La crisis de la pandemia y la guerra se saldará con 300.000 cierres de empresas en 2022

España se enfrenta al cierre de 300.000 empresas este año, según los datos de los gestores administrativos a partir de sus operaciones diarias en todo el territorio. Como comunican a THE OBJECTIVE los gestores, que en el día a día llevan la documentación, declaraciones, y papeles de las pymes, el 95% del tejido productivo español, las llamadas empresas zombi, que el Banco de España hace un año ya cifró en 220.000, caerán por la crisis de precios, suministros y el endurecimiento de la coyuntura, repitiendo la cifra del año anterior.

Ya avanzó este diario la deriva empresarial que aguardaba. El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, en un evento celebrado en el Palacio de las Comunicaciones de Madrid al que asistió THE OBJECTIVE, cifró en la cantidad de 50.000 empresas las quiebras inminentes que antes del conflicto bélico en Ucrania estaban descontadas.

Pero los gestores administrativos, que día a día gestionan los ERTE, las solicitudes de crédito y son conscientes del efecto del alza de precios repercutible al consumidor, han constatado para este diario que se afronta este año el cierre de 300.000 empresas. Han refrendado las cifras adelantadas por el Banco de España, y añaden que las llamadas empresas zombi, en su mayoría, no son empresas meramente insolventes sino quebradas.

Como explica para este diario el vicepresidente de la Asociación de Administradores Concursales (Aspac), Unai Olabarrieta, el conflicto en Ucrania agrava el problema por el alza de precios que se comunica a toda la cadena productiva y, en definitiva, al consumidor. De hecho, Olabarrieta considera que la cifra de 300.000 cierres se quedará corta porque el grueso de las empresas ya ha agotado sus reservas.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, remacha que muchas pymes no tienen una caja de resistencia superior a cuatro meses de actividad.

El fin de los ERTE arbitrados para paliar los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, la devolución de los créditos ICO que ahora se activa, la indefinición sobre cómo acceder a los fondos europeos, entre otros factores, son elementos que minan la caja de las pymes en plena subida de cotizaciones e impuestos.

Muchas empresas no pueden sobrevivir, máxime cuando desde Hacienda, lejos de facilitar la viabilidad del negocio, se endurece el cerco a la actividad, como proponen los inspectores de Hacienda, con su contrarreforma fiscal, que aboga por acotar los fraccionamientos y aplazamientos de pago.

En este contexto, desde Aspac se proponen medidas para rebajar los efectos de las quiebras en el tejido productivo y para alentar la supervivencia empresarial. La asociación ha trasladado a los grupos parlamentarios las necesidades de las empresas para mantener la actividad y el empleo, en plena exigencia de contratación indefinida motivada por la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz aprobada por un voto.

Las empresas piden crédito público, como se ha brindado en otras economías de la eurozona, piden que no se genere confusión en la instrucción de los procedimientos de concurso o quiebra, piden un régimen especial para las microempresas, mayoritarias en España, y según sus datos, el 90% de las concursadas, y también advierten sobre la necesidad de suprimir la disposición por la que se podría crear una plataforma pública de liquidación de bienes que alterase las normas de libre competencia empresarial.

A expensas de cómo evolucione la inflación, abocada a ritmos de dos dígitos en este ejercicio, la situación económica no es proclive para reflotar las empresas que han agotado sus recursos para sobrevivir. Los fondos europeos, como ha reconocido AIReF se están ejecutando tarde, y las medidas del Gobierno se activarán a partir del Consejo de Ministros del 29 de marzo, cuando ya algunas pymes, de las 300.000 que caerán este año, hayan bajado la persiana.