Alarma entre reguladores e inversores por las injerencias del Gobierno en empresas como Indra

El creciente control del Gobierno de Pedro Sánchez en empresas estratégicas es una situación que preocupa, y mucho, en los reguladores e inversores españoles y europeos, según ha podido saber THE OBJECTIVE. La destitución de cuatro consejeros independientes de Indra para allanar el control del Ejecutivo de la compañía es solamente la gota que ha colmado el vaso de una larga lista de injerencias que se han precipitado en los últimos meses.

Este diario ha podido confirmar además que entre los reguladores la preocupación es creciente y que no se descartan movimientos en el futuro para intentar frenar este tipo de asaltos gubernamentales. Del mismo modo, se ha transmitido la preocupación sobre esta situación a los ministerios económicos, en especial el de Asuntos Económicos dirigido por Nadia Calviño.

Y es que no solo estamos hablando de Indra, sino que también de Aena, Red Eléctrica Española (REE), Hispasat, Enagás, Air Europa, Navantia, Duro Felguera u otras que indirectamente se ven afectadas por el escudo antiopas como Telefónica, Iberdrola, Prisa o Naturgy. Esta injerencia, directa o indirecta, se hace sentir en todos los sectores productivos como industria, telecomunicaciones, tecnología, defensa, energía o infraestructuras.

Asalto a Indra

A juicio de los reguladores este tipo de movimientos en cotizadas -o que afectan a cotizadas- pueden perjudicar principios de Buen Gobierno corporativo, pero también generar distorsiones preocupantes en los mercados de valores. Incluso se pueden producir anomalías y frenos a la inversión de empresas dentro del marco de la Unión Europea.

Precisamente, fondos de inversión con los que ha hablado este diario coinciden en esta inquietud. Asaltos como los de Indra no son buenos para el sentimiento inversor y menos si a esto le sumamos otro tipo de prácticas como el escudo antiopas del Ejecutivo, en vigor hasta finales de este año, o el puñado de consejeros nombrados por el Estado para tutelar empresas rescatadas con dinero público.

Estos inversores indican además que en un momento de incertidumbre económica, lo normal es que el Gobierno aporte seguridad jurídica , por lo que intervenir en empresas estratégicas es un riesgo para el correcto funcionamiento del mercado. Estos mismos inversores penalizaron duramente a Indra durante la jornada del viernes con caídas en su cotización de hasta el 21%.

Críticas de la CNMV

Una situación que ha llevado al principal regulador español a levantar la voz de manera pública. Este viernes el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, calificó de «preocupante» y «llamativo» el asalto de control del Gobierno sobre Indra. Según el regulador, con la destitución en masa de los independientes, «algunas no previstas», se puede «poner en peligro el Buen Gobierno» de la compañía cotizada.

Públicamente se ha pedido más información a la cotizada para que explique cómo va a recomponer su órgano rector. No obstante, las fuentes consultadas indican que se podría poner en marcha una investigación por posible pacto concertado por el control que el máximo accionista, la SEPI, está ejerciendo en Indra, a pesar de no haber presentado una OPA que le otorgue dicho control.

No es la primera vez que Buenaventura envía un mensaje al Gobierno en relación al control de empresas. En enero, defendió que sería positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras una vez se normalice la situación de las bolsas. En este sentido, Buenaventura dijo que el capital extranjero será «imprescindible» en el periodo que afronta el mercado de capitales español y que el mercado de control corporativo «merece ser preservado» desde un punto de vista inversor.

Escudo antiopas

Lo dijo días después de que el Gobierno haya ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, popularmente conocido como escudo antiopas, que establece que el Ejecutivo debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital. Este diario también informó que el interés es mantener este blindaje sine die.

Una situación que protege a grandes empresas españolas cotizadas que están en horas bajas y a las que sería muy fácil opar a precios de derribo. Es el caso de Telefónica, Iberdrola, Prisa, Naturgy o Indra, claves en sectores como la tecnología, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, considerados estratégicos por el Gobierno español. 

En este caso el control no es directo, pero las fuentes consultadas coinciden en que es lo suficientemente importante como para generar una gran complicidad con estas compañías y gigantes del Ibex. En este caso, la cercanía de Pedro Sánchez con presidentes de grandes empresas, como Ana Botín o José María Álvarez-Pallete es conocida, aunque el segundo haya intentando marcar las distancias tras la salida de Telefónica de Prisa.

Aena, Hispasat y REE

Donde el control es más directo es en empresas semipúblicas. Con el control del consejo consumado esta semana, el presidente de Indra, Marc Murtra -cercano al Partido Socialista de Cataluña (PSC) y amigo del exministro de Sanidad, Salvador Illa– podrá tener poder ejecutivo y manos libres para designar a un nuevo equipo directivo a su medida. 

Además de Indra, otro de los casos más sonados se ha producido precisamente con Salvador Illa. Durante su campaña electoral para ser presidente de la Generalitat de Cataluña anunció que su responsable económico sería Maurici Lucena, quien desde julio de 2018 es presidente de Aena, la empresa que gestiona la mayoría de aeropuertos de España y de la que el Estado posee el 51%. Lucena es otro histórico del PSC y fue diputado y parte del Grupo de Expertos de Pedro Sánchez para las elecciones generales de 2015, como responsable de política industrial y competitividad.

En 2020 se nombró a Jordi Hereu como presidente de Hispasat, la empresa con participación del Estado que coordina toda la política aeroespacial. Desde 1999 ha ocupado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona y de 2006 a 2011 fue alcalde de Barcelona. Sonado fue también el nombramiento de Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica (REE) en febrero de 2020. Fue exdiputada del PSOE y ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Fondo de la SEPI

En Navantia se nombró a Ricardo Domínguez, cercano a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus tiempos en la Junta de Andalucía. Ha sido director general de Industrias y Calidad y Promoción Alimentaria y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre 2010 y 2011 fue director del gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El otro gran desembarco se ha producido en empresas rescatadas por la SEPI. Empresas en su mayoría del sector industrial y turístico en las que el Estado ha aprobado rescates ligados a préstamos participativos que, en caso de no pagarse, se convertirán en capital y otorgarán una participación relevante, si no mayoritaria del Ejecutivo en el capital. El Estado ha exigido además entrar con entre uno y dos consejeros en cada una de las empresas rescatadas con lo que se asegura el control de ellas.

Entre las rescatadas encontramos a Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas y Grupo Ferroatlántica,  Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y Grupo Abades.