Cada punto de subida de tipos de interés le costará a España 8.000 millones de euros
Berlín advierte que la suspensión de las reglas fiscales durante un año más «no es una excusa» para que los países sigan con sus políticas de gasto
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el comisario Paolo Gentiloni. | Europa Press.
La subida de tipos de interés que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya emplaza al mes de julio costará 8.000 millones de euros a la economía española, según cálculos econométricos del profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros (CEF), Juan Fernando Robles, para THE OBJECTIVE.
Ese sobrecoste se repartirá entre Administraciones, empresas y familias, cuando comiencen a subir los tipos de interés, y sucede justo cuando España encara el difícil tránsito a un plan de ajuste para acondicionar las cuentas públicas antes de que regresen las normas fiscales de la Comisión Europea, una vez concluido el ejercicio 2023, un año más tarde de lo inicialmente previsto. Afectará más a las familias y empresas más endeudadas, comenta un portavoz de la patronal a este periódico.
Si bien el retraso del retorno de las reglas fiscales -los límites a la deuda y el déficit público- brinda un balón de oxígeno al calendario político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cierto es que desde Bruselas se está pidiendo a España un control del gasto público, que –como advirtió el Instituto de Estudios Económicos (IEE)-, se puede mermar en 60.000 millones de euros a través de mejoras de la eficiencia y sin tocar los servicios públicos.
La advertencia al Gobierno de que aborde un recorte de gastos, que ya adelantó el Banco de España, surge precisamente cuando la subida de impuestos canalizada a través del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal ha de retrasarse ante la circunstancia sobrevenida de la invasión rusa de Ucrania, no contemplada por los integrantes del grupo de trabajo en sus cálculos, previos al conflicto bélico.
El coste adicional que van a asumir los agentes económicos por la subida de tipos de interés -de 8.000 millones- agrava la financiación de familias y empresas justo cuando los salarios y rentas están perdiendo poder adquisitivo por la abultada inflación.
Los expertos consultados por este diario destacan que el Ejecutivo ha de tomar buena nota de los «apercibimientos» que sucesivamente ha ido recibiendo en las últimas semanas -desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España, y la Comisión Europea-. Como explica el presidente ejecutivo de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, «si el Gobierno no acomete el ajuste, se lo hará el mercado».
Máxime cuando el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ya ha lanzado el mensaje de que la suspensión de las reglas fiscales «no es una excusa para que los Estados miembros continúen con sus políticas de gasto» y cuando España rebasa tanto en deuda con en déficit los límites del 60% y el 3% antes contemplados como aceptables por las instituciones comunitarias.
Subirá la prima de riesgo
Recuerda Bernaldo de Quirós el rally de la prima de riesgo que espera a la economía española a medida que comience a retirarse el soporte del BCE. «No olvidemos [explica] que el año pasado el banco de Fráncfort compró el 99% de la emisión neta de deuda española». Como anticipó el eurodiputado Luis Garicano a este periódico, las primas, diferenciales y otros indicadores de riesgo van a subir de forma inminente.
El economista socio del despacho patrimonial Bernal & Sanz Bujanda, Miguel Ángel Bernal, recuerda que el apercibimiento de Bruselas «se veía venir». Recalca que aunque las reglas fiscales vayan a estar suspendidas más tiempo, la realidad es que a España específicamente se le está pidiendo comenzar a «hacer los deberes» antes de que tales normas vuelvan al tablero de juego.
También coinciden los analistas consultados en que, aunque el Gobierno tenga oxígeno político para terminar la legislatura gracias al retraso de las reglas fiscales, ha de anotar que en pocos días ha recibido varias impugnaciones a su gestión económica ( AIReF y el Banco de España).
Caja recaudatoria récord
El supervisor claramente le ha pedido al equipo económico de Pedro Sánchez un plan fiscal plurianual y gradual que sea comunicado fehacientemente a la ciudadanía para que los agentes económicos puedan reaccionar ante él, máxime ante un pacto de rentas inconcluso tres meses después del inicio de la guerra en Ucrania.
«El Gobierno fía sus cuentas únicamente a las subidas de impuestos», destaca un alto ejecutivo a TO, cuando España no ha recuperado los niveles de actividad económica previos a la pandemia y, sin embargo, hace caja recaudatoria récord.
El problema, explican, es que se enquistan el déficit estructural y el gasto público y eso supone una hipoteca de las cuentas a futuro. Por eso el Banco de España desaconseja mantener la economía indexada a la inflación, en récord de más de tres décadas. Algo que señala directamente a la concreción de la segunda parte de la reforma de las pensiones que ha de acometer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, antes de finalizar el mes de junio para cumplir con la hoja de ruta comprometida con Bruselas para recibir los siguientes tramos de los fondos europeos.
Diez millones de votos de pensionistas
Escrivá se enfrenta ahora a diversos frentes: desde la revisión de la cotización de los autónomos a la asunción de que el regreso a la actualización de las pensiones con el IPC sucede justo cuando la economía española sufre la mayor inflación en más de tres décadas y la factura de las pensiones subirá al menos en 11.000 millones anuales.
Por otra parte, el ministro ha abordado una subida de cotizaciones -llamada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- de 0,6 puntos para sustituir al Factor de Sostenibilidad (FS) que diseñó el equipo de la exministra popular Fátima Báñez, llamado a ajustar las pensiones en función de la esperanza de vida y que nunca llegó a aplicarse. Y justo el Banco de España acaba de reclamar que se introduzcan mecanismos de ajuste automático, como sí era el FS y no lo es el MEI.
Esto sucede cuando queda aproximadamente un año y medio para las elecciones y casi 10 millones de votos de pensionistas dirimirán en las urnas su veredicto sobre la reforma de las pensiones que el ministro ha de cerrar antes de acabar el mes de junio.
