citroën España de 20 de abril de 2021. «Por tanto, en principio, sería el 20 de abril de 2022 la fecha tope para reclamar o por lo menos para interrumpir la prescripción», argumenta.

Una vez pronunciado el Tribunal Supremo, Cremades & Calvo Sotelo agrupará las demandas por marcas, aunque antes intentará alcanzar un acuerdos con los fabricantes como se dijo al principio de la información.