El Gobierno rescató las clínicas Vivanta a pesar de no haber tenido beneficios antes de la covid

El Grupo Vivanta, rescatado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros antes de que expirara el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas por THE OBJECTIVE reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.

Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid. El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para «empresas solventes» antes de 2020 y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020.

Por tanto, el rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.

Pérdidas acumuladas de 74,7 millones

Lo primero que hay que tener en cuenta son las pérdidas de Cartera Vivanta SLU y Sociedades dependientes. El grupo al que la SEPI y el Gobierno concedieron formalmente un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones el pasado 27 de junio, registró pérdidas de 9,8 millones en 2017, de 19,9 millones en 2018 y de 45 millones en 2019.

La sociedad fue creada en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras. Esto supone que en sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI antes de la covid para conceder estas ayudas. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro.

Sin embargo, las pérdidas acumuladas no son el único elemento destacable. En 2019 -el año anterior a la covid– Cartera Vivanta y sus Sociedades dependientes acumularon un pasivo total de 376,9 millones de euros que se desglosa en una deuda con entidades de crédito de 284 millones, 25 millones en cuentas pendientes a acreedores comerciales, 5,5 millones en cuentas a pagar con las Administraciones públicas y 40 millones de pasivos de contratos con clientes. Y todo ello acumulado en solo tres años de funcionamiento.

Patrimonio neto negativo

En el caso de los ingresos, uno de los únicos datos aportados por la SEPI para justificar su rescate, cabe destacar que efectivamente la facturación pasó desde los 32 millones en 2017 hasta los 158 millones en 2019, pero siempre a base de adquisiciones y compras de clínicas.

Pero no es todo. Las cuentas analizadas por este diario indican que en 2019 -todavía sin covid- registró un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros. Según la Ley de Sociedades de Capital vigente en esa fecha, «el patrimonio neto negativo de una Sociedad Limitada causa la disolución de la sociedad, y los administradores tienen la obligación de convocar la Junta General en un plazo de dos meses para que se apruebe la mencionada disolución o se promueva el concurso de acreedores». No obstante, estos resultados se publicaron en medio de la pandemia y con la moratoria concursal ya en vigor, lo que impedía poner en marcha un proceso concursal.

Con todo, el reglamento del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI indica que las empresas rescatadas deben «demostrar su viabilidad a medio y largo plazo», «hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas» y «no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019». Pero ¿qué es una empresa en crisis? El Gobierno se ha cubierto las espaldas con el Reglamento de la Comisión Europea respecto de determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.

Empresas en crisis

Para la Unión Europea una «empresa en crisis» es una en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias: cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; o cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra, insolvencia o reúna los criterios establecidos para estas situaciones.

También es una empresa en crisis la que haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo, cuando durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 o la a ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del Ebitda, se haya situado por debajo de 1,0. Para el cálculo de estos parámetros se deben tener en cuenta los resultados de 2018 y 2019.

En el caso del grupo Vivanta, muchos de estos parámetros se cumplen al límite, pero básicamente por los apuntes contables con los que la compañía ha apuntalado su balance. La compañía apuntó en sus cuentas de 2019 un inmovilizado inmaterial o intangible por valor de 299 millones de euros, lo que le permitió equilibrar sus cuentas hasta llegar a los 353 millones en activos. Sin este apunte, los activos solo hubiesen llegado a los 54 millones, muy por debajo del pasivo de 353 millones.

Fondo de comercio de Vivanta

Dentro de este inmovilizado intangible se incluye un fondo de comercio de consolidación de 250 millones de euros que, según Vivanta, se basa en sus Unidades Generadoras de Efectivo (UGE). Es decir, el dinero que en el futuro generarían sus sociedades filiales y unidades de negocio. En este caso la UGE del negocio odontológico generaría un valor de 208,1 millones y la UGE de medicina estética lo haría por 42,7 millones.

Técnicamente, el fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de adquisición en comparación con la participación del grupo en el valor de mercado de los activos y pasivos identificables de una sociedad dependiente. De esta manera, Vivanta apuntala sus activos con la valoración de sus filiales, que a su vez se basa en ingresos estimados durante los cinco años siguientes a contar de 2019. Unas previsiones basadas en un crecimiento de la facturación sin incluir el impacto de la covid.

De hecho, Ernst & Young (EY) -el auditor de las cuentas de 2019- ya advirtió de esta situación. «La determinación del importe recuperable se basa en previsiones de flujos de efectivo futuros descontados que requieren la aplicación de juicios de valor por parte de la dirección de la Sociedad dominante respecto a determinadas hipótesis clave como, por ejemplo, el cumplimiento del plan de negocios, la tasa de descuento, las tasas de inflación, el tipo de cambio y la tasa de crecimiento a largo plazo», advertía la auditora.

Advertencia de EY

El informe indicaba que «estas hipótesis pueden verse afectadas significativamente por la evolución futura del entorno macroeconómico, competitivo y regulatorio en España». EY también adviertía de la «significatividad de estos importes». «Este área ha sido considerada uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría por la significatividad de los importes y por la alta sensibilidad que presentan las estimaciones realizadas con respecto a los cambios en las asunciones consideradas por la dirección de la Sociedad dominante».

Por otro lado, la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez Asiaín, Portobello Capital, que se proponía entonces crear el grupo dental líder de España, con 250 clínicas repartidas por todo el país, libra desde 2019 en los juzgados una guerra judicial contra sus antiguos socios minoritarios en Vivanta, con varios casos penales y mercantiles abiertos y otros archivados. Acusan a Portobello, entre otros delitos, de presunta estafa y falsedad documental.

Este diario también ha adelantado la existencia de un expediente que consta de cerca de 400 folios y en el que se denuncian presuntas irregularidades en la última empresa rescatada por el Gobierno. La Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros organismos públicos y partidos políticos, han recibido en los últimos días un dossier que ha puesto en el ojo del huracán el rescate de 40 millones de euros concedido ‘in extremis’ por el Gobierno a Vivanta.

El PP pide explicaciones al Gobierno

Un expediente -elaborado por exaccionistas de esa empresa de clínicas dentales- que ha prendido la mecha de la polémica esta semana en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha registrado una pregunta parlamentaria al Ejecutivo pidiendo explicaciones por la concesión de esta ayuda, otorgada sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fasee y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse. 

Otros partidos, según han confirmado distintas fuentes a este diario, piensan seguir los mismos pasos. Quieren saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de una ayuda pública de 40 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica». Y esto, a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. El PP ha pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión y la calificación de Vivanta como «empresa estratégica».