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Así ha ahorrado Adif seis millones en electricidad: compras a corto plazo y precio fijo

El gestor de la red ferroviaria reclama que se le permita firmar contratos de compraventa de energía a diez o 15 años

Así ha ahorrado Adif seis millones en electricidad: compras a corto plazo y precio fijo

LAV Galicia, en la estación de A Gudiña, en octubre del año pasado. | Adif

Adif, el gestor de la red ferroviaria en España, realizó coberturas de electricidad a corto plazo entre febrero y marzo que representaron un ahorro para el sector de más de seis millones de euros. Fuentes de la empresa explican a THE OBJECTIVE que se aprovechó el hecho de que a principios de curso el precio de la electricidad estaba más bajo y con el fin de cubrir un porcentaje de la cartera ante posibles subidas por encima de los precios de cierre.

La compañía tiene el contrato de electricidad indexado al mercado mayorista diario, pero tiene la posibilidad de cerrar periodos temporales a precio fijo. De este modo, respecto a los cierres de precio en OMIP, ha realizado y ejecutado seis órdenes de cierre sobre el producto temporal entre febrero y marzo, con una cobertura de entre el 20% y el 25%.

En España, Adif licita el suministro eléctrico a través de comercializadores y luego lo repercute a los operadores. Antes tenía un contrato a precios fijos y ahora sufre la volatilidad del mercado. En febrero del año pasado, adjudicó el suministro de energía eléctrica para la red ferroviaria por un importe máximo de 489 millones de euros durante un periodo de 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses.

La eléctrica portuguesa EDP consiguió la mayor parte de los lotes en puja. Endesa Energía, Gas Natural Comercializadora y Factor Energía también se llevaron alguno. En los contratos no se incluyen los costes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya gestión es íntegramente realizada por Adif con las compañías distribuidoras de cada punto de suministro. 

«No hay beneficio alguno para Adif»

Desde la empresa subrayan a este medio que la modalidad de precio adjudicada en los últimos diez años ha ido variando «eligiendo en cada momento la más ventajosa para el sector ferroviario». También recalcan que los costes son transferidos íntegramente a los operadores «sin beneficio alguno para Adif», mediante la publicación de tarifas en la declaración sobre la red.

«Adif actúa con transparencia y ofrece a los operadores participar en la toma de decisiones en materia de energía y, en este contexto, merece la pena destacar que en octubre de 2021, la compañía ofreció a las operadoras cerrar un precio fijo —el contrato con las compañías eléctricas reflejaba esa posibilidad— y lo declinaron porque en el contexto alcista de precios representaba cerrar contratos a precios muy altos», reivindican desde la empresa pública.

La regulación del sector eléctrico imposibilita a las operadoras acudir al mercado a comprar electricidad y negociar precios, ya que expresamente determina que el consumidor es el administrador de infraestructuras ferroviarias y este ofrece el servicio de suministro. En Francia, SNCF y otros operadores pueden comprar la electricidad directamente y el precio que pagaron en febrero fue de 70 euros el megavatio hora (MWh), gracias a los contratos a plazo.

Por otro lado, desde febrero de 2021, Adif cuenta con el apoyo de un asesor externo especializado en mercados energéticos y, siguiendo sus recomendaciones, durante la escalada de precios del pasado año desestimó cerrar precios en el mercado de futuros hasta que bajasen a niveles más sostenibles. «Esta fue, y está siendo, la tónica general de los grandes consumidores con posiciones abiertas, incluido Adif», indica la compañía.

Adif quiere firmar PPA

Asimismo, Adif ha solicitado que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público para que se le permita gestionar contratos a largo plazo de entre diez a 15 años, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement en inglés). Actualmente, se le impide firmar más allá de cinco años. También reclama la eliminación de las dobles acometidas a subestaciones eléctricas mediante la autorización de contratación de una tarifa de acceso única en las subestaciones eléctricas de tracción con más de una toma, así como acabar con los costes de peajes y cargos para los puntos de suministro destinados al servicio ferroviario de carácter esencial.

La empresa trabaja también para ser considerado como consumidor electrointensivo, una decisión que corresponde al ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Podría recibir así ayudas anuales que van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y contar con las pólizas de riesgo de crédito con las que el Estado cubre el riesgo de los contratos bilaterales de suministro de electricidad de la industria electrointensiva, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Cesce ofrece dos modalidades de cobertura, una sobre avales y otra de garantías a favor del vendedor, que ya están disponibles. Para beneficiarse de estas coberturas hay que ser consumidor electrointensivo, firmar un contrato bilateral como mínimo por cinco años y la energía debe ser de origen renovable.

«Efecto expulsión»

El propio Gobierno ha alertado de un posible «efecto de expulsión» del transporte ferroviario, ya sea de viajeros o de mercancías, como consecuencia del incremento de los costes de las empresas del sector derivado del alza de precios de la energía y los carburantes. En este sentido, considera que es «necesario» abordar una reforma de la Ley del Sector Eléctrico que permita reducir el incremento de costes. Pone de ejemplo la posibilidad de que se habilite la implantación de plantas de generación de energía renovable que alimenten la demanda de la energía de tracción, posibilitando a los administradores de infraestructuras ferroviarias la prestación de los servicios de suministro eléctrico mediante la conexión por parte de las empresas a sus puntos de frontera.

Las operadoras de pasajeros se han quedado fuera de las ayudas y de la compensación por los costes energéticos recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

En España, compiten actualmente dos compañías, Renfe, bajo las marcas AVE y Avlo, y la francesa Ouigo, que pertenece a SNCF. Por su parte, Iryo, participada por Air Nostrum y Trenitalia, comenzará a operar en noviembre. El proceso de liberalización ferroviario europeo arrancó el  14 de diciembre de 2020 y desde el sector advierten que el proceso está en «peligro» debido a los altos costes energéticos.

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