'Caso Vivanta': Vox pone ahora en la diana el rescate de otra empresa del fondo Portobello
Se trata de Hotels & Resorts Blue Sea S.A., a la que el Ejecutivo concedió 25 millones de euros tres días antes de que expirase el fondo de la SEPI
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Consejo de Ministros del 27 de junio. | Europa Press
Aumenta la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por el rescate a la cadena de clínicas dentales Grupo Vivanta. En una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, varios diputados de Vox han cuestionado al Ejecutivo su decisión de rescatar también in extremis a otra sociedad participada por el fondo Portobello Capital, cuya cúpula está inmersa desde hace años en una guerra judicial con los exsocios minoritarios de Vivanta. Se trata de la cadena hotelera Hotels & Resorts Blue Sea S.A., a la que el Consejo de Ministros concedió 25 millones de euros tres días antes de que expirara el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En su pregunta, en la que solicitan respuesta por escrito y que ya ha sido registrada en la mesa del Congreso de los Diputados, seis legisladores de Vox ponen el foco en «el conflicto judicial» entre la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez-Asiaín «y los socios minoritarios del Grupo Vivanta relativo a una supuesta doble contabilidad». «Hecho que genera incertidumbre respecto a las cuentas presentadas para poder acceder a la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas», indican.
En su escrito, los diputados del grupo parlamentario de Vox mencionan los dos rescates concedidos en el Consejo de Ministros del pasado 27 de junio a empresas participadas por Portobello, cuya cúpula directiva ha estado imputada en varias causas por presuntos delitos de estafa y administración desleal contra sus exsocios minoritarios de Vivanta desde el año 2o19. Aunque la mayoría han acabado siendo archivados, uno de esos casos se mantiene abierto en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y otro ha sido recurrido en reforma y apelación tras su sobreseimiento provisional en el Juzgado de Instrucción número 49 de la capital.
En el recurso de este último caso, como adelantó este diario, el querellante ha aportado un informe pericial de parte que concluye que ha habido «ocultación de facturación en la contabilidad de la compañía». Los peritos han analizado un documento de excel enviado por error al expropietario de una de las clínicas adquiridas por Portobello a partir del año 2017 con el objetivo de conformar el grupo líder del sector odontológico en España. Un documento que, según el querellante, probaría que Vivanta llevaba a cabo una doble contabilidad para eludir pagos al menos al antiguo dueño de esa clínica, la mercantil Tagalo Consulting.
Situación judicial de Portobello
Los diputados José María Figaredo, Inés María Cañizares, Víctor González, Pablo Sáez, Rubén Manso y Rodrigo Jiménez preguntan al Gobierno si «tenía conocimiento el Fasee del proceso judicial que pende sobre el Grupo Vivanta». «En este sentido, ¿ha instado el Fasee a la realización de un proceso de due diligence sobre la compañía en el que se diese cuenta de tal proceso judicial? En ese caso, ¿qué medidas se han adoptado por el Fasee para subvertir el riesgo asociado a tal proceso judicial?», añade Vox en su pregunta al Gobierno.
Tras imputar a Vivanta y a varios consejeros de Portobello, la titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid sobreseyó provisionalmente el caso «al basarse en unas hojas de cálculo que nada acreditan y que se ignora si están o no reflejadas en los libros oficiales». Durante la instrucción, según el querellante, la juez no solicitó a Vivanta los libros oficiales y las auditorías para comprobar qué cuentas había declarado oficialmente la compañía. Como adelantó este diario, el Grupo Vivanta llegó a pagar 65.000 euros al dueño de Tagalo Consulting para evitar que divulgase esa prueba de la presunta doble contabilidad a los medios de comunicación, a la UDEF, a Hacienda y a otros exsocios de la cadena de clínicas dentales que tenían procesos judiciales abiertos contra la cúpula de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
Blue Sea: empresa «estratégica»
En el texto, por primera vez, Vox cuestiona el rescate concedido por el Gobierno y la SEPI a Hotels & Resorts Blue Sea, la otra empresa participada por Portobello Capital que ha recibido ayudas del Fasee, además de Vivanta. El Ejecutivo aprobó el pasado 27 de junio a la cadena hotelera una ayuda de 25 millones de euros que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,84 millones de euros y otro ordinario de 4,16 millones.
Como en el caso de Vivanta, el Gobierno consideró a Blue Sea «una empresa estratégica en el sector turístico a nivel nacional», según la resolución del Consejo de Ministros. «Su actividad es la explotación de 26 establecimientos hoteleros, gran parte de ellos en propiedad, ubicados principalmente las Islas Canarias y Baleares, además de en Girona, Málaga y Madrid, con una oferta total de unas 4.500 habitaciones en un modelo de negocio de tipo vacacional en el segmento midscale», según justificó el Gobierno al conceder la ayuda a la cadena hotelera de Portobello.
«La cifra de negocio del grupo se elevó en 2019 a 86 millones de euros, creciendo a un ritmo anual superior al 22% desde el año 2017. A finales de 2019 Blue Sea daba empleo directo a 971 personas e indirecto a otras 680. El 100% de sus proveedores son nacionales, con un alto porcentaje de los mismos en el ámbito local. Sin embargo, la crisis ocasionada por la COVID impactó en las cuentas del grupo hotelero, que supuso obtener pérdidas significativas en los ejercicios 2020 y 2021» añadía la resolución del Gobierno, sin dar más detalles sobre las cuentas de esta cadena hotelera.
El rescate a Vivanta
El mismo 27 de junio el Consejo de Ministros aprobó la ayuda de 40 millones de euros al Grupo Vivanta a través de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones. Y a pesar de que la red de clínicas dentales registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas por THE OBJECTIVE reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones.
Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid. El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para empresas que fuesen «solventes» a cierre de 2019, antes del estallido de la pandemia, y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020.
El rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.
La oposición pide explicaciones
La ayuda concedida a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para salvar grupo de clínicas dentales, ha despertado las dudas de todas las grandes formaciones que forman parte de la oposición al Ejecutivo. Además de Vox, el Partido Popular y Ciudadanos han registrado diferentes preguntas y peticiones de información para que el Ejecutivo rompa su silencio al respecto y dé explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el rescate a Vivanta. La última iniciativa del partido de Santiago Abascal amplía el foco a Portobello Capital y a Hotels & Resorts Blue Sea, la otra empresa de ese fondo de capital. Como en el caso de Vivanta, la cadena hotelera dio pérdidas tanto en el año 2018 como en el 2019.
Una de las condiciones para poder recibir el rescate de la SEPI era la de «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos». Así se recoge en las condiciones que se detallan en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee.
Por el momento, Portobello -dueño de Vivanta y Blue Sea- ha salido indemne de todos los procesos penales en los que se ha enfrentado a sus exsocios minoritarios. Con las dos excepciones mencionadas anteriormente, que aún no han sido archivadas. Además, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta.
