Los municipios de más de 50.000 habitantes tienen seis meses para fijar zonas 'anticoches'
Deberán adoptar planes de movilidad que incluyan zonas de bajas emisiones
Tubo de escape de un coche. | Óscar J.Barroso (Europa Press)
Los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen unos determinados valores contaminantes —regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero— deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana que incluyan Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética define las zonas de bajas emisiones como el «ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones».
De este modo, tendrán prohibida o restringida la entrada a dichas zonas los vehículos más emisores. Para facilitar el desarrollo de las ZBE, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado una serie de directrices. Según el proyecto de real decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, que ha sido sometido a consulta pública entre el 21 de abril y el 13 de mayo, este sistema tiene como fin mejorar la calidad del aire y acústica de las ciudades, así como la salud de la ciudadanía.
El texto también resalta que las ZBE nacen para impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles siguiendo la siguiente jerarquía: peatón, bicicleta, transporte público, vehículos con alta ocupación y movilidad compartida, por último, coches particulares.
Los coches sin etiqueta, los más contaminantes
Así, las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante, como son los modelos A, los de gasolina matriculados antes del 2001 y los diésel anteriores a 2006, y que no tienen etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). A estos les siguen los B —gasolina a partir de 2001 y diésel desde 2006— y los C —gasolina a partir de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015—. Por su parte, se priorizará el acceso de los vehículos cero emisiones, es decir, los eléctricos.
El municipio deberá trasladar a la DGT la información relativa al perímetro de las zonas de bajas emisiones, de los horarios si los tuviera y de los coches permitidos en base a su distintivo medioambiental. La DGT pondrá dicha información a disposición de navegadores GPS, vehículos y resto de agentes del ecosistema de la movilidad a través del Punto de Acceso Nacional (NAP) de información de tráfico.
Asimismo, las entidades locales tendrán que establecer un sistema de monitorización y seguimiento del sistema con el fin de evaluar la eficacia y modificar la ZBE en el caso de que sea necesario. También tendrán que poner el foco en que la restricción del tráfico en dicha zona no repercuta negativamente en otras áreas.
En los supuestos que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de la ZBE se aplicará el régimen sancionador que se recoge en la normativa de tráfico a estos efectos. De su lado, las ZBE establecidas con fecha anterior a la entrada en vigor de este real decreto deberán adecuarse en un plazo máximo de cuatro años desde su puesta en marcha.
Ciudades como Madrid o Barcelona ya aplican estas áreas restringidas a los vehículos más contaminantes, en función del nivel de contaminación. Bajo ‘Madrid 360’, el Ayuntamiento de la capital española limitará progresivamente hasta 2025 el acceso y circulación a algunos de los vehículos A. De su lado, los vehículos con categoría B y C pueden entrar, estacionar y circular por el interior de la M-30 sin limitaciones, salvo las especificadas en Madrid Distrito Centro. En el caso de la Ciudad Condal, los modelos con etiqueta B podrán circular por la zona de bajas emisiones durante todo este año.
Hay que destacar que el parque móvil español envejece a marchas forzadas. La edad media de los turismos y todoterrenos que circulan por España alcanza ya casi los 14 años. Según datos facilitados a THE OBJECTIVE por las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribución (Ganvam), la edad media de los automóviles ha crecido casi un año tan solo en el último ejercicio y seis años desde 2006.
Esto se explica por qué se han disparado las ventas de modelos de segunda mano ante la falta de recursos de los potenciales compradores o debido a la incertidumbre sobre qué coche comprar por las posibles prohibiciones de circulación.
Por otro lado, y en aras de lograr la descarbonización, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece el objetivo de alcanzar la cifra de cinco millones de vehículos eléctricos, incluidos coches, furgonetas, motocicletas y autobuses, en España para 2030. A más corto plazo, el Gobierno prevé que, gracias a la tercera edición del programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) , el año que viene se alcancen las 250.000 unidades y 100.000 puntos públicos de recarga.
Prohibir la venta de modelos de combustión en 2035
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo defenderá en las negociaciones con los Veintisiete sobre las nuevas normas de emisiones contaminantes de coches y furgonetas que sea 2035 la fecha que se marque para prohibir en toda la Unión Europea (UE) la venta de vehículos de combustión e híbridos, tal y como propuso el pasado verano la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario presentó como punto de partida una propuesta que incluye un avance gradual con un objetivo intermedio de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los coches y furgonetas nuevos en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.
Además, pide que la Comisión presente a finales de 2025 un informe sobre los progresos hacia el objetivo de cero emisiones en la movilidad por carretera y continúe con una evaluación anual a partir de entonces, atendiendo al impacto en los consumidores y el empleo, el nivel de uso de energías renovables, así como información sobre el mercado de segunda mano.
