La ofensiva energética de Pedro Sánchez está en el lado equivocado de la historia

Cuando hace unos días surgió el tema de la luz durante una reunión familiar, un cuñado apuntó: «Claro, no sé si has visto las noticias. El aire que mueve los molinos, el agua de las presas e incluso los átomos de las plantas nucleares se han disparado por la covid y la guerra de Ucrania». El comentario suscitó la hilaridad general, pero, como fino psicólogo que soy, me di cuenta en seguida de que no era una risa sana, sino lo que Freud consideraba una liberación de energía negativa reprimida. El personal está que echa las muelas. Le han contado que el encarecimiento de la electricidad es culpa del gas, pero eso solo debería afectar a las centrales que usan esa materia prima como combustible. ¿Qué le importa, en efecto, a un huerto solar a cuánto cotice el metro cúbico de metano o de lo que sea?

La explicación es que el coste del kilovatio se fija en un mercado marginalista. A cada compañía se le pregunta la víspera cuánta energía pretende vender y por cuánto. Con las distintas ofertas se forma una curva y, acto seguido, se hace lo mismo con los clientes para obtener la curva de demanda. Finalmente, se superponen ambas y el punto en el que se cruzan determina el precio que maximiza la utilidad, es decir, que satisface al mayor número de compradores y vendedores.

Los generadores entran por orden de coste. Las renovables y las nucleares suelen hacerlo gratis o casi, porque no pueden almacenar la energía y están dispuestas a recibir lo que sea por ella. Cuando es bajo el consumo, se bastan para atenderlo y la luz sale barata. Pero en cuanto hay picos y se recurre a los ciclos combinados, la regla de que se retribuya a todos los operadores al precio de la última tecnología dispara el recibo.

Esto es lo que mi cuñado no entiende. Pagamos lo mismo el kilovatio de una planta solar que el de una central de gas. Es igual que comer sardinas y que te cobren percebes. ¿Por qué no desvinculamos los precios de una y otra? La pregunta no se la hace solo mi cuñado. «Varios Gobiernos [europeos] argumentan que la situación actual requiere una amplia reforma de los mercados eléctricos, más allá de la mera introducción de paliativos temporales», escriben los investigadores Carlos Batlle, Tim Schittekatte y Christopher R. Knittel del MIT Energy Initiative. Uno de esos Gobiernos es el español. La idea es fijar el precio de la luz a partir del coste de generación medio, y no de la última tecnología que entra en el pool. «Sin embargo», añaden Batlle et al, «no está claro cómo va a alcanzarse ese objetivo […] sin afectar a la eficiencia del sistema».

Pepe Gotera y Otilio

Lo primero que hay que aclarar es en qué consiste eso del «precio que maximiza la utilidad». Pensemos en el gobernador de un oasis. Para que su economía prospere, el hombre quiere que acudan muchos turistas y un modo de captarlos es facilitar abundante agua. Pero si la abarata demasiado, se expone a que nadie la acarree. Necesita fijar un precio que sea atractivo tanto para los compradores como para los vendedores. 

Ese precio que satisface al mayor número de agentes no es, sin embargo, el ideal. Habrá consumidores para los que resulte inasequible y productores que pierdan dinero con él, pero la misión del mercado es asignar los recursos, no tener feliz a todo el mundo todo el rato. Ese sería, en todo caso, un problema político.

¿Y no se maximiza más la utilidad organizando subastas en las que cada productor ofrezca su género en función de sus costes y cada comprador se quede con el que más le convenga? Este sistema se conoce como pay-as-bid y, aunque puede parecer más lógico, los modelos revelan que, en un mercado competitivo, acaba con precios similares o más altos. ¿Por qué? Volvamos al oasis. A quienes explotan un pozo local no les será difícil averiguar los gastos en que incurren quienes traen agua de fuera y, por tanto, cuánto necesitan cobrar. Una vez calculado ese precio, pondrán el suyo levemente por debajo.

¿Y por qué no se obliga a esos desaprensivos a devolver lo que ganan de más y se usa el dinero para compensar a los clientes damnificados? Eso busca el impuesto sobre los windfall profits (literalmente, beneficios caídos del cielo) promovido por la ministra Nadia Calviño. Su puesta en práctica está, sin embargo, erizada de dificultades. 

¿Cómo se determina, para empezar, el precio justo? El primer decreto del Gobierno se encontró con que en las horas valle las plantas afectadas funcionaban a pérdida. Además, muchas habían comprometido entregas antes del alza del gas. Hubo que publicar otro decreto que exceptuara esas entregas, pero los técnicos olvidaron incluir los contratos que, dentro de los propios holdings, firman la parte de producción y la de comercialización. Al mes salía el tercer decreto y, «tras semanas de acalorado debate», concluyen Batlle et al, «parece que el impacto de la medida (con la que el Gobierno alegó que iba a recaudar 2.600 millones) será insignificante». La razón es que, en realidad, las grandes eléctricas no se están forrando. Si se resta la devolución del canon hidroeléctrico cuya retroactividad anuló Tribunal el Supremo, Iberdrola, Naturgy y Endesa ganaron el año pasado 4.909 millones, una cifra similar a los 4.658 millones de 2020 o los 4.978 de 2019. La razón es que sus mix de generación son heterogéneos y parte de lo que ingresan de más por las fotovoltaicas o las eólicas se les va en adquirir el combustible para sus ciclos combinados.

En Francia, mientras tanto, Emmanuel Macron anunció en enero que EDF debía socializar los windfall profits de su parque de reactores mediante el Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica (ARENH). Este rimbombante plan consiste en reservar el 25% de la energía de EDF para colocarla a 42 euros el kilovatio hora durante 15 años. A diferencia de la enrevesada propuesta de Calviño, la de Macron apenas oculta su propósito de {bajar la factura de los consumidores franceses a costa del balance de EDF», escriben Batlle et al. Y se preguntan educadamente hasta qué punto el ARENH no vulnera «los principios básicos sobre mercado interno y ayudas de estado actualmente en vigor».

Castigo inútil

Por mucho que a mi cuñado le cueste entenderlo, pagar lo mismo por el kilovatio de una planta solar que por el de una central de gas está lleno de sentido. «La idea de que distintas tecnologías no deben competir entre sí no se sostiene», escribe José Luis Ferreira en Nada Es Gratis. «Precisamente una de las bondades del mercado [marginalista] es incentivar el uso de las mejores tecnologías».

El modelo eléctrico europeo está diseñado para impulsar la evolución hacia una generación cada vez más limpia e independiente de los combustibles fósiles, despachados a menudo por regímenes poco presentables. Castigar a los operadores de renovables, como proponen Madrid y París, desanima a los inversores, retrasa la transición energética y no ataca la raíz del mal: el precio del gas.