El Gobierno dará 536 millones a la gran industria para compensar los sobrecostes energéticos

La industria electrointensiva, la gran consumidora de energía, recibirá este año unos 536 millones de euros del Gobierno por tres vías. En concreto, obtendrá 245 millones de euros en ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y 200 millones con cargo al Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

El FERGEI se recoge dentro del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y tiene como fin que las empresas electrointensivas suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo.  Por su parte, los 91 millones de euros restantes irán destinados a compensar parte de los cargos que abonan en el recibo de la luz, es decir, por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP).

En opinión de la industria, el Ejecutivo puede hacer más por el sector en la actual situación de crisis de precios energéticos, que se arrastra desde el verano pasado y que se ha agravado con la invasión de Rusia a Ucrania.

«El Gobierno está autorizado a dar más»

El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Fernando Soto, señala a THE OBJECTIVE que el Gobierno «está autorizado» para dar el máximo en compesanciones por CO2 indirecto, lo que elevaría la cantidad planteada anteriormente a 450 millones de euros, según las estimaciones del sector.

«La Ley de Cambio Climático permite destinar el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión para compensar el CO2 indirecto a la industria electrointensiva, por lo que nos dijo el secretario general de Industria (Raül Blanco) el miércoles, lo máximo que podría dar este año es de 245 millones de euros, cuando el máximo sería de 450 millones, según nuestras estimaciones. Le dijimos a la ministra que nos diera el máximo permitido este año, por la crítica situación que sufrimos y así lo permiten las reglas. No sé por qué no se alcanza esa cuantía máxima», subraya Soto.

Plan a 2030

La Comisión Europea aprobó el miércoles el plan español de 2.900 millones de euros hasta 2030 para compensar a las empresas con un gran consumo energético por los costes indirectos de las emisiones. En palabras de la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, con este régimen, «España podrá reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen su producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos».

El objetivo es reducir el riesgo de «fuga de carbono» por el traslado de parte de la producción a países de fuera de la UE y por ello menos exigentes en materia de normas medioambientales y criterios climáticos. En concreto, la compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se realizará en 2031.

Crisis del sector

Empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Megasa, Ferroglobe, Siderúrgica Balboa, Celsa, Cementos Portland, Asturiana del Zinc o Xeal se han visto obligadas a reducir su producción al mínimo e incluso a apagar hornos debido a la crisis de precios energéticos, con el impacto que esto tiene en el empleo y en la cadena de suministro.

En España más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. En este sentido, el sector ha venido criticando que, desde la publicación del Manifiesto por la Industria Electrointensiva Española, el pasado 1 de diciembre, han transcurrido más de tres meses sin que se adopten medidas efectivas que reviertan la situación y mejoren las perspectivas.

Las empresas que conforman Aege, que suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional, cerraron el año pasado con un sobrecoste de suministro que superó los 1.500 millones de euros, más del doble que sus principales competidores europeos.

Sobrecoste en la factura

Según datos de la patronal, asumieron un precio de unos 120 euros el megavatio hora (MWh), mientras que sus homólogas francesas y alemanas pagaron el MWh a 50 y a 84 euros, respectivamente. Aege subraya que los costes eléctricos suponen el 60% del total del gasto de producción de las empresas del sector, un porcentaje que con los actuales niveles de precios ha ido creciendo hasta llegar a pesar un 75%.

La asociación calcula que la factura de la luz de sus compañías asociadas —un total de 26 que facturan más de 20.000 millones de euros al año— aumentará hasta los 2.300 millones en el ejercicio actual.

En octubre del año pasado, Francia anunció un plan de transformación tecnológica e industrial del país, con inversiones de 30.000 millones de euros en cinco años. El objetivo del plan (Francia 2030) es situar al país en primera línea de los sectores económicos del futuro y de las nuevas energías, pero asegurando también la producción a fin de preservar su independencia económica y su soberanía estratégica.

Francia invertirá 30.000 millones en industria

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso centrar las inversiones en diez grandes ejes: energía nuclear, hidrógeno verde, descarbonización de la industria, vehículos eléctricos, aviones de baja contaminación, agroalimentación, sanidad, contenidos culturales y exploración espacial y submarina.

Pese a las discrepancias en este campo, la industria ha cerrado finales con el Gobierno en su plan de reformar el mercado eléctrico. En una reunión celebrada el miércoles, representantes de las principales asociaciones de la gran industria y de las federaciones sindicales del sector, dieron el beneplácito a las medidas que España ha trasladado a Bruselas para impulsar una respuesta común europea a la subida de los costes energéticos.

España propondrá a la Comisión Europea, junto con Portugal, limitar el precio mayorista de la electricidad a 180 euros por megavatio hora (MWh). La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avisado de que España actuará por su cuenta si no encuentra el respaldo del Ejecutivo comunitario. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició el miércoles una gira por ocho países para convencer a los socios de la Unión Europea que el mejor mecanismo para abaratar el recibo eléctrico es desacoplar el precio del gas del de la energía eléctrica.