Repsol inicia acciones legales contra el armador del buque por el derrame de petróleo en Perú
El Gobierno peruano reprocha a la petrolera española que busque «otros culpables» de los derrames
Repsol ha iniciado acciones legales contra el armador del buque petrolero ‘Mare Doricum’ por el accidente que produjo a mediados de enero el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en aguas de Perú.
A través de sus abogados, el grupo español ha presentado una reclamación ante los propietarios del ‘Mare Doricum’ y sus aseguradoras, que supone el inicio del proceso de cobertura por los daños ocasionados por el derrame de petróleo, indicaron en fuentes de la compañía a Europa Press.
Según adelanta este lunes El País, la empresa considera que el accidente fue causado por un brusco desplazamiento del petrolero ‘Mare Doricum’, que destrozó las mangueras y el sistema de descarga.
Así, a través Refinería La Pampilla (Relapasaa), la energética ha iniciado el procedimiento y ha exigido, en primer lugar, la aportación de garantías en Perú que cubran tanto los daños medioambientales como los directamente sufridos por terceros como pescadores, comerciantes y trabajadores de la zona, así como todos los gastos en que ha incurrido Relapasaa en las tareas de reparación y limpieza.
El pasado viernes, representantes de Repsol comparecieron en Comisión en el Congreso peruano para explicar su respuesta ante el derrame de petróleo y el plan de limpieza y remediación puesto en marcha tras el mismo por la compañía.
El presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y el director de Optimización, Logística y Ventas de Refino Perú, Luis Vásquez, expusieron también las acciones sociales de la empresa para dar soporte a las comunidades afectadas por este suceso, falicitando además la documentación requerida y comprometiéndose a entregar por escrito la información detallada solicitada por la Comisión.
Las labores de limpieza superan el 67%
Asimismo, destacaron que, a la fecha, las acciones de limpieza ya alcanzaban un avance superior al 67%, comprometiéndose a «devolver el litoral peruano a su estado natural».
La compañía prevé que a lo largo de este mes de febrero se culminará la primera etapa del plan de respuesta, que involucra altamar y playas más accesibles; y en marzo, las zonas de difícil acceso.
Repsol ha desplegado un contingente de casi 2.500 personas destinadas a la limpieza y ha implementado el uso de tecnología de última generación para el rastreo satelital y en tiempo real.
Además, el grupo ha desplazado al país a los mejores especialistas en eventos de esta naturaleza, como las empresas Environmental Resources Management (ERM), Lamor y OSRL.
Igualmente, Repsol ha alcanzado hasta la fecha acuerdos y actas de colaboración con 34 colectivos de pescadores y comerciantes de las localidades de Chancay, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, entre otros, que comprenden a más de 2.400 personas.
Perú reconoce avances
Este fin de semana, el ministro de Medio Ambiente de Perú, Modesto Montoya, reconoció la labor de la petrolera española Repsol en la limpieza del crudo vertido en las costas peruanas, aunque expresó su preocupación por que sea un compromiso «superficial».
«Hay una limpieza de las costas avanzada, pero solamente la parte superficial. En las islas que hemos visitado vemos una espuma, hemos encontrado unas 200 aves muertas, 1.000 aves afectadas, y la compañía Repsol todavía no empieza la limpieza de esa espuma», apuntó Montoya en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP.
Además, ha reprochado a la petrolera que busque «otros culpables». «La empresa, en lugar de limpiar, busca a otros culpables. Da la impresión de que hay cierto grado de desconsideración con la naturaleza», ha afirmado.
El pasado viernes, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) del país también anunció que imponía una multa de 460.000 soles (unos 108.000 euros) a Repsol por incumplimiento de la primera medida ordenada, relacionada a la identificación de las zonas afectadas en la emergencia ambiental.
Además, el organismo del país subraya que estas sanciones podrían seguir aplicándose «de manera sucesiva hasta que se acredite su cumplimiento».