Las eléctricas califican de «treta» del Gobierno la nueva financiación del bono social

El Gobierno continúa en su intento de que sean las compañías eléctricas las que sufraguen el coste del bono social. El Tribunal Supremo le ha anulado el mecanismo de financiación hasta en tres ocasiones —la última en febrero de este año— por considerarlo «discriminatorio» y ahora prueba con nueva fórmula, que desde el sector califican como una «treta».

Según recoge el ‘megadecreto’ para hacer frente a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, el bono social será asumido por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado.

La novedad está en que ahora se incluye en el mecanismo a todo los agentes del sector. El bono social lo financiaban hasta ahora las comercializadoras eléctricas y su coste anual era de unos 200 millones de euros. Fuentes del sector señalan a THE OBJECTIVE que lo que pretende el Ejecutivo es encontrar una fórmula que se adecúe con ese principio de no discriminación que señala el Tribunal Supremo implicando a toda la cadena de valor. «Es una treta», subrayan las mismas fuentes.

La misma patronal de las grandes eléctricas Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, defiende que el bono social, como «herramienta de política social» para los consumidores más vulnerables debería ser financiado a través de los Presupuestos, «al igual que sucede con el bono térmico».

«El bono social eléctrico nos parece fantástico y muy razonable como medida de justicia, pero entendemos que por ser política social debería pagarse a través de los Presupuestos, exactamente igual que el bono social térmico», insisten las fuentes consultadas por este medio. En un informe reciente elaborado para la Fundación Naturgy, PwC manifiesta que las medidas de protección al consumidor vulnerable que se están implantando en Europa «difieren de lo observado en España».

Ligado a la tarifa regulada

Actualmente, es la tarifa regulada (PVPC) la que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico. En este sentido, la consultora expresa que España necesita alinear sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable estableciendo una tarifa con precio fijo reducido y financiada a través de los PGE, otros ingresos regulados del sector eléctrico o mediante mecanismos que «no sean discriminatorios entre los agentes».

El sistema de financiación anulado a principios de febrero por el alto tribunal estaba regulado por el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, que imponía su coste a «las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario». Esto implicaba imputar el 94% del coste de financiación a las empresas comercializadoras.

La sentencia también imponía que se indemnizara a las empresas afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018. Ya tras los reveses sufridos en los tribunales anteriormente por el mismo motivo, el Gobierno procedió a devolver las cantidades financiadas por las compañías por el bono social en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes, con un importe total que alcanzaba casi los 520 millones de euros.

Jurisprudencia europea

Las sentencias parten de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente de lo afirmado en su sentencia de 14 de octubre de 2021 en la que se sostiene que las obligaciones de servicio público, como el caso del bono social, deben imponerse «con carácter general a las empresas eléctricas» y no a algunas empresas concretas.

Las fuentes consultadas advierten de que las empresas acabarán repercutiendo el coste del bono social en las facturas de la luz de los consumidores finales si el Gobierno mantiene la idea de que sea el sector privado quien debe sufragarlo.

Bajo el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo ha extendido el bono social eléctrico a 600.000 familias, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, y prorroga hasta el 30 de junio la ayuda del 60% del recibo a los consumidores vulnerables y del 70% si se trata de vulnerables severos. Antes de la crisis de precios, que se alarga desde verano del año pasado y se ha visto fuertemente agravada por la invasión rusa, el descuento era del 25% y 40%, respectivamente.

Para financiar la ampliación de la cobertura del bono social térmico a los nuevos beneficiarios acogidos al bono social de electricidad, se ha aprobado un suplemento de crédito a cargo del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica por una cuantía de 75 millones.

Sorpresa entre las eléctricas

Por otro lado, distintas empresas del sector consultadas muestran su sorpresa ante las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo: «Nos hemos enterado una vez ya se han publicado en el BOE y nos habría gustado opinar». Aseguran que el Gobierno no había comunicado su intención sobre el recorte a los beneficios caídos del cielo y que estaban a la espera de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes para conocer el detalle.

Las mismas fuentes sostienen que tampoco conocían la propuesta de España y Portugal para limitar el precio del gas que confirmó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras que lo adelantara el diario portugués Público.

Hay que recordar que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ribera se reunieron con los primeros espadas de las grandes eléctricas del país hace poco más de una semana. En concreto, a la cita en Moncloa asistieron el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Nautrgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques.

Minoración de los beneficios caídos del cielo

El Gobierno aplicará una minoración de beneficios a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros el megavatio hora (MWh) y los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores. La medida afectará a todos los contratos nuevos, así como revisiones y renovaciones. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

No obstante, la medida de mayor calado para bajar el recibo de los consumidores finales será la de limitar el gas. España y Portugal han propuesto a la Comisión Europea (CE) fijar un precio máximo de 30 €/MWh para el gas que se usa en la generación de electricidad.

De recibir el visto bueno de Bruselas, el precio de la electricidad se situaría entre los 90 y 100 €/MWh. La ‘petición ibérica’ recoge que la medida se aplique hasta diciembre. La Comisión dijo en su última comunicación que las medidas deberían ser «excepcionales» y no alargarse más allá del 30 de junio.