Ahorrar en justicia es un pésimo negocio

«Lo que habría que hacer es matar a todos los abogados», sugiere como medida preliminar de saneamiento Dick el Carnicero, uno de los conspiradores del drama de Shakespeare Enrique VI. No pocos se apuntarían. De hecho, su interlocutor responde rápidamente: «De eso me encargo yo».

«La profesión de abogado ha sido objeto de muchas críticas a lo largo de la historia», escribe el economista Juan S. Mora-Sanguinetti en La factura de la injusticia (Tecnos, 2022). El libro realiza un repaso estadístico del sistema judicial español y una de las cifras que aporta es el censo de abogados: 143.203. Por poner el dato en perspectiva, esa es, vecino arriba vecino abajo, la población de Salamanca. Solo en Madrid hay más abogados que en toda Francia. ¿Necesitamos tantos?

Lo que el Nobel Douglass North denominó las «instituciones de ejecución», es decir, los instrumentos de que se dota una sociedad para garantizar el cumplimiento de los contratos y el respeto de las leyes, son la diferencia principal entre los países ricos y los pobres. Los primeros se caracterizan por esa abundancia de picapleitos que tanto irrita a Dick el Carnicero, pero existen alternativas más asequibles. Mora-Sanguinetti recuerda que, ante el desgobierno que sucedió al colapso del comunismo, en Albania recuperaron a mediados de los años 90 la tradición del Kanun (del griego canon, vara de medir). Este código prescribe que «la sangre no quede nunca sin vengar» y autoriza a que la familia de un hombre asesinado se cobre la vida de alguno de los varones de la familia homicida, «bebés incluidos». Ahora bien, estos se hallarán a salvo si se encierran en su domicilio, porque «la casa del albanés es de Dios y del huésped».

Es un régimen que presenta claras ventajas. Dado que son los propios ciudadanos quienes dictan y ejecutan la sentencia y quienes recluyen al reo (y toda su parentela), el Estado se ahorra el dinero en tribunales y prisiones, magistrados y policías. Por desgracia, tampoco carece de inconvenientes. En el terreno meramente jurídico, es un procedimiento poco garantista y nada proporcional, que puede convertir un homicidio accidental en la chispa de una llamarada que desborde de violencia la comunidad. Y desde una perspectiva económica, encerrar a familias enteras indefinidamente no parece lo más productivo.

Vistas así las cosas, los abogados no resultan tan mala idea. Y aunque la cifra española es ciertamente elevada, el paralelo con Francia la exagera hasta la caricatura, porque «es un país que tiene especialmente pocos», señala Mora-Sanguinetti. En términos relativos, nuestros 304,6 abogados por cada 100.000 habitantes se sitúan por encima de los 252,4 de media de las jurisdicciones analizadas por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, pero no se alejan demasiado de los 270,3 de Reino Unido y están claramente por debajo de los 388,3 de Italia.

Radiografía

En general, los españoles no tenemos una buena imagen de nuestra justicia. En un sondeo de Metroscopia encargado por el Consejo General del Poder Judicial en mayo del año pasado, el 72% de los consultados opinaba que era lenta, el 48% decía que funcionaba mal y el 70% atribuía la culpa a la falta de recursos. ¿Se sostiene este dictamen a la luz de la información reunida en La factura de la injusticia?

Mora-Sanguinetti argumenta que los tres parámetros que definen un buen sistema judicial son la rapidez, el coste y la predictibilidad, y utiliza estadísticas internacionales para contrastar cómo se comporta en relación con los países de nuestro entorno.

En el primer apartado, la «conclusión es tan tibia como sorprendente»: no tenemos una justicia especialmente lenta. Según la OCDE, en España hacen falta 272 días para resolver un litigio civil en primera instancia, frente a los 274 de Francia, los 350 de Reino Unido o los 564 de Italia. Son más expeditivos los alemanes (200 días), pero estamos por debajo de la media. Ahora bien, esta agilidad relativa no impide que crezca la bola de asuntos pendientes. Entran en los juzgados casi el doble de los que salen ahora mismo.

En cuanto al coste, el Banco Mundial lo mide como la proporción de la suma reclamada que se queda el sistema. En España es del 17,2%, es decir, que una empresa que interpusiera una demanda de 100.000 euros debería provisionar 17.200 para gastos legales. No es una cantidad excesiva. La media en nuestro entorno es del 24,5%. Los franceses pagan un 17,4%, los británicos un 45,7% y los italianos un 27,6%.

¿Y cómo son de predecibles nuestros jueces? Lo lógico sería que casos similares recibieran sentencias similares y, en ese mundo ideal, apenas habría que ir a la segunda instancia. La frecuencia de recursos es, por tanto, una aproximación de la predictibilidad del sistema y, en el caso de España, es alta: 8,2%. Están peor en Francia (12%), pero no en el Reino Unido (7%) o Portugal (5%).

Finalmente, no tenemos un problema de infrafinanciación, como aventuran los sondeados por Metroscopia. Nuestros vecinos invierten en justicia el 0,27% del PIB o 90,56 euros por habitante. España gasta el 0,33% y 92,6 euros.

Remedios

La justicia española «funciona razonablemente» y es mejor que su reputación, pero «no podemos conformarnos con estar en la media», escribe Mora-Sanguinetti. Un sistema más eficiente tendría consecuencias tangibles en el bienestar. Existe, por ejemplo, una correlación directa y significativa entre la falta de diligencia de la justicia y los pisos que se ponen en alquiler. La explicación es que los propietarios se acobardan cuando ven que no se persigue con la debida presteza a los inquilinos que incumplen sus obligaciones. Mora-Sanguinetti calcula que si se lograra reducir en un punto la congestión judicial, Madrid ganaría 3.400 viviendas, Barcelona 3.100 y Valencia 1.400.

Algo similar ocurre con el emprendimiento. Si la provincia española con peor rendimiento judicial se pusiera al nivel de la más eficaz, la entrada de compañías crecería entre el 5% y el 7%. También se invertiría más. ¿Cuánto? Si Alicante funcionara como Álava, recibiría un 0,8% más de fondos.

Mora-Sanguinetti plantea algunos remedios. Podrían conseguirse mejoras dejando que los jueces no se limitaran a dictar sentencias y asumieran la gerencia de sus juzgados, como ocurre en Alemania o Finlandia. También habría que potenciar la mediación, la conciliación y el arbitraje y, por supuesto, racionalizar el despliegue de herramientas informáticas: Minerva, Cicerone, Adriano, Atlante… Es tarde para fusionarlas, pero no para hacerlas plenamente interoperables.

Ninguna de las propuestas es prohibitiva, pero tampoco nos engañemos: disponer de un buen sistema judicial nunca fue barato. North realizó en 1970 una estimación del sector dedicado a solventar los costes de transacción (o sea, los malentendidos entre las partes) y en Estados Unidos suponía el 54,7% del PIB. «No debería sorprendernos», concluye Mora-Sanguinetti, «que haya tantos abogados».