Los expertos prevén una recaudación extra de 15.000 millones con impuestos 'verdes'
Los expertos fiscales proponen la equiparación de los impuestos de carburantes, un impuesto sobre los billetes de avión y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad
El informe elaborado por el Comité de personas expertos para la reforma del sistema tributario español dedica un epígrafe a la fiscalidad medioambiental. Más de 100 páginas de análisis y propuestas que versan en torno a cuatro grandes áreas sobre las que el Comité expone sus propuestas. Se trata de electrificación sostenible, energías renovables maduras, movilidad compatible con la transición ecológica e incorporación de costes medioambientales asociados al uso del agua.
Sobre estas cuatro líneas principales, los expertos elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez lanzan 16 propuestas con las que calculan una recaudación de entre 5.941 y 15.023 millones de euros.
Electrificación sostenible
El Libro Blanco de los expertos insiste en que el sector eléctrico ha de jugar un papel fundamental en la transición ecológica, particularmente en la contribución a la descarbonización, gracias a su disponibilidad y creciente implantación de
alternativas renovables maduras. La primera medida que proponen en este sentido es la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
Este impuesto, aunque en ocasiones calificado como medioambiental, destaca el comité, se creó con la finalidad de reducir el déficit de tarifa del sector eléctrico, tal y como aclaró la Ley de PGE de 2013 (Ley 17/2012 de 27 de diciembre), y no produce más beneficios medioambientales que los originados por sus efectos positivos sobre la eficiencia y ahorro energéticos que, en todo caso, pueden ser obtenidos por los tributos cuya fundamentación especialmente se dirige a ese efecto.
Por otro lado propone la «introducción de medidas para mejorar el diseño y efectividad de los impuestos propios autonómicos con efectos sobre el sector eléctrico». Por otro lado, aconseja que se efectúen modificaciones en el IEE para promover la electrificación y la eficiencia energética.
«Este Comité reitera y hace suya la propuesta de la CERSTE, 2014 respecto a la necesidad de modificar la base imponible de este tributo para que el gravamen se proyecte sobre la cantidad física consumida, no la base aplicable para el IVA como en la actualidad, e incentive así de forma más directa el ahorro y la eficiencia energética».
Movilidad compatible con la transición ecológica
El Libro Blanco de los expertos propone una importante subida fiscal a los transportes; es quizá el apartado en el que más centra el peso tributario. El comité de expertos elegido por el Ministerio de Hacienda propone considerar el pago por uso por infraestructuras viarias y una tasa municipal sobre la congestión en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación.
Los expertos plantean además en sus medidas sobre los transportes la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, aumentar de forma generalizada los impuestos a los carburantes, un impuesto sobre los billetes de avión y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad.
Entre sus propuestas, llaman a considerar el establecimiento de tributos por el uso de ciertas infraestructuras de transportes, a ser posible relacionados con la distancia recorrida a través de dispositivos electrónicos.
Incorporación de costes medioambientales asociados al uso del agua
En este sentido, el informe señala que el agua, un recurso fundamental para un gran número de actividades económicas en España, se encuentra afectado por una creciente escasez. Por ello, proponen la introducción de medidas de coordinación y cooperación para mejorar el diseño y efectividad de los impuestos autonómicos sobre los daños medioambientales a las aguas.
Además, insisten en la necesidad de reformar los tributos asociados a cobertura de costes de infraestructuras hidráulicas. En el informe, los expertos señalan que «su regulación actual es deficiente en lo material y en lo formal y se traduce en un elevado grado de litigiosidad». Por otro lado abogan por la creación de un tributo sobre la extracción de recursos hídricos.
Los sujetos pasivos de este tributo serían las confederaciones hidrográficas, así como los titulares de obras hidráulicas destinadas a la producción de energía eléctrica o que realicen extracciones de agua. Los sujetos pasivos serían, por lo general, los proveedores de agua en alta a los usuarios, que posteriormente repercutirían la carga fiscal a estos. En el caso de aguas subterráneas el tributo recaería sobre los usuarios, según destaca el informe.
