La familia Villabona estudia derribar la planta de Nissan en Sant Andreu para sacarla en alquiler
Levantará construcción nueva para sacar un mayor beneficio
La reindustrialización de las plantas de Nissan en Barcelona se complica aún más si cabe. Parece que finalmente la factoría de Sant Andreu de la Barca se quedará fuera del proceso tras que sus propietarios, la familia Villabona, se decanten por derribarla para levantar edificación nueva y sacar un mayor beneficio con el alquiler.
Así lo aseguran a THE OBJECTIVE varias fuentes cercanas a la mesa de reindustrialización, que este jueves vuelve a celebrar una reunión técnica. Los Villabona ya avanzaron la semana pasada a la mesa de trabajo su intención de renovar las naves para luego sacarlas a puja.
El hub de Descarbonización de Barcelona (D-hub), liderado por la firma catalana QEV Technologies y Btech, ha recibido el aval de la mesa, pero surgen distintos problemas. Antes de entrar en materia hay que recordar que, en un principio, estaba relegado al centro de Sant Andreu de la Barca y que surgió como principal alternativa tras la espantada de Great Wall Motor.
La opción de QEV para dar una segunda oportunidad a los centros de Nissan en Barcelona consiste en un consorcio de 30 empresas, como las suecas Inzile y Volta Trucks. Ejercerá como empresa tractora y plantea la posibilidad de desarrollar y producir un coche eléctrico pequeño, orientado al uso privado, carsharing y reparto de última milla.
Sobra espacio
Este proyecto prevé invertir 800 millones de euros —entre 150 y 200 millones serían ayudas públicas— para producir vehículos eléctricos de diferentes tipos y con marcas distintas. Podría absorber en dos años a los cerca de 1.400 trabajadores de Nissan que quedan por recolocar y llegar hasta los 4.000 empleos en cinco años.
Sin embargo, el problema surge en que no llenaría todo el centro de la Zona Franca, quedando libres entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados. Se ha acordado que entre un proyecto logístico con la condición de los sindicatos que aporte valor añadido y no comprometa suelo industrial.
En este sentido, la empresa australiana Goodman ha presentado un proyecto industrial y logístico tanto para Zona Franca como para Montcada i Reixac, que supone la inversión de 550 millones de euros y la creación de más de 3.200 empleos directos.
Junto a esta, CILSA —participado por Merlin Properties y el Puerto de Barcelona— ha planteado otro proyecto logístico: 800 millones y crear 4.000 empleos, según avanzó en su día Expansión.
Silence endurece su postura
De su lado, también pende un hilo la participación de Silence. El fabricante de motos eléctricas —propiedad de Acciona— mandó una seria advertencia en la última reunión: si no es elegido para ocupar la planta de Montcada i Reixac, «no estaría interesado en seguir en el proceso».
El cierre en banda de la empresa fundada por Carlos Sotelo se basa en que en Montcada entraría como propietario, mientras que en Zona Franca tendría que pagar un alquiler. Las fuentes citadas anteriormente afirman a este medio que Silence no ha recibido todavía respuesta por parte de comisión de trabajo, integrada por el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y sindicatos. Asesorada por KPMG, se constituyó en septiembre de 2020, cuatro meses después del anuncio del cierre.
Nissan se ha marchado de la Ciudad Condal sin encontrar una solución para las más de 25.000 familias que dependen directa e indirectamente de las fábricas. Los trabajadores denuncian que solo se les ha ofrecido cursos de formación y no la posibilidad de entrar en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En un intento de casi desesperación, el Ministerio de Industria llegó a plantear la opción de que en las plantas catalanas se instalase Tess Defense, adjudicataria de 1.200 millones para el mantenimiento de los blindados del Ejército de Tierra. Fuentes de la negociación lo calificaron como «cortina de humo» al saber que la Generalitat se opondría.
Ford Almussafes mira de reojo
Ford Almussafes mira de reojo al caso de Nissan y teme que le ocurra lo mismo. La factoría valenciana ha perdido 1.000 empleados en los dos últimos años y recortó su volumen de producción en 178.000 coches en 2021 en comparación con 2019 —el último año antes de la pandemia—, lo que supone el 51,3%.
Los sindicatos STM, CC OO y CGT siguen «a la espera» de conocer los detalles del acuerdo de plan de ajuste alcanzado por UGT, mayoritario en el comité de empresa, con la dirección europea para la electrificación de la planta. Ya han mostrado su negativa a aceptar rebajas salariales y critican que UGT negocie sin ellos y «rompa la unida» sindical.
Almussafes está en plena lucha para conseguir que la multinacional del óvalo le adjudique modelos eléctricos y asegurar así su futuro. La dirección de la planta apuesta por reducir en una semana las vacaciones de la plantilla y por aplicar ajustes salariales en los próximos años.
Bajo este contexto, UGT se reunió en Colonia (Alemania) con la dirección de Ford para presentar su propuesta de acuerdo. El sindicato dijo estar dispuesto a «hablar de contención salarial siempre y cuando se recupere más tarde la senda del IPC».