El Gobierno admite la fuerza de la inflación y revisará los contratos de obra pública

Pese a que el Gobierno ha quitado hierro a la inflación, tildándola de «transitoria», esta se ha enquistado, repunta al 7,4% y sigue subiendo a máximos de más de tres décadas. Ello ha provocado que el Ejecutivo se avenga a revisar contratos públicos pactados a precios inferiores a los actuales.

Fuentes del mercado trasladan a THE OBJECTIVE la importancia de esta decisión gubernamental, que afecta a las empresas que licitan con el sector público.

A la subida de precios que ya se venía produciendo se une el conflicto ruso-ucraniano y su repercusión en el coste de las materias primas y la energía, de duración e intensidad incierta. Por ello, el Gobierno ha aprobado medidas excepcionales para permitir una revisión de los contratos de obras afectados por el alza de precios de los materiales.

Los economistas consultados por este periódico han resaltado la magnitud de esta medida, por el reconocimiento tácito que supone de la incierta senda que seguirá la inflación y por la apertura a revisiones de contratos con empresas proveedoras del sector público.

El economista Miguel Ángel Bernal destaca que la inflación tenía un peligro relativo hasta ahora, pero tras cerrar la tasa subyacente en el 3% el riesgo se convierte en hechos palpables, como los que se reflejan en los contratos públicos. La inflación subyacente es aquella que no depende de los elementos más volátiles, como la energía o los alimentos. Es el núcleo del IPC y anuncia meses de encarecimiento de la cesta de la compra y los costes de las empresas.

Por ello, el Gobierno ha reaccionado para aligerar en cierta medida la factura que soportan los contratistas. Y lo ha hecho a través de un decreto ley que prima una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales.

Reconoce el Ejecutivo que la coyuntura ha ocasionado incrementos de costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que ahora muestran dificultades en su ejecución y cuyos operadores se ven severamente afectados. Este aumento de costes, además, excede del que puede ser incluido en los riesgos que el contratista ha de asumir en todo contrato público».

Menos contratos

En la comunicación de Moncloa se explicita que el impacto económico de estas medidas conllevará una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica en un momento especialmente importante en el que se está ejecutando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De este modo, se admite por parte del Ejecutivo una revisión excepcional de precios siempre que el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.

La reducción de lo pactado en el contrato no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación, advierte el Gobierno. Y remite a la normativa legal: «Cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021 su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y en su defecto aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021».

El Gobierno explica que las revisión afecta a los contratos de obras en los que no se contemplaron sistemas se revisión de precios y a aquellos que sí incorporaron cláusulas de revisión pero no se había ejecutado el total de la obra. La nueva norma incluye a las autonomías y a Ceuta y Melilla.