El Gobierno desbloqueará la entrada de Indra en ITP «en semanas» tras descabezar su cúpula
La futura remodelación supondrá la salida de uno de los CEO, Ignacio Mataix, y dejará vía libre a la entrada en la compañía de origen vasco
El Gobierno español se prepara para dar un golpe de timón en Indra. El Ministerio de Hacienda autorizó este martes la compra de un 10% adicional del capital de la empresa tecnológica, una operación que espera cerrar en un breve plazo para -según ha podido confirmar THE OBJECTIVE– desbloquear «en semanas» el postergado desembarco en la vasca ITP Aero.
Bain Capital adquirió hace un año ITP por 1.700 millones de euros con el compromiso de reservar un 30% de la compañía a socios españoles. De momento, ya han entrado la guipuzcoana SAPA Placencia, con un 5% y JB Capital con cerca de un 10%. El restante 15% estaba destinado a Indra, pero su consejo rechaza actualmente la operación.
Por su parte, SAPA Placencia hizo los deberes el pasado diciembre comprando el 5% de las acciones de Indra en manos de Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de los March. Una operación que allanaba el camino a la entrada de Indra en ITP. El Gobierno lleva meses intentando consolidar la operación, pero el anterior CEO, Fernando Abril Martorell, se opuso. Una negativa que ha mantenido el consejo de administración en los últimos meses.
Cambios en Indra
Precisamente, la llegada de Marc Murtra en mayo en sustitución de Abril Martorell debería haber allanado este desembarco, pero todo se han mantenido igual en el último año, enfrentando al presidente no ejecutivo con sus consejeros delegados –Ignacio Mataix y Cristina Ruiz-y los propios socios de la compañía.
Es por ello que Moncloa ha activado la ‘operación limpieza‘. El primer paso tras adquirir las acciones a través de la SEPI, será tomar el control del consejo de administración con uno o dos sillones más y así diluir el peso de los accionistas rebeldes que llevan un año frenando el plan estratégico del Gobierno. Esto no supondría reducir los consejeros, pero sí aumentar el número de representantes de la SEPI y dejar en minoría a los independientes y representantes de los fondos de inversión.
Una vez que se controle el consejo de administración el siguiente paso será dar poderes ejecutivos, una presidencia fuerte y la gestión a Marc Murtra en detrimento de los actuales CEO: Ignacio Mataix y Cristina Ruiz. Esto supondrá la salida de Mataix -que se sigue oponiendo a la compra de ITP- ya que Murtra prefiere una nueva organización en la que él sea el presidente ejecutivo y Cristina Ruiz sea la única consejera delegada.
Accionistas
El Ejecutivo anunció un aumento en el capital de hasta el 28%, con lo que tendrá manos libres para decir el futuro de la empresa que considera estratégica para el sector aeronáutico y de defensa. El Gobierno es -a través del Ministerio de Defensa- el principal cliente de Indra y con este movimiento intenta unificar los intereses de la cotizada con los estratégicos del Estado español, aunque esto suponga un desembolso de entre 150 y 160 millones de euros.
En términos prácticos el objetivo es poder comprar este 10% de la compañía de manera exprés para llegar al próximo consejo de administración en un mes con la situación accionarial resuelta. La idea es poder comprar el 9,4% que actualmente tiene Fidelity y, si esta operación no se concreta, salir a comprar en bolsa este porcentaje.
Una situación que no será difícil dada la poca liquidez de las acciones de Indra. Los otros accionistas de la compañía son FMR Llc (9,8%), Fidelity (9,4%), Deutsche Bank (5%), SAPA Placencia (5%), Norges Bank (3,6%), T. Rowe (3,1%) y Santander Asset management (3%).
Impacto en bolsa
Sin embargo, el anuncio del Gobierno de aumentar su control en Indra ha sido penalizado en bolsa con una caída de hasta el 8,38% en las acciones de la empresa tecnológica. La capitalización bursátil de Indra al cierre del mercado de este miércoles era de 1.485 millones de euros, 140 millones menos que los 1.637 con los que cerró el martes, antes de conocerse las intenciones de la SEPI.
El mercado considera que es un movimiento contrario a la gobernanza de una cotizada. «Aunque creemos que el mayor control del gobierno podría traducirse en la consecución de nuevos contratos (principalmente en Defensa), valoramos negativamente la noticia desde el punto de vista de la gobernanza», sostenían este miércoles desde Renta 4.