Los exsocios de Vivanta denuncian ante Anticorrupción el último rescate del Gobierno

Varios exsocios minoritarios de Vivanta han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el cuestionado rescate de 40 millones de euros concedido por el Gobierno y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a la red de clínicas dentales. Junto a un dossier de casi 400 folios entregado al Ministerio Público, los denunciantes piden que se abra una investigación y señalan también presuntos delitos de fraude y administración desleal por parte del fondo Portobello Capital.

La denuncia y los documentos aportados por los exsocios minoritarios de Vivanta ha sido registrado este lunes, según consta en un escrito de recibo y registro al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En la demanda se incluye el expediente que desde la pasada semana ha sido entregado a varios partidos públicos y organismos públicos. Entre ellos, la propia SEPI, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un dossier que ha prendido la mecha de la polémica en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha registrado una pregunta parlamentaria al Ejecutivo pidiendo explicaciones por la concesión de esta ayuda, otorgada sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse.

El PP ha pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión y la calificación de Vivanta como «empresa estratégica». Quieren saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica». Y esto, a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.

El Grupo Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros. Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.

El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para empresas que eran «solventes» antes de 2020 y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020. El rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.

Denuncia en Anticorrupción

En la documentación entregada a Anticorrupción, los exsocios de la compañía detallan presuntas actividades ilícitas en el seno de la firma, entre ellas «doble contabilidad» y «ocultación de facturación», que habría cometido esta empresa creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España.

La cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta solicitó el rescate público a pesar de que, según afirmaron en diciembre de 2021 fuentes de la compañía a THE OBJECTIVE, la situación financiera de la empresa era «buena» y estaba «llegando a niveles de facturación prepandemia». Circunstancias que han llevado a la oposición a pedir explicaciones al Gobierno por el rescate a Vivanta.

Causas judiciales

En la extensa documentación enviada a distintos organismos, los exaccionistas de Vivanta dan cuenta de los distintos procesos judiciales en los que estuvo o está inmerso el grupo dental. El fondo Portobello y sus antiguos socios minoritarios de Vivanta han mantenido desde 2019 varios enfrentamientos en los juzgados. La mayoría han sido sobreseídos o archivados, eximiendo a Vivanta y Portobello de cualquier delito.

No obstante, en los juzgados de instrucción número 49 y número 21 de Madrid se mantienen abiertos sendos procesos en los que estaban querellados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El primero de esos procesos fue sobreseído, pero ha sido recurrido. El segundo se mantiene pendiente de resolución, según fuentes jurídicas.

Además, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. «Son hechos judiciales antiguos y ya conocidos, que se suman a otros casos que fueron archivados en favor de Vivanta», indicaban en diciembre desde la compañía a este diario.

Una de las condiciones para poder recibir el rescate de la SEPI era la de «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos». Así se recoge en las condiciones que se detallan en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee. Por el momento, Portobello ha salido indemne de todos procesos judiciales, salvo el mercantil antes mencionado.