Los propietarios claman contra la nueva ley catalana de desahucios: traerá inseguridad y más ocupación

La nueva ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional es una realidad en Cataluña. Entró en vigor este martes tras su aprobación en el Parlament el pasado 23 de febrero y su publicación en el DOGC. Un texto que nace con polémica y con el rechazo de todo el sector. También del de los principales afectados, los propietarios, que creen que traerá consigo más inseguridad y ocupación.

Entre otras cuestiones, la medida recoge que los grandes propietarios de vivienda (más de 10 pisos) estarán obligados en Cataluña a renovar los alquileres sociales (por debajo del precio de mercado) cuando estos lleguen a su fin. 

La medida, que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC, contempla también alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato, tal y como explicamos en THE OBJECTIVE.

Ampara la ocupación

Una medida que preocupa a los propietarios, ya que consideran que «ampara la ocupación». Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física, siete años si es persona jurídica y 12 años si se trata de un banco o un fondo de inversión.

Además, el Govern considerará incumplimiento social de la propiedad cuando una vivienda esté desocupada de forma ‘permanente e injustificada’ durante un plazo superior a los dos años, independientemente de que haya sido ocupada en este tiempo. Si se transmite a otra sociedad, la nueva propietaria tendrá que hacer frente con los incumplimientos que haya realizado la anterior propietaria.

«El contenido de la ley genera una situación de inseguridad para los propietarios en Cataluña porque ven que sus derechos se encuentran limitados ya que no van a poder disponer libremente de sus propiedades», explica Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.

Los propietarios, al límite

«Son leyes con unos nombres muy bonitos que lo que esconden es un movimiento político que ataca a la propiedad privada por ideología y está creando unos daños enormes a la sociedad», lamenta Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación.    

En declaraciones a THE OBJECTIVE, defiende que lo que ellos ven cada día es que las familias que son realmente vulnerables no están siendo debidamente atendidas por las autoridades y «representan apenas entre un 5 y un 10% de los que están okupando». Asegura, además, que en este momento la ocupación en España es un negocio «de delincuentes, de mafias, que viven muy bien y gracias a las leyes que impiden la desocupación de las viviendas». 

Bajo su punto de vista, la ocupación es un fenómeno en evolución acelerada «gracias a las actuaciones del Gobierno central» que luego comunidades como la catalana están materializando. Una situación que genera «inseguridad en los barrios y efecto llamada». Por otro lado, el presidente de ONAO explica que el proceso de alquiler se ha convertido en un sustituto de la «patada en la puerta».

Un contrato de alquiler es la variante y la gente está ocupando con un contrato de alquiler. «Es la nueva ocupación que están desarrollando. Luego, muchos de esos pisos se convierten en centro de operaciones de droga, de prostitución o como almacén de robos. Hasta hay gente que directamente utiliza la ocupación para la extorsión», lamenta.  Una situación que hace que los vecinos de estos pisos okupados, no puedan más.

Sanciones de 1.000 euros al mes

Bajo esta ley, los propietarios que tengan viviendas desocupadas durante más de dos años serán considerados incumplidores de la función social de la propiedad y podrán enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros al mes o la mitad del total del precio estimado de la vivienda, cuando, requeridos por la Administración, sigan sin cumplir.

Además, tal y como explican los expertos, se considerarán incumplidores aunque tengan la vivienda ocupada o si no han interpuesto un procedimiento judicial o, habiéndolo hecho, este no hubiera finalizado. La ley también establece que se puedan imponer sanciones a aquellos grandes tenedores que no ofrezcan un alquiler social antes de interponer un proceso judicial.

«No se puede proteger la ocupación y establecer medidas que favorezcan la misma y eso es lo que parece que están haciendo. En definitiva, el sentir de los operadores jurídicos es que estamos ante una época de inseguridad jurídica porque parece primar el populismo a aprobar leyes que no deban pasar por el Tribunal Constitucional», concluye la experta de Círculo Legal Barcelona.