España pierde tejido productivo en enero: 17.000 empresas cerraron en el último mes
A las puertas de la votación de la reforma laboral, este jueves, la empleabilidad de la población activa española se reduce debido a la caída en la cifra de pymes
José Luis Escrivá. | Europa Press.
La población activa española arrancó el mes de enero con menos oportunidades de mantener o conseguir empleo, por más que haya entrado en vigor la reforma laboral acordada por el Gobierno con los agentes sociales. A 1 de enero, la destrucción mensual de tejido productivo se cifró en 17.000 empresas, último dato oficial existente al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La situación ahonda las trabas a la empleabilidad, máxime si se computa la pérdida global de empresas registrada desde el inicio de la pandemia. Así, a 1 de enero de este año la cifra de compañías caía en 16.969 en términos mensuales y en 77.831 desde febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia de coronavirus.
Menos empresas en España
Además, la merma de empresas se concentra en las mayoritarias en España, pymes de entre dos y 50 trabajadores. En el tramo de empresas de dos a cinco trabajadores, la caída es de 5.825 compañías y en el de seis a 50 empleados, con una reducción de 6.119.
Por otra parte, la cifra de autónomos en cese de actividad se ha engrosado en 2.000 personas en el último mes, correlativamente al aumento de los afectados por ERTE covid, que repuntan en 2.495 trabajadores sujetos a expedientes. Una situación que se suma a la pérdida de 16.164 afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Estas cifras de autónomos en cese y empleados en ERTE afean el dato de paro registrado hecho público este miércoles. Como se apunta desde la patronal CEOE, los afectados por ERTE no computan como desempleados lo que adultera el dato oficial.
La merma del tejido productivo y la caída de la empleabilidad complican la coyuntura que abordará la reforma laboral que mañana se vota en el Congreso, ya que la nueva norma establece restricciones a la contratación temporal que dificultan la adaptación de los empresarios al nuevo marco normativo.
La patronal pide flexibilidad para evitar cierres
Por ello CEOE reclama que se facilite el recurso a la negociación colectiva en orden a adaptar el marco laboral a la situación de cada sector y empresa. Es decir, se pide, en definitiva, que la solución a la que se vea abocada una compañía que pierda facturación y clientes no sea la reducción de plantilla o el cierre y, en su lugar, que se pueda abordar a través de la flexibilidad interna.
En concreto, la disminución de tejido empresarial es un síntoma de que la recuperación no es sólida. Y, en esta línea, la patronal recalca que «todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de recuperación y de normalización de nuestra economía, máxime si tenemos en cuenta las notables diferencias sectoriales en esta salida de la crisis». Por eso, los empresarios reclaman una adaptabilidad del marco normativo que afecta a la contratación en función de los sectores y ramas de actividad y la evolución de la coyuntura.
En esta línea incide Cepyme, organización patronal que pide cautela a la hora de evaluar los efectos de la reforma laboral en la contratación, ya que la incertidumbre normativa se suma a una actividad todavía no recuperada.
La patronal que preside Gerardo Cuerva destaca que la afiliación a la Seguridad Social descendió en todos los grandes sectores productivos, destacando la caída en los servicios (-161.465 personas), seguida de la agricultura (-13.097), la industria (-12.581) y la construcción (-10.608). Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cartera que encabeza José Luis Escrivá.
Y hace Cepyme una especial mención a la pérdida de ocupación en los subsectores de hostelería (-54.187) y comercio (-34.135), fuertemente vapuleados por el impacto de la variante ómicron.
Contraste con el alza de empleo público
En este contexto de debilidad que soportan las empresas a punto de coronar el segundo año de pandemia, destaca la evolución del empleo en el sector público. Desde el inicio de la pandemia la plantilla de las Administraciones Públicas ha subido en 244.751 efectivos, que suponen el 67,4% del aumento de cotizantes registrado desde cierre de febrero de 2020, frente al alza de 117.862 empleos privados en el mismo periodo.
Los expertos consultados por este diario reiteran que la subida de la nómina de empleados públicos está dopando los datos de empleo, aunque afean el hecho de que, paradójicamente, la Administración Pública arroja tasas de temporalidad superiores a las del sector privado que pretende atajar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la puesta en marcha del decreto laboral cuya convalidación se dirime este jueves en el Congreso.
