El Gobierno asume que varias comunidades llevarán la Ley de Vivienda a los tribunales

Con meses de retraso, el Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consideraba, entre otras cuestiones, que invadía competencias autonómicas. El ejecutivo remitirá ahora el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe del CGPJ y ha señalado que se han «incorporado comentarios» para «clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica». Sin embargo, desde el Gobierno dan por hecho que la Ley traerá consigo un proceso de judicialización por parte de varias comunidades.

«Las cosas están tan politizadas que puede ser que sí», reconocen fuentes del ministerio que dirige Sánchez, «pero estamos muy tranquilos», añaden estas mismas fuentes. Desde Agenda Urbana están convencidos de que la elaboración del texto se ha hecho con «un respeto máximo de las competencias de las CCAA y del derecho a la propiedad». Un trabajo, aseguran, «escrupuloso en el equilibrio constitucional», aunque asumen que «puede haber judicialización, ya estamos viendo algunas declaraciones», añaden.

Aspectos judicializables de la Ley de Vivienda

Carlos Grande, socio del despacho de abogados Abencys, da por hecho ese proceso de judicialización. «Para empezar porque todas las leyes hoy en día en vez de realizarse en virtud del interés general, tienen intereses políticos», explica en declaraciones a THE OBJECTIVE. En cuanto a los aspectos de la ley más polémicos y que tienen mayores posibilidades de acabar en los tribunales, se encuentra lo relacionado con el Impuesto de Bienes Inmuebles, asegura el experto.

En primer lugar «por inconstitucional y confiscatorio» y, luego, por «laminar el derecho de propiedad de cada uno de los propietarios de la vivienda cuando se pretende intervenir. También atenta contra la libertad de empresa», añade.

Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, según defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.

La interferencia con el papel de las comunidades autónomas es uno de los puntos en los que más se detuvo el informe del CGPJ. A pesar de eso, la ministra Sánchez ha insistido en que la Ley no invade las competencias autonómicas y ha invitado a las autonomías a aplicar la normativa.

Madrid, llevará la Ley a los tribunales

La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que llevará a los tribunales la Ley de Vivienda si la Abogacía regional ratifica la denuncia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por invasión de competencias autonómicas. El Gobierno regional se vería obligado a defender «los intereses de los madrileños y el orden constitucional de reparto de competencias tras llevar asentado 40 años», según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Enrique López ha tachado al Gobierno de «rebelde» hacia el poder judicial y el ordenamiento jurídico. El consejero considera que con esta Ley se impone un modelo de vivienda «totalmente obsoleto en Europa y que determina ese grado de falta de respeto hacia el orden constitucional». Las comunidades presididas por el PP ya han expresado su rechazo en lo que concierne al control de precios en las zonas tensionadas.

Los propietarios, en contra

Los propietarios de viviendas en alquiler consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno supondrán una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitarán la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual.

María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) cree además que supondrá una «discriminación legal y una vulneración de derechos» hacia aquellos propietarios que tengan diez o más inmuebles en alquiler que son los considerados por el Gobierno ‘grandes tenedores’, sobre los que recaerá el mayor control de precios.

«Esto supone una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española», ha denunciado la directora general de Asval.

Divergencias territoriales

Además, el hecho de que su aplicación o no quede en manos de las comunidades autónomas provocará «sin dudas divergencias en el conjunto de territorio», según Francisco Iñareta, portavoz de idealista. Esta divergencia, considera el experto, facilita el desvío de las inversiones hacia aquellas comunidades más laxas o donde no se aplique la ley, por lo que «las posibilidades de promover alquileres asequibles mediante la colaboración público-privada se vería también seriamente afectada en aquellas comunidades que la apliquen».

Por otro lado, como venimos contando en THE OBJECTIVE, las dudas que genera la Ley de Vivienda generan inseguridad jurídica y ahuyentan a los inversores. El socio de Abencys, apunta que, «si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección». 

Todo este ‘ruido’ alrededor de la futura Ley de Vivienda no hace sino generar «una mayor incertidumbre e inseguridad jurídica no solo dentro de nuestro país sino fuera», asegura María Matos, directora de estudios de Fotocasa. En declaraciones a THE OBJECTIVE, Matos recuerda que España es un gran foco de inversión para grandes y pequeños inversores en el sector y esto lo que hace es generar inestabilidad «lo que no nos viene nada bien».