El Gobierno prepara nuevas medidas para evitar un aluvión de concursos de acreedores
Se prepara un plan alternativo que pasa por adaptar el marco de ayudas de la covid al paquete de subsidios aprobado por la guerra de Ucrania
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. | AGENCIAS
El Gobierno prepara nuevas fórmulas para mitigar el impacto del fin de la moratoria concursal el próximo 30 de junio, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Una situación que, según diversos despachos de abogados, generará una avalancha de concursos de acreedores de miles de empresas que no han logrado superar la crisis económica tras el fin del periodo de ayudas concedidas para compañías afectadas por la pandemia.
En plena crisis de la covid el objetivo de esta moratoria fue dar oxígeno a las empresas en crisis mediante la exención del deber de solicitar la declaración de concurso que recae sobre quien se encuentre en estado de insolvencia, así como la inadmisión a trámite de las solicitudes que presenten los acreedores.
El Ejecutivo descarta completamente que se extienda la moratoria por las limitaciones de Bruselas, pese a que consideran que una prolongación o una retirada gradual de este instrumento sería lo más eficaz para evitar esta avalancha de concursos. El Marco de Ayudas Temporales por la Covid autorizada por la Comisión Europea expira este 30 de junio y no se aprobará ninguna prórroga, ni en este tipo de instrumentos ni en otros como el Fondo de Ayuda para la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.
Ley Concursal
Es por ello por lo que en el Ministerio de Asuntos Económicos preparan un paquete integral para suavizar este aluvión de concursos de acreedores. La primera opción es acelerar la tramitación de la Ley Concursal que el Gobierno espera aprobar antes de finales de este mes, aunque todavía falta validar el proyecto en el Congreso, que vaya al Senado y que vuelva nuevamente a las Cortes.
Esta nueva norma quiere promover los acuerdos entre deudores antes de que se declare el concurso de acreedores, lo que en definitiva supone esperar menos procesos de los que había con la regulación anterior. Se dan más herramientas a las empresas en crisis para negociar condiciones y alternativas antes de llegar a la situación de declaración de concurso.
Con todo, pese al optimismo del Ejecutivo, en el Parlamento creen que lo normal es que se vaya a septiembre y que tarde algunas semanas más en estar completamente operativa. Esto supone un periodo de, al menos, dos o tres meses en el que las empresas comenzarán a presentar concurso de manera compulsiva con un posible atasco en los tribunales mercantiles después del verano. Y algunos expertos incluso dicen que esta nueva ley tampoco sería suficiente en el actual contexto.
Freno a los concursos de acreedores
Bajo esta previsión, se prepara un plan alternativo que pasa por adoptar el marco de la Covid a las ayudas de la guerra de Ucrania, algo que sí permite Bruselas al menos hasta finales de este año. De hecho, hace una semana la Comisión Europea aprobó el régimen de ayudas español por valor de 10.000 millones de euros en apoyo de las empresas por la invasión rusa.
Según el régimen general, el apoyo adoptará la forma de cantidades limitadas de ayuda en cualquiera de las siguientes formas: subvenciones directas, ventajas fiscales, anticipos reembolsables, garantías, préstamos y acciones; y apoyo a la liquidez en forma de garantías sobre préstamos y préstamos con tipos de interés preferentes.
Esto abriría un horizonte para adaptar estas ayudas y frenar la avalancha de concursos de acreedores. En este punto se evalúan las fórmulas más adecuadas para reducir o seguir conteniendo estos concursos en un horizonte temporal hasta finales de este 2022, lo que permitiría hacer una transición tranquila hacia la nueva normativa.
Suben los concursos de acreedores
Esto supondría además de mecanismos para evitar la quiebra el acceso a ayudas mediante las cuales estas empresas puedan ir mejorando su situación financiera. Un periodo transitorio en el cual puedan seguir rebajando su deuda, equilibren sus cuentas, restablezcan el equilibrio patrimonial y sostengan su actividad y los empleos.
Una solución que pasa también para acceder a ayudas de Estado ya aprobadas por Bruselas. En definitiva, supone crear un marco integral similar al de las ayudas Covid y que permita dar una tranquilidad a miles de empresas que en en estos momentos siguen en crisis y que deberían sumarse a la ola de concursos de acreedores.
Incluso no se descarta aumentar el montante de las ayudas con, por ejemplo, los casi 6.000 millones que no se gastarán del fondo de rescate de la SEPI. La idea es tener alguna solución en las próximas semanas y, en todo caso, antes del comienzo del próximo curso cuando se espera que empiece la avalancha de solicitud de concursos de acreedores.
Según las estadísticas del Colegio de Registradores, en mayo se declararon 521 concursos, un 33% más que en abril. En 2021, se registraron 4.714 declaraciones concursales, frente a las 3.632 de 2019. La moratoria exime del deber de solicitar la declaración de concurso, así como establece la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Pero no los prohíbe.
