Los inspectores de Hacienda alertan del auge de empresas que simulan su insolvencia
La Inspección pide más atribuciones para combatir el fraude fiscal y la creación de un órgano recaudador único para los impuestos y los pagos a la Seguridad Social
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press.
Los inspectores de Hacienda alertan del auge del recurso simulado a la insolvencia empresarial para eludir el pago de deudas tributarias. Así consta en la contrapropuesta de reforma tributaria del colectivo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que aboga por mejorar la lucha contra el fraude y por incrementar las atribuciones de la Inspección para soslayar futuras subidas impositivas. «Se ha constatado que determinados deudores buscan eludir el pago de sus deudas simulando insolvencias, una conducta cada vez más extendida», aseguran los inspectores.
En plena preocupación por el sostenimiento vía ayudas de las empresas zombi, las que no pueden afrontar sus pagos, que el Banco de España cifraba un año después de la pandemia en torno a las 220.000, los inspectores de Hacienda han detectado a partir de datos internos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) una subida de las insolvencias falseadas.
Una de las grandes preocupaciones de los inspectores es el control del fraude y la elusión fiscal, ya que la economía sumergida en España supera el 20% del PIB. A esa parte de la actividad económica que sucede fuera de la lupa oficial se une el maquillaje de cifras para aparentar que la empresa está al borde de la quiebra. Por ello los inspectores demandan más educación fiscal en la solidaridad para el sostenimiento de los servicios públicos.
Repercusiones de la simulación de una insolvencia
Relatan los inspectores a este diario que figuras como el fraude de acreedores, el alzamiento de bienes o vaciamiento y la frustración de la ejecución son conductas muy difíciles de perseguir y consumen muchos recursos públicos en personal y dedicación de tiempo. Además, destacan que esas simulaciones de preconcurso o quiebra favorecen al deudor tributario porque le evitan gastos e incluso, en los casos más extremos, la entrada en prisión.
Por todo ello, y en aras de mejorar las capacidades de la Inspección, el colectivo demanda, entre otras aspiraciones, poder activar actuaciones de obtención de información sin identificación previa y con valor probatorio, la creación de una base de datos europea de deudores y patrimonios, la compensación de oficio entre deudas y devoluciones de distintas empresas dentro del mismo grupo empresarial y la definición de normas que eviten la configuración de entramados societarios donde solo existe una actividad.
Críticas al comité de expertos para la reforma fiscal
Los inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han actualizado sus propuestas de 2014 en un nuevo documento, de 124 paginas, que sale al paso de la propuesta del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal, al considerar que sus 788 paginas «se dejan muchas cosas fuera».
De hecho, critican que ningún inspector haya formado parte del equipo de expertos que alistó hace 10 meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y constatan la amarga realidad, en palabras del presidente del colectivo, Julio Ransés Pérez Boga, de que el cónclave de sabios recomienda actuaciones que ya está llevando a cabo la Agencia Tributaria.
Además, Pérez Boga llama la atención sobre el hecho de que el Comité de Expertos no haya realizado propuestas sobre la máxima expresión del fraude: el delito fiscal. «El delito fiscal ha sido preterido en el Libro Blanco de los expertos», sentencia Pérez Boga.
Evitar subidas de impuestos
En su propuesta, los inspectores proponen una panoplia de medidas que, a su juicio, evitarían subir los impuestos, sin cuantificar la cantidad de recursos que atraerían. En cualquier caso, abogan por crear una suerte de Policía fiscal a través de la conversión de determinadas unidades de la Administración en esta policía, con potestades similares al Ministerio Fiscal, por poder iniciar investigaciones sin identificarse y por endurecer las condiciones para los aplazamientos y fraccionamientos tributarios así como para la morosidad.
En este sentido, y tras las presuntas irregularidades fiscales del Rey emérito, refuerzan los inspectores su petición de adquirir más competencias en investigación antes de mandar los casos a la Fiscalía.
Por otra parte, los inspectores proponen un cambio en el criterio de residencia fiscal en España, actualmente fijado en 183 días. En este sentido, creen que hay que bajar el número de días computable para tributar en España y abogan por el criterio de residencia relativa: es decir, que el contribuyente pague impuestos en España si es el país donde más días reside al año, aunque su suma no totalice la mitad del año natural.
Un recaudador único de impuestos y cotizaciones
Por otra parte, reclaman la creación de un órgano recaudador único que aúne los trámites de exacción de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, máxime cuando en algunas pequeñas localidades existen sendas oficinas para atender a muy pocos habitantes.
También recomiendan que se limiten los pagos en efectivo entre empresas, más trazabilidad digital en todas las operaciones que impliquen transacciones y una mejora en la coordinación entre Administraciones que evite tanto el fraude como los cambios ficticios en el domicilio fiscal. Los inspectores también recomiendan el final o la modificación del régimen de módulos, por la proliferación de facturas falsas.
