La recaudación anual por IRPF 'solo' cubre el 66% del gasto en sueldos de los empleados públicos

Este año el desembolso en las retribuciones de los empleados públicos -funcionarios, personal laboral, eventuales y todas las tipologías de contratación que dependen de las distintas Administraciones, compañías públicas, organismos autónomos y Seguridad Social- totalizará una factura de aproximadamente 150.000 millones de euros, según cálculos de THE OBJECTIVE a partir de datos oficiales. 

Mientras, la recaudación total de IRPF sumará 100.000 millones en 2022, de cumplirse la previsión de ingresos tributarios del Gobierno consignada en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Es decir, todo lo recaudado en el país por IRPF no basta para cubrir más que el 66% de la nómina de empleados públicos.

Es más, toda la recaudación anual prevista por los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con origen en los grandes tributos, de cumplirse, alcanzará la cifra de 232.352 millones de euros, frente a los desembolsos de 150.000 en la plantilla pública que se producirán este año.

El desembolso de aproximadamente 150.000 millones surge en parte por el fuerte aumento reciente de los efectivos públicos y en otra por la revalorización del 2% en los salarios que se reconoce en los Presupuestos. Una subida que los funcionarios consideran exigua, debido a la fuerte inflación, en máximos de tres décadas, y a la pérdida de poder adquisitivo acumulada que les aqueja, trasladan a este diario fuentes del colectivo.

Con todo, la nómina pública rondará el 12% del PIB, como se ha consignado en el Plan Presupuestario enviado por el Ejecutivo a la Unión Europea, a partir de las líneas maestras de los Presupuestos.

Una reforma pendiente

Los sucesivos Gobiernos vienen fallando en el objetivo de reducir el peso de las Administraciones Públicas y la burocracia en España. Ello constituye una de las debilidades que vienen afeando los organismos internacionales a nuestra economía. La sobredimensión del aparato público lastra el gasto y la corrección del déficit público del país que vigila Bruselas.

No sólo eso, el exceso de burocracia también supone un freno al crecimiento del sector privado, a la creación de empresas, un desincentivo al emprendimiento y una desventaja respecto a nuestros socios comerciales, que se enfrentan a menor sobrecarga admnistativa y a menos trabas para el empresario y contratador.

De ahí que la reforma del sector público sea una de las tareas pendientes para los Gobiernos en nuestro país y elemento clave para dinamizar la economía y lograr la simplificación y agilidad administrativa que demandan numerosos informes y índices sobre la economía española.

Más intensidad en las autonomías

La magnitud del gasto en nóminas públicas es un buen termómetro de esta elefantiasis del sector público, detectada por informes de relumbre internacional como el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage.

Esta sobredimensión de la plantilla pública cobra especial magnitud en el caso de las Administraciones autonómicas. Según los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que se evalúan con cierto retardo debido a su complejidad, en este caso correspondientes a 2019, el gasto en nóminas de los empleados públicos autonómicos fue de 82.03 millones de euros, el 61% del total.

Se trata de una factura muy superior a la de la Administración Central, de 25.054 millones en el mismo ejercicio, y a la del conjunto de las entidades locales, de 24.982 millones de euros.

Ello abunda en el aliento que desde distintos foros se hace a España para que reduzca las duplicidades entre niveles de la Administración.

También en esa línea apunta el debate sobre la redefinición del régimen de las Diputaciones Provinciales en orden a evitar actuaciones redundantes con las llevadas a cabo por otros estamentos administrativos de las regiones o municipios.

Más recaudación

En cuanto a la recaudación, el Ejecutivo prevé alcanzar este año los 232.352 millones, una previsión optimista que avala la buena marcha de los ingresos tributarios en 2021, por encima de lo previsto, y el horizonte de las alzas fiscales, directas o indirectas, acometidas por el Gobierno.

Las directas provienen de la nueva fiscalidad de bebidas azucaradas, la tributación verde, la mayor contribución de las rentas altas al IRPF, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) o el gravamen sobre transacciones financieras.

Subidas indirectas

Las indirectas provienen de la no actualización de los tramos de IRPF en función de la inflación y del mayor devengo de IVA que el alza de los precios añade a la recaudación de este tributo.

También el mayor dinamismo del consumo elevará los ingresos de los Impuestos Especiales (IIEE) y el paulatino restablecimiento de la actividad económica tras la pandemia que elevará los ingresos del Impuesto de Sociedades.

Como resume el dictamen de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) a partir del Presupuesto para 2022, el Gobierno prevé rcaudar 100.132 millones en el IRPF, 24.477 millones en Sociedades, 75.651 en IVA y 21.843 en Impuestos Especiales.