PwC secunda la idea de las eléctricas: fin de la tarifa regulada y sustitución por una social

La consultora PwC ha elaborado un informe en el que aboga por eliminar el actual sistema del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y que, en su caso, se defina una tarifa social para consumidores vulnerables con un precio fijo reducido.

En línea con la consultora, fuentes del sector señalan a THE OBJECTIVE que el Ejecutivo debe tomar medidas estructurales para atajar la actual crisis energética, además de otras coyunturales como limitar el precio del gas en la generación de energía eléctrica con el fin de abaratar la factura de la luz.

Aelec, patronal de las grandes eléctricas que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, viene defendiendo desde hace tiempo esta necesidad para el sector. El documento de PwC señala que la indexación de esta tarifa regulada al mercado eléctrico estaba orientada a ofrecer al consumidor final una señal real de precio con el objetivo de que pudiera modelar su consumo y, de este modo, hacerlo más eficiente, adaptándolo en función de los precios que tiene la electricidad en cada hora del día.

No obstante, la consultora indica que la existencia de este tipo de tarifas reguladas, especialmente cuando abarcan cuotas elevadas de consumidores, «puede generar importantes barreras de cara a la fijación de precios de una manera eficiente, además de obstaculizar el desarrollo de la Transición Energética».

Para ponerse en contexto, la tarifa regulada fue introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y se regula por Real Decreto 216/2014, y los consumidores tienen contrato comercializadoras de referencia (COR), designadas por el Transición Ecológica, y una potencia contratada no superior a los diez kilovatios (kW). 

Consulta pública

En octubre del año pasado, con varios meses ya de tendencia alcista del precio de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una consulta pública para modificar el PVPC. El departamento de Ribera pretendía recabar propuestas para reducir la volatilidad del PVPC y optimizar su diseño con vistas al proceso de transición energética. Por su parte, el Real Decreto-ley 17/2021 ya establece que se revisará el PVPC al objeto de que incorpore la referencia de precio de las nuevas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, con un peso máximo del 10%.

«España es de los pocos países de la Unión Europea en los que todavía existe una tarifa regulada de último recurso sin hoja de ruta para su eliminación», apunta el documento de PwC, elaborado para la Fundación Naturgy.

El documento denuncia que, dado que el único requisito para tener acceso a la tarifa PVPC en España consiste en tener una potencia contratada menor a diez kilovatios (kW), «existen multitud de consumidores no domésticos, como administraciones públicas, pequeños suministros de grandes y medianas empresas, etc., que tienen derecho a beneficiarse de este tipo de tarifa regulada, desvirtuando aún más el propósito original de protección del pequeño consumidor».

La UE ya ha comenzado a eliminarla

No obstante, con la consulta pública, el Ejecutivo invitaba a responder preguntas relativas a su estructura, la conveniencia de incluir referencias de precios de productos a plazo, la periodicidad más adecuada para su actualización, la necesidad de establecer un régimen transitorio para la nueva configuración o la oportunidad de mantener un PVPC dinámico para aquellos consumidores que así lo deseen.

Siguiendo las directrices de la Unión Europea, la regulación sobre las tarifas eléctricas está siendo eliminada progresivamente por parte de los distintos Estados miembro, pero todavía quedan 15 países, entre los que se incluyen España, Francia, Italia y Portugal, en donde siguen existiendo este tipo de tarifas reguladas accesibles para el consumidor doméstico minorista.

De su lado, de la quincena, Reino Unido, Italia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia ya han establecido una hoja de ruta para retirar sus actuales mecanismos de regulación, incluso algunos han establecido fechas límite para eliminar la intervención pública en los precios eléctricos, como es el caso del país transalpino, que lo hará a partir de enero de 2023.

Bono social eléctrico

Otro escollo que libran el Gobierno y las eléctricas es el bono social eléctrico. PwC manifiesta en su informe que las medidas de protección al consumidor vulnerable que se están implantando en Europa «difieren de lo observado en España, planteándose la definición de una tarifa social como la tendencia y opción de futuro».

Actualmente, es la tarifa regulada la que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico. La consultora expresa que España necesita alinear sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable estableciendo una tarifa con precio fijo reducido y financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), otros ingresos regulados del sector eléctrico, o mediante mecanismos el sector energético que «no sean discriminatorios entre los agentes».

El Gobierno ya se plantea desvincular el bono social —1,2 millones de usuarios— de los precios del pool. Según avanzó Cinco Días, para ello estudia distintas opciones, como crear una tarifa social a un precio muy inferior al del mercado —unos 50 €/MWH— y fijando unos límites de consumo.

El bono social lo financian hasta ahora las comercializadoras eléctricas y su coste anual es de unos 200 millones de euros. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo anula la obligación al considerarla discriminatoria e impone que se indemnice a las empresas afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018.

En el contexto actual de la crisis de precios energéticos, Transición Ecológica ha ampliado el descuento entre un 40% y un 70%, según los casos. Antes se situaban entre un 25% y un 60%.

Otras medidas

Antes del ‘nuevo’ bono social, llegarán otras medidas por parte del Ejecutivo. Está previsto que en el Consejo de Ministros del próximo martes se apruebe la prórroga de la rebaja fiscal a la electricidad. Además, el departamento de Ribera también trabaja en adelantar la retribución que reciben las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) y en una obligación a las grandes eléctricas de subastar energía inframarginal entre comercializadoras y consumidores industriales.

A más corto plazo, el Gobierno se dispone a limitar el precio del gas en la generación de energía eléctrica, tras el visto bueno de Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto aprobar los cambios legales necesarios en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, por lo que la medida podría entrar en vigor en abril.

Fuentes del sector señalan que teniendo en cuenta un límite de coste del gas de 80 euros el megavatio hora (MWh), el que rondaba antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de la electricidad en el mercado mayorista podría situarse en torno a los 180 euros €/MWh, lo que supone un abaratamiento del pool de más de 300 euros.

545 euros el MWh

Tras una caída de la demanda en 2020 y unos precios extraordinariamente bajos a causa de las restricciones por la covid-19, el mercado mayorista lleva disparado desde el verano pasado y se ha agravado fuertemente con la invasión rusa. De hecho, en el caso de España, el máximo histórico se dio el 8 de marzo, con 545 €/MWh. Desde el sector advierten de que esta problemática tiene visos de convertirse en un problema de carácter estructural a medida que las energías renovables tienen un peso mayoritario dentro del mix eléctrico.

Este techo en el precio del gas —temporal, a escala europea y vinculado a una situación de crisis específica—, podría suponer un ahorro total en la Unión Europa de los 400.000 millones de euros, según los analistas.