Las eléctricas estudian recurrir ante la Justicia europea la obligación de subastar energía

Las eléctricas no cederán así como así ante la obligatoriedad del Gobierno de que subasten electricidad a plazo. Planean recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando se ponga en marcha el mecanismo.

Fuentes del sector señalan a THE OBJECTIVE que la pretensión del Ejecutivo creará «inseguridad jurídica» y que no resuelve la situación que denuncia la gran industria. «Supone quitar energía a unos para vendérsela a otros», apuntan.

Las eléctricas alegan que ya tienen gran parte de su energía comprometida para este año y que, en caso de llevarse a cabo la subasta, se tendrán que revisar contratos y obligará a algunos clientes a acudir al mercado diario.

No obstante, cuentan con la opción de acudir ante el TJUE. Fuentes jurídicas explican a este medio que la situación es «claramente recurrible» y que las empresas lo tienen «relativamente fácil» para que se considere «contrario al derecho europeo». «Se están violando sistemáticamente distintas condiciones del mercado y es una auténtica tropelía», añaden.

El Gobierno no ha hablado de fechas, pero ya cuenta con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se fija el precio mínimo al que las compañías pueden sacar a puja la electricidad.

En concreto, el Real Decreto-ley 17/2021, aprobado el 14 de septiembre del año pasado, recoge que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán ofertar parte de su electricidad producida por energía nuclear, hidroeléctrica y eólica de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.

Reprimenda de Bruselas

La cartera que dirige Teresa Ribera quería que la primera subasta se hubiese celebrado antes de que terminara 2021, pero no cumplió ante la complejidad del proceso burocrático. Además, la Comisión Europea (CE) cuestionó algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool) sobre la factura de la luz.

«En nuestra opinión las medidas requieren una mayor investigación por dos razones. En primer lugar, no está claro si alguna empresa de la UE puede participar en las subastas a largo plazo propuestas. Si esto no fuera posible, la medida podría constituir una restricción implícita a las exportaciones de la electricidad. En segundo lugar, la medida propuesta restringe la libertad de las empresas en cuestión de vender su electricidad en el mercado que elijan», dijo la CE a Ribera y a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una carta publicada por El Confidencial.

También recalcó que «si bien puede haber margen para justificar tales restricciones donde los imponen los operadores dominantes, a primera vista no parece ser la situación de cualquiera de los generadores de electricidad que operan en el mercado español».

Si no surgen cambios, la idea del Ejecutivo es que las grandes eléctricas vendan un total de 15.830 gigavatios hora (GWh), que equivalen al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. En concreto, el reparto por empresas se estableció así: Endesa 6.737,26 GWh; Iberdrola 7.323,63 GWh; Naturgy 1.405,48 GWh; y EDP 363,72 GWh.

«Intervencionismo terrorífico»

Se viene así un nuevo enfrentamiento entre las eléctricas y el Gobierno. Todo comenzó por el recorte de los beneficios caídos del cielo (wind fall profits, en inglés) que planteó Ribera. Iberdrola llegó incluso a cuestionar sus inversiones en España si no había rectificación, llegando a calificar de «intervencionismo terrorífico» el Real Decreto-ley.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue quien mostró una posición más dura contra la decisión de Ribera, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, mantuvieron un perfil más bajo.

Finalmente, el Gobierno rectificó dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre del año pasado, los que se firmaran a partir de dicho día y con las mismas condiciones.

De este modo, se impusieron a las compañías eléctricas nuevas normas que cumplir. Las comercializadoras de electricidad y de gas natural tendrán que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la CNMC una información «transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento». De no cumplir, se enfrentan a multas de entre seis y 60 millones de euros.