Las eléctricas: «El Gobierno sabía que topar el precio de la luz era lo más complicado y lo menos eficiente»

Las eléctricas denuncian que el Gobierno era «consciente» de que su propuesta de poner un límite al precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) era la opción «más complicada» de cara a recibir el visto bueno de la Comisión Europea y la «menos eficiente» para bajar el precio de la factura de la luz para el consumidor final.

«Eran conscientes de que la imposición de un price cap de 180 euros el megavatio hora (MWh) al mercado mayorista era lo más complicado y lo menos eficiente», subrayan fuentes del sector a THE OBJECTIVE antes de la reunión que han mantenido el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP en La Moncloa.

Las mismas fuentes indican que el Ejecutivo trabaja en en soluciones para modificar el precio del gas que afecta a los ciclos combinados. Sin embargo, el principal obstáculo a salvar dentro de este planteamiento es que habría que establecer un mecanismo de compensación para este tipo de centrales y que se evite así que se declaren indisponibles y dejen de realizar ofertas de venta al mercado.

Con este encuentro, Sánchez y Ribera buscaban conocer la opinión de los primeros ejecutivos de las principales compañías eléctricas que operan en el país sobre las medidas que serían más adecuadas para contener los elevados precios de la luz, con el fin de amortiguar su impacto en la inflación, en los hogares y en los sectores con un consumo más intensivo de energía.

Expertos del sector señalan a este medio que la intervención del mercado puede crear inestabilidad regulatoria y que para beneficiar al cliente final se podría hacer mediante ayudas directas, con más descuentos fiscales o aplicando peajes negativos. El Ejecutivo ya suavizó el recorte de beneficios caídos del cielo que afectaba a la generación nuclear e hidráulica tras que las eléctricas se opusieran en banda, dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.

De su lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que se aplique un impuesto que tase los beneficios de las grandes eléctricas para compensar a las familias, como quiso hacer en su día el exlíder de Unidas Podemos con la banca.

Ajuste a las renovables

Además, el Gobierno trabaja en el adelanto de la regularización de la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023. Las empresas que pertenecen al Recore reciben una retribución especial, que supone una rentabilidad por su inversión del 7,1%. Sin embargo, con los precios actuales del mercado mayorista (pool) esa rentabilidad se ha disparado y el sistema eléctrico podría ingresar entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Las empresas también consideran que el Gobierno tiene margen para reducir temporalmente la fiscalidad de la energía, a la vista de que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que más grava la electricidad a los hogares, según datos de Eurostat correspondientes a la primera mitad de 2021.

Para hacer frente a la actual coyuntura de precios, el Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno está manteniendo con agentes sociales y sectores productivos para consensuar medidas que ayuden a frenar la espiral de precios.

Topar el gas

Poner un tope al precio mayorista del gas es una opción que puede «encajar» entre las empresas eléctricas con el fin de limitar el precio de la electricidad. Según el sector, teniendo en cuenta un límite de coste del gas de 80 €/MWh, el que rondaba antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de la electricidad en el mercado mayorista podría situarse en torno a los 180 euros €/MWh, lo que supone un abaratamiento del pool de más de 300 euros.

Por su parte, la idea de poner un tope al precio de la electricidad de 180 €/MWh ha quedado descartada cuatro días después de que la anunciara la propia Ribera, según avanzó El Periódico de la Energía y pudo confirmar este medio.

La medida fue criticada por las grandes eléctricas a través de la patronal Aelec, que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, por Unidas Podemos y las organizaciones de consumidores. «Seguimos trabajando en un mecanismo para evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad en toda la UE con el resto de socios comunitarios», indican fuentes de Transición Ecológica.

«El mercado eléctrico no está fallando»

Aelec aboga por que, en caso de que haya que adoptar medidas de limitación de precios ante la espiral alcista de la energía, se actúe sobre el gas y se utilicen fondos europeos para costear la medida, en vez de limitar el de la electricidad como defiende la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La patronal de las eléctricas defiende que el mercado eléctrico «no está fallando», sino que refleja la situación excepcional del mercado de gas, tensionado por la invasión de Rusia de Ucrania y que, debido al funcionamiento marginalista del sistema, marca el precio del conjunto del pool.

En el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo se debatirá sobre las posibles medidas para paliar el alza de precios en el mercado energético del continente. El Gobierno ha citado este lunes a los agentes sociales, dentro de una ronda de contactos que también incluye a los partidos políticos y a las comunidades autónomas, para conocer sus propuestas y aportaciones al Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania, que el Ejecutivo prevé aprobar el 29 de marzo.

«Una intervención en el mercado eléctrico no soluciona los problemas de los consumidores de gas, es más compleja técnicamente y genera importantes distorsiones en los distintos mercados físicos y financieros en los que se opera», sostiene la asociación que preside Marina Serrano.

Impulsar los PPA

Las empresas también apuestan por impulsar los contratos bilaterales a largo plazo para dar estabilidad, certidumbre y predictibilidad a los grandes consumidores de energía. Un PPA (Power Purchase Agreement) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.

Los precios que se están cerrando para 2023 y 2024 están bastante alejados de los precios de mercado actuales. De hecho, las compañías están firmando contratos para 2023 a 51 euros para plantas fotovoltaicas y de 35 euros para 2024. Estas cifras son todavía más bajas para los parques eólicos: 32 euros para 2023 y 34 euros para 2024.