CEOE calcula que la reforma fiscal del comité de expertos destruiría un millón de empleos
Los asesores fiscales instan al Gobierno a bajar impuestos y el experto del comité para la reforma Guillem López aboga por que se acometa un merma del IVA de la energía
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
Una eventual aplicación completa del Libro Blanco que el Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal entregó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ampliaría la presión fiscal en 50.000 millones de euros, lo que provocaría una contracción de la actividad económica de seis puntos de PIB y destruiría un millón de empleos, según el director general del brazo intelectual de la CEOE, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.
En este sentido se ha pronunciado este lunes el también responsable del comité fiscal de la patronal CEOE, Izquierdo, durante la presentación -a la que asistió THE OBJECTIVE– del Análisis del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria por parte del Registro de Economistas Asesores Fiscales, perteneciente al Consejo General de Economistas de España (CGE), que preside Valentí Pich.
Compartiendo tribuna con uno de los expertos del comité -el catedrático de la UPF Guillem López Casasnovas-, Gregorio Izquierdo valoró en positivo algunos aspectos de la propuesta de la reforma fiscal, pero también dijo haber echado de menos que el comité de expertos hubiera abordado en su informe medidas para elevar la eficiencia del gasto público y ha destacado Izquierdo que el documento parte de unas premisas que omiten aspectos clave para los economistas no tenidos normalmente en cuenta por los juristas.
No ataja desequilibrios de la economía española
Izquierdo defiende que el Libro Blanco debería haber tenido en cuenta los desequilibrios estructurales de la economía española, como los bajos niveles de ocupación y renta de que adolece, que son los responsables de que aparentemente la presión fiscal (porcentaje de recaudación sobre el PIB) parezca menor en nuestro país, cuando sucede que si se ajusta a la renta disponible o se aísla de la economía sumergida la presión fiscal en España no es menor que la de nuestros socios europeos y economías comparables.
Además, entiende Izquierdo que uno de los objetivos de la reforma debería haber sido el incentivo al aumento de la inversión privada, ya que cada punto de inversión eleva en tres décimas el crecimiento potencial.
Los expertos piden rebajas fiscales
Por otra parte desaconsejó subir impuestos ante el agravamiento de la coyuntura. «No es momento de subir impuestos, sino de bajarlos», sentenció Izquierdo. En el mismo sentido se pronunció el presidente del CGE, Valentí Pich: «No es momento de subir impuestos y el IVA hay que bajarlo ya».
Por su parte, el representante de los economistas asesores fiscales del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha destacado en el mismo encuentro que una de las cuestiones que ha de resolver una reforma fiscal es la disolución de la desigualdad intergeneracional para evitar dejar «una carga muy difícil de levantar a generaciones venideras». Llamó Fernández la atención sobre la necesidad de atajar el fraude y reclamó que el sistema educativo incorpore la educación fiscal.
Un experto del comité pide bajar el IVA de la energía
El experto del comité y catedrático López Casasnovas abogó durante el acto del Consejo General de Colegios de Economistas por abordar una bajada del IVA que grava los carburantes –medida que por el momento descarta adoptar el Gobierno– ya que el conflicto bélico en Ucrania ha agravado la coyuntura sobre la que los expertos elaboraron la propuesta tributaria para el Gobierno.
Y recordó que ahora mismo el Estado está elevando su recaudación en proporción a la subida de los precios, del 7,6% en febrero. Pese a que recomienda bajar el IVA de los carburantes, defiende el mantenimiento del Impuesto Especial sobre estos productos en el mismo nivel ya que este no gira sobre precios, sino sobre la cantidad.
Patrimonio, un impuesto que «no funciona»
Sobre el Impuesto de Patrimonio, Izquierdo manifestó su total desacuerdo con el Libro Blanco de los expertos, ya que su existencia en España es una excepción y que solo recauda el 0,2% del PIB. «El derecho comparado demuestra que este tipo de impuestos se ha eliminado en la práctica totalidad de países de nuestro entorno por considerarlo especialmente nocivo para la economía y contraproducente en recaudación, puesto que se pierde más de lo que se recauda y, sencillamente, es un tributo que no funciona».
Fernández abundó en los fallos que representa la tributación patrimonial, especialmente porque produce casos de doble y hasta triple tributación. Puso el ejemplo de la fiscalidad de los inmuebles, ya que en ocasiones soportan IBI, imputaciones de rentas, IRPF y Patrimonio.
López Casasnovas recalcó que el Gobierno no puso sobre la mesa del Comité de Personas Expertas la disyuntiva de abolir o no Patrimonio, sino su estudio para evitar distorsiones. «Por ello, en el informe planteamos un Impuesto sobre el Patrimonio con un mínimo exento de un millón de euros, manteniendo la exención de 300.000 euros para la vivienda, el límite conjunto Renta-Patrimonio y una tarifa más baja que la actual», zanjó.
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) advierte de que la propuesta de eliminar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) formulada en el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos para la reforma fiscal es una invitación directa a los contribuyentes a que se recurra contra las entidades locales. La Asociación considera que el mero hecho de plantear la supresión de este impuesto sin ofrecer una alternativao, deja a los pies de los caballos a los funcionarios de diputaciones y ayuntamientos, que día a día contribuyen a la lucha contra el fraude fiscal y a la gestión de los tributos locales. El IAE representaba en el conjunto de España en 2019, el año anterior a la pandemia, una recaudación superior a los 1.600 millones.
