El Gobierno solo podrá aplicar dos meses su medida más importante para bajar la luz

El Gobierno no espera recibir el aprobado de Bruselas a su plan de limitar el gas que se usa para generar electricidad hasta dentro de tres o cuatro semanas, según ha reconocido la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo que le deja poco margen para rebajar de manera significativa la factura de la luz de los consumidores finales por esta vía.

España y Portugal presentarán esta semana a Bruselas una medida «excepcional y temporal» para fijar un precio de referencia del gas tras lograr en el Consejo Europeo del viernes pasado una ‘excepción ibérica’ que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.

Todo esto después de que, a principios de marzo, Bruselas recogiera el guante de España y abriera la posibilidad de que los Estados miembro tomaran medidas para limitar el efecto contagio de los precios del gas en los de la electricidad, aunque no más allá del 30 de junio y bajo un contexto de «emergencia».

De este modo, siguiendo el calendario de Ribera, el Gobierno no recibirá el visto bueno del Ejecutivo comunitario hasta finales de abril o principios de mayo, por lo que tan solo podría aplicar el tope al gas durante los meses de mayo y junio.

Tope de 50 euros el megavatio hora

Fuentes del sector señalan que se baraja un tope a los ciclos combinados de alrededor de 50 euros el megavatio hora (MWh), lo que supondría bajar el precio de la electricidad a los 120 euros/MWh, muy por encima de la serie histórica pero algo más contenido que a lo que acostumbramos en los últimos meses. Para este miércoles se sitúa en 255,81 euros/MWh en el mercado mayorista, según previsiones del operador del mercado (Omie).

No obstante, desde el Ejecutivo prefieren no hablar de cifras concretas. «Negociar el umbral de referencia que a la Comisión Europea le parezca razonable no es un proceso que se pueda tomar a la ligera. Requiere de un trabajo importante», dijo este martes Ribera.

La titular de Transición Ecológica defiende que, «en cualquier escenario», el precio de la electricidad será «más bajo» que el actual. «El precio del gas ha estado en torno a 20 euros el megavatio hora desde que comenzó a operar el mercado ibérico de electricidad. En 2021 estuvo en 50 euros y en 2022 la media está por encima de los 120 euros», de ahí, según Ribera, la complejidad de fijar un precio tope en la actualidad que sea consensuado con la Comisión Europa.

Enfrentamiento entre los socios de Ejecutivo

La medida también ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los socios de Ejecutivo. En concreto, entre la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La secretaria general de Unidas Podemos ha reprochado a Calviño que la decisión de no fijar un máximo al gas de 30 euros/MWh como pide la formación morada no responde a criterios técnicos, sino que se trata de una «decisión política». Belarra ha asegurado que la propuesta está avalada técnicamente por los equipos de Unidas Podemos.

«Nuestro objetivo es fijar el precio más bajo posible para el gas. Para determinarlo estamos llevando a cabo un trabajo riguroso y técnico con Portugal y con la Comisión Europea, pero nuestro objetivo es fijar el precio más bajo que sea posible», ha respondido Calviño.

Unidas Podemos viene apostando por crear una empresa eléctrica pública y por elevar de un 25% a un 35% el Impuesto sobre Sociedades a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones anuales durante un periodo de cinco años, y con posibilidad de prórroga. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso crear directamente un impuesto extra para Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Doble subasta

Volviendo al gas, según avanzó Cinco Días,  el sistema pactado consiste en hacer dos subastas diarias. Una sería como las actuales, con el precio del gas sin topar y que marcaría el precio marginal al resto de energías (nuclear, hidroeléctrica y renovables), y que regiría para las comercializadoras que importen desde Francia.

Por otro lado, habría una segunda puja para el uso nacional, en el que se pondría un límite al precio del gas que va al mercado mayorista y cuya diferencia se prorratearía o distribuiría entre todas las horas y pagaría la demanda. Sea como sea, fuentes de Transición Ecológica aseguran que la rentabilidad de las centrales de ciclo combinado no se vería comprometida.

Pero el tope al gas también tiene ‘truco’: serán los consumidores quien asuman la compensación a las eléctricas propietarias de los ciclos combinados que tienen que poner un límite al precio de sus ofertas en el mercado mayorista. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que aún así seguirá habiendo un ahorro en el recibo y que se ha establecido así ante la negativa de Bruselas de incurrir en déficit de tarifa.

El Gobierno también anunciaba este martes que aplicará la minoración de beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés) a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros/MWh  y los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.

En concreto, la medida afectará a todos los contratos nuevos, así como revisiones y renovaciones.En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

Las eléctricas deben entregar mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una declaración responsable que incluya, al menos, la energía mensual sujeta al instrumento de contratación a plazo, la fecha de celebración de dichos instrumentos, así como el volumen, precio y plazo de entrega o liquidación de la energía negociada y comprometida en contratación a precio fijo.

Recorte tecnológicamente neutral

Según la comunicación de la Comisión Europea, el recorte debe ser tecnológicamente neutral, por lo que ya no puede afectar solo a la tecnología inframarginal. Tampoco se puede aplicar con retroactividad y durar más allá del 30 de junio.

Tras el revuelo de las grandes eléctricas con el Real Decreto-ley de septiembre, el Gobierno se apoya ahora en el aval de Bruselas para aplicar la minoración como medida «excepcional» para paliar los efectos de la invasión rusa. La novedad respecto con la norma vigente, es que ahora se extiende a todos los contratos a plazo.

Tras conocerse los detalles del Real Decreto-ley, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Endesa dice que está vendiendo a 54 €/MWh su generación propia de base (procedente de la energía nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) este año y en 58 €/MWh para 2023.

Reducción de los cargos

El Gobierno también ha actualizado la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023. Las empresas que pertenecen al Recore reciben una retribución especial, que supone una rentabilidad por su inversión del 7,1%. Sin embargo, con los precios actuales del pool esa rentabilidad se ha disparado y con el ajuste se podrán liberar 1.800 millones de euros este año.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que estos casi 2.000 millones servirán para recortar hasta un 55% los cargos, lo que se traduce en seis euros menos en el recibo, según fuentes del departamento de Teresa Ribera.

El Ejecutivo también tiene  en cartera para rebajar la factura de la luz el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y  el mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico, aunque no se prevé que entren en vigor hasta la segunda parte el año.